La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este martes al gobierno mexicano investigar posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en las recientes protestas en Michoacán, tras el asesinato del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.
"Amnistía Internacional se solidariza con la población del estado de Michoacán ante sus exigencias hacia el Gobierno para atender la violencia e inseguridad que se vive en la región", dijo la ONG en una publicación en redes sociales, el 5 de noviembre. "Además, externa su preocupación por actos que podrían ser catalogados como violatorios a derechos humanos cometidos durante las protestas de los últimos días".
En concreto menciona que en varios vídeos se ve a policías "golpeando al menos a un manifestante que ya estaba sometido" o cómo dispersaban una protesta "pese a que era pacífica".
El asesinato de Manzo ocurrido el pasado 1 de noviembre tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan, ha generado una fuerte indignación en el país y principalmente en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.
Cientos de mexicanos salieron este domingo a las calles de Morelia, para exigir justicia tras el asesinato de Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado tras un evento público.
La manifestación, que inició de forma pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de personas irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal y causó destrozos en el interior del edificio con la intención de exigir la renuncia del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.
Durante la movilización, convocada en redes sociales bajo el lema "Ya basta de abusos y omisiones", los asistentes demandaron un alto a la violencia y la impunidad en el estado, uno de los más afectados por el crimen organizado.
Tras los disturbios del domingo 2 de noviembre en el Palacio de Gobierno, 8 personas fueron detenidas, de los cuales 7 fueron liberados este martes y uno permanece detenido.
La familia del único detenido Raúl "N" dice que el gobierno lo está criminalizando para inhibir el derecho a la manifestación, según reportó Latinus.
"Yo quiero a mi hijo libre, y hago responsable a la fiscalía, al gobierno de lo que le pase a mi hijo. Porque mi hijo no es de ningún partido, no lo estaba haciendo por ningún partido", dijo la madre del detenido Carolina Abonce al medio.
Ante ello, Amnistía Internacional pidió a las autoridades mexicanas que protejan las manifestaciones, recordando al gobierno mexicano que las protestas son un "derecho humano al que las personas recurren ante las omisiones del Estado para atender demandas sociales".
"Las autoridades deben dar prioridad a la facilitación y protección de las manifestaciones", agregó la ONG.
Asimismo, recordó que el uso de armas menos letales durante las manifestaciones esté regido por estándares internacionales de derechos humanos.
La ONG también pidió al Estado mexicano que atendiera "con urgencia la situación de inseguridad y violencia" que se vive en Michoacán.
Con información de EFE.
