La administración Trump presentó el miércoles una petición a la Corte Suprema de EE. UU. para bloquear el descubrimiento en una demanda que busca acceder a información sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
La solicitud de emergencia pide a la corte que revoque una orden de una corte inferior que permitía una investigación limitada sobre si el DOGE puede considerarse una agencia gubernamental en una demanda presentada a principios de este año por Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington contra la administración y DOGE.
En nombre del gobierno, el fiscal general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó que el DOGE es un órgano consultivo del poder ejecutivo y no una agencia, por lo que debería estar exento de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Una demanda FOIA es una acción legal presentada en una corte federal que busca obtener información que el demandante cree que se está ocultando indebidamente al público.
Sauer alegó que la corte inferior ordenó a DOGE «someterse a un descubrimiento exhaustivo e intrusivo solo para determinar si USDS está sujeto a la FOIA en primer lugar», lo que, según él, daría «la vuelta a la FOIA, dando efectivamente al demandado la victoria en el fondo de su demanda en virtud de la FOIA con el pretexto de averiguar si la FOIA es siquiera aplicable».
«Y esa orden viola claramente la separación de poderes, sometiendo a un órgano consultivo presidencial a un descubrimiento intrusivo y amenazando la confidencialidad y la franqueza de su asesoramiento, supuestamente para abordar una cuestión jurídica que nunca debería haber requerido un descubrimiento en este caso», afirma el escrito judicial.
Añadió que «anular la solicitud de la FOIA para los asesores presidenciales y ordenar un descubrimiento itinerante de sus recomendaciones y consejos representa una afrenta insostenible a la separación de poderes».
La Corte de Apelación del Distrito de Columbia de EE. UU. emitió a principios de este mes una decisión que permite un descubrimiento limitado en la demanda contra DOGE, después de que un juez federal dictaminara en marzo que DOGE probablemente está cubierto por la FOIA y ordenara que se proporcionaran algunos documentos a Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington), una organización sin ánimo de lucro.
Creada por el presidente Donald Trump en enero, la misión de DOGE es detectar fraudes, despilfarros y abusos en el gobierno federal. Hasta ahora, el grupo de trabajo declaró en su página web que se han ahorrado más de 170,000 millones de dólares gracias a la cancelación de contratos gubernamentales, la rescisión de subvenciones federales y la finalización de arrendamientos.
El asesor presidencial Elon Musk dijo el mes pasado en una conferencia con inversores de Tesla que a partir de mayo dará un paso atrás en su trabajo en el gobierno para centrarse más en las empresas que dirige.
El martes, Musk dijo en un acto en Qatar que para que DOGE pueda recortar más el gasto federal, el Congreso y varias agencias federales deben tomar medidas al respecto.
Musk es un empleado especial del gobierno, lo que significa que está exento de ciertos requisitos sobre lo que tendría que revelar. También significa que solo puede ejercer sus funciones durante 130 días al año, por lo que tiene que dejar su cargo en el gobierno a finales de mayo.
La solicitud del miércoles es una de las al menos doce solicitudes de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos desde enero.
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