Las autoridades federales del sur de California presentaron una denuncia contra tres ciudadanos extranjeros por conspiración para distribuir casi cuatro toneladas de metanfetamina, según informó la Fiscalía General de Estados Unidos en un comunicado emitido el 5 de junio.
Erick Arriola, de 27 años, de El Salvador, y los mexicanos Baltazar Rodríguez Reyes, de 49 años, y Eugenio Lizama, de 35, fueron acusados de posesión con intención de distribuir metanfetamina y conspiración para distribuir metanfetamina. Se enfrentan a un mínimo de 10 años de prisión.
Según los fiscales federales, Arriola es un delincuente convicto por conducir bajo los efectos del alcohol, agresión a su cónyuge y detención ilegal.
En la denuncia, las autoridades federales alegan que el 2 de junio, alrededor de las 7 de la tarde, los hombres estaban trasladando paquetes de un gran camión semirremolque a dos furgonetas blancas y una camioneta Ford F150 blanca mientras estaban estacionados en un estacionamiento en Otay Mesa Road, en el condado de San Diego, aproximadamente a tres millas al norte del puerto de entrada de Otay Mesa, en la frontera entre Estados Unidos y México.
Una vez completada la carga, los tres acusados presuntamente se dirigieron en direcciones diferentes antes de que los agentes de la Patrulla Fronteriza los detuvieran. Dos de los vehículos se dirigieron a un motel en San Ysidro. El tercero se dirigió a un motel en Chula Vista, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.
Las autoridades incautaron un total de 61 paquetes de presunta metanfetamina con un peso superior a 7700 libras y un valor aproximado de 5.5 millones de dólares.
No se pudo contactar con los abogados de Arriola, Reyes y Lizama.
La incautación es la mayor realizada hasta ahora por el nuevo Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de San Diego, creado por el decreto ejecutivo firmado por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo.
La orden ejecutiva, titulada "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión", exige al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia que establezcan grupos de trabajo de seguridad nacional en todos los estados para eliminar los cárteles, las bandas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de drogas y personas.
El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de San Diego identifica y persigue a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, la trata y el tráfico de personas, el homicidio, la extorsión y el secuestro.
"Como miembro fundador del HSTF en San Diego, estoy encantado de trabajar junto a nuestros socios, que también han comprometido recursos para combatir la delincuencia transnacional", declaró Shawn Gibson, agente especial a cargo del grupo de trabajo. "Los casos que se tramiten en el HSTF serán una prioridad para mí y para mi personal, ya que todos seguiremos trabajando juntos para proteger nuestra frontera y mantener la seguridad de nuestras comunidades".
El caso se investigó en el marco de la Operación Take Back America, una iniciativa federal del Departamento de Justicia que, en parte, prestará apoyo a los grupos de trabajo de Seguridad Nacional.
"La reciente creación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de San Diego es un paso esencial para cumplir las promesas de la Operación Take Back America", declaró el fiscal federal Adam Gordon. "Nuestra oficina apoyará plenamente estas asociaciones reforzadas para garantizar la seguridad de nuestra comunidad".
Este caso está siendo procesado por el fiscal adjunto Kyle Martin, de la Unidad de Narcoterrorismo recientemente creada por la Fiscalía General de Estados Unidos.
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