Una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia demandó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por sus esfuerzos para obligar a los estados a entregar los datos personales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), según una demanda presentada el 28 de julio en la Corte de Distrito del Distrito Norte de California, División de San Francisco.
La demanda se deriva de una orden ejecutiva firmada el 20 de marzo por el presidente Donald Trump en la que se pide a los responsables de las agencias que tomen medidas para garantizar que el gobierno federal tenga "acceso sin restricciones a los datos completos de todos los programas estatales que reciben financiación federal".
El 6 de mayo, el USDA envió una carta a los estados en la que les notificaba que estaba trabajando para obtener los datos del SNAP de las agencias estatales y sus contratistas.
El USDA afirmó que tiene la intención de utilizar los datos recopilados para garantizar la integridad del programa SNAP, "incluida la verificación de la elegibilidad de los beneficiarios de las prestaciones".
En la demanda del 28 de julio, los estados afirmaron que el USDA había solicitado una amplia gama de información de identificación personal de los beneficiarios del SNAP, incluidos nombres, fechas de nacimiento, números de la seguridad social, direcciones personales y el total de prestaciones recibidas desde enero de 2020. El SNAP es un programa financiado con fondos federales y administrado a nivel estatal.
Aunque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) citó leyes y reglamentos para justificar la recopilación de datos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), “ninguno autoriza una exigencia tan amplia de información personal sobre los solicitantes y beneficiarios del SNAP, especialmente sin protecciones ni restricciones sobre su uso o divulgación”, dice la demanda.
Los documentos presentados junto con la demanda indican que las agencias estatales recibieron instrucciones de transferir los datos al Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA antes del 30 de julio.
La demanda argumenta que los estados demandantes están obligados a mantener "estrictamente confidencial" la información de identificación personal de los solicitantes y beneficiarios del SNAP. Las leyes estatales y federales prohíben a los demandantes divulgar dicha información a menos que sea "estrictamente necesario para la administración del programa o existan otras circunstancias limitadas".
Mientras tanto, el gobierno federal amenazó con iniciar procedimientos de incumplimiento contra los estados que no cumplan con el requisito de transferencia de datos del SNAP, "lo que podría incluir la retención de fondos administrativos" para el programa SNAP, según la demanda.
"Cualquier retraso en esa financiación podría ser catastrófico para el estado y los residentes que dependen del SNAP para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas", añade la demanda.
Los demandantes alegaron que el verdadero propósito de la recopilación de datos SNAP por parte del gobierno federal no era garantizar la integridad del programa, sino utilizar la información para "impulsar la agenda del presidente en frentes que no guardan ninguna relación con la administración del programa SNAP".
Se alegó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado recopilando datos de fuentes estatales y federales para crear una base de datos consultable de ciudadanos y no ciudadanos que podría utilizarse para "localizar y deportar a las personas que la administración desea expulsar de los Estados Unidos".
La administración Trump está impulsando sus esfuerzos para deportar a los inmigrantes ilegales del país, lo que incluye la eliminación de los beneficios federales para estas personas.
Se espera que la recopilación de datos del SNAP por parte del gobierno federal garantice que "los estadounidenses necesitados reciban asistencia, al tiempo que se protege el dinero de los contribuyentes del abuso", afirmó el USDA en su carta del 6 de mayo.
En la demanda del 28 de julio, los estados solicitaron a la corte que emitiera una declaración judicial en la que se declarara que las exigencias del USDA son ilegales y que los datos del SNAP recopilados de los estados no pueden utilizarse para fines no relacionados con el SNAP. De los 21 estados que participan en la demanda, 20 tienen gobernadores demócratas.
Solicitud legítima
En la carta enviada a los estados el 6 de mayo, el USDA justificó la recopilación de datos del SNAP, destacando que, en la actualidad, cada estado, distrito, territorio y procesador de pagos gestiona dichos datos de forma independiente, lo que crea silos de información.El USDA está trabajando para eliminar dichos silos de información con el fin de "confirmar que el SNAP se administra de forma adecuada y legal", dijo.
El fiscal general de California, Rob Bonta, que lidera la demanda, criticó la presión del gobierno federal para acceder a los datos del SNAP en un comunicado emitido por su oficina el 28 de julio.
"Esta exigencia sin precedentes de que los estados entreguen los datos del SNAP viola todo tipo de leyes estatales y federales sobre privacidad y rompe aún más la confianza entre el gobierno federal y los ciudadanos a los que sirve", dijo.
"El presidente no puede cambiar las reglas en mitad del partido, por mucho que lo desee".
Bonta afirmó que los estados "no cumplirán" la exigencia y que "verán al presidente en las cortes".
En una declaración del USDA del 6 de mayo, la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, afirmó que el presidente tiene derecho a solicitar los datos del SNAP a los estados.
"El presidente Trump tiene razón al exigir que el gobierno federal tenga acceso a todos los programas que financia", dijo.
"Y el SNAP no es una excepción. Durante años, este programa ha funcionado en piloto automático, sin que el USDA tuviera acceso a datos en tiempo real. El Departamento se centra en la participación adecuada y legal en el SNAP, y la solicitud de hoy es uno de los muchos pasos para garantizar que el SNAP se reserve solo para aquellos que tienen derecho a él".
Un caso similar se había resuelto anteriormente a favor de la administración Trump. En mayo, un juez federal se negó a impedir que el IRS compartiera datos con las autoridades de inmigración.
El caso, presentado por dos grupos, argumentaba que el IRS estaba permitiendo ilegalmente que el Departamento de Seguridad Nacional utilizara los datos fiscales confidenciales para localizar y deportar a inmigrantes ilegales.
Sin embargo, la corte rechazó estos argumentos, destacando que los términos del memorando de entendimiento entre las dos agencias no violan ningún requisito de intercambio de datos de la ley federal.
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