El gobierno de Cuba anunció el 13 de octubre sus planes de abrir la exploración y producción de petróleo y gas a empresas privadas nacionales y extranjeras a partir de la próxima semana.
La legislación llega en un momento en que el país comunista sigue enfrentándose a la escasez de combustible y a los cortes de electricidad, consecuencia del deterioro de sus infraestructuras y del bloqueo estadounidense sobre el suministro de combustible.
El Decreto-Ley sobre Petróleo y Gas de Cuba, que entrará en vigor el 19 de octubre, establece un nuevo marco jurídico para permitir que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la exploración de petróleo y gas tanto en tierra firme como en alta mar, al tiempo que se mantiene la propiedad estatal de los recursos energéticos del país.
"La soberanía sobre los hidrocarburos es compatible con la cooperación", declaró el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, según una traducción no oficial de una publicación en la que se anunciaba la legislación el miércoles.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
La nueva ley se publicó el martes en el Boletín Oficial de Cuba, actualizando la legislación petrolera de 1938 y 1959.
En virtud del nuevo marco, las empresas privadas pueden participar mediante acuerdos de reparto de la producción, concesiones petroleras, contratos de servicios especializados y otras formas de colaboración contempladas en la ley.
Los acuerdos pueden tener una duración de hasta 40 años, con una posible prórroga de 10 años. Las concesiones petroleras pueden contratarse por un máximo de 30 años, con la posibilidad de una prórroga de 10 años.
En virtud de los acuerdos de reparto de la producción con el Estado, las empresas pueden recuperar sus inversiones y gastos mediante los ingresos derivados del petróleo. Los beneficios restantes se repartirán con el gobierno según un porcentaje establecido en el acuerdo.
Cuba conservará los derechos mineros y el control de las autorizaciones, que además requieren la aprobación de los órganos de gobierno de Cuba: el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.
Cuba fijará asimismo los precios del petróleo, el gas y los productos petrolíferos producidos por entidades privadas basándose en los precios del mercado internacional. Los precios definitivos serán determinados por los asesores económicos del gobierno.
Las entidades privadas deberán abonar impuestos estatales y regalías, que pueden fluctuar y dependen del mercado mundial. Los operadores también estarán obligados a cumplir las normas medioambientales y las medidas de seguridad industrial, y podrán enfrentarse a sanciones en caso de incumplimiento.
Malena Borrell espera a sus clientes en su tienda durante un apagón que afecta a la mayor parte del país, en La Habana, el 4 de marzo de 2026. (Norlys Pérez/Reuters)La legislación abarca la exploración, la producción, el refinado, así como el transporte y la comercialización en tierra y en zonas marítimas específicas de la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Cuba.
La ley también permite a las empresas cubanas con más de 100 empleados solicitar su participación en el programa. Los inversores extranjeros deben obtener autorizaciones del gobierno.
Estas importantes reformas se han llevado a cabo en medio de una crisis energética que afecta a los residentes de la isla.
Cuba afirma que ya comenzó a mejorar su suministro energético.
"Los cubanos siguen enfrentándose a graves cortes de electricidad, pero recientemente hemos observado signos de mejora", declaró un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en un vídeo publicado el miércoles en X.
"La recuperación no se producirá de la noche a la mañana, pero Cuba tiene un plan y los resultados están empezando a notarse".
El país ha ampliado la energía solar hasta alcanzar los 144 parques fotovoltaicos con 1.418 megavatios de potencia instalada, según el ministerio.
Funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. pusieron en duda que la legislación cubana fuera a atraer el interés del sector privado.
El secretario de Estado Marco Rubio habla con los periodistas en la sala de salidas del Aeropuerto Internacional Robert L. Bradshaw de Basseterre, San Cristóbal y Nieves, el 25 de febrero de 2026, antes de regresar a Washington tras reunirse con líderes de la Comunidad del Caribe. (Jonathan Ernst/Pool/AFP vía Getty Images)"Estas “reformas económicas” graduales son modestas, muy tardías y, en última instancia, señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró el portavoz a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico el martes.
El presidente Donald Trump sigue ejerciendo presión sobre el régimen comunista del país como forma de impulsar reformas económicas y políticas más sustanciales, y de abordar los intereses de seguridad nacional que plantea Cuba, señaló el portavoz.
Las reformas económicas y políticas de Trump "harían que Cuba fuera un destino atractivo para la inversión, permitirían que las empresas privadas crecieran de forma que contribuyeran al desarrollo y la recuperación de la isla cubana, y darían al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que se merece", afirmó el portavoz.
El gobierno de Cuba tiene dificultades para atraer a inversores extranjeros, a pesar de los miles de expatriados cubanos en Estados Unidos y de otras empresas extranjeras que desean participar, declaró el mes pasado el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
"Nadie va a invertir en Cuba", declaró Rubio a los periodistas el 23 de septiembre. "¿Por qué iba yo a invertir 10 millones de dólares en Cuba si, dentro de dos años, simplemente deciden cambiar las reglas, quitármelo, quedarse con el dinero y no devolvérmelo nunca? Y eso ha ocurrido una y otra y otra vez".
Rubio señaló que la legislación estadounidense también restringe a las empresas estadounidenses a la hora de hacer negocios en Cuba.
"A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, la política de Estados Unidos hacia Cuba está codificada en leyes y estatutos", afirmó Rubio. "Existen limitaciones sustanciales a lo que cualquier empresa estadounidense puede hacer en Cuba".
