El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, instó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a unirse a la nación estadounidense y sus socios afines para promover prioridades compartidas ante la ONU. Esto sucede en el contexto de las próximas votaciones ante el organismo para eliminar el embargo estadounidense a Cuba.
El Departamento de Estado informó en un comunicado del 13 de octubre que el secretario sostuvo recientemente una llamada telefónica con el presidente salvadoreño, y reveló algunos de los puntos que trataron.
“El Secretario (...) instó a El Salvador a unirse a Estados Unidos y a socios con ideas afines para impulsar prioridades compartidas ante las Naciones Unidas”, indicó el comunicado.
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Estas declaraciones se dan en torno a la próxima reunión informada por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agendada para el próximo 27 y 28 de octubre, donde, según el propio canciller, la ONU volverá a considerar el tema propuesto por el régimen castrista titulado: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Las votaciones se llevarán a cabo el segundo día de la reunión, según lo informado por el canciller.
En este contexto, durante la llamada con el mandatario salvadoreño, el secretario abordó la situación en Cuba, y destacó que “el régimen cubano no llevará a cabo las reformas que el pueblo cubano merece mientras crea que la comunidad internacional está de su lado”.
La votación en la Asamblea General de la ONU sobre el embargo estadounidense a Cuba es un ejercicio diplomático que se ha llevado a cabo anualmente durante más de tres décadas. En la votación de 2025, El Salvador no participó, según el registro oficial. En contraste, durante la sesión de 2024, el país centroamericano votó a favor de la resolución que pide poner fin al embargo estadounidense contra la isla.
Estados Unidos ha mantenido una postura firme en torno al régimen comunista cubano. El secretario Rubio ha sostenido constantemente la importancia de un cambio de gobierno en la isla, catalogándolo como un “régimen fallido”.
Rubio —hijo de padres del exilio cubano— advirtió al régimen castrista a finales de septiembre que enfrentará consecuencias si no emprende cambios.
El funcionario apuntó que "es lamentable que quienes siguen allí coreando consignas revolucionarias piensen que pueden esperar a que pase esta administración sin realizar cambios ni adoptar medidas". Asimismo, advirtió: "Están equivocados y aprenderán la lección por las malas si no rectifican".
Dijo que Cuba ya había caído debido a que “no tiene una economía funcional y está gobernada por personas que siguen predicando sobre una revolución que lleva muerta 20 años”.
Previo a estas declaraciones, el secretario aseguró que la revolución cubana había fracasado y señaló que existe un reconocimiento interno de este colapso, por lo que el gobierno de la isla enfrenta una oportunidad histórica para emprender cambios políticos y económicos hacia un futuro mejor.
Advirtió que una transición de esta magnitud no ocurre de la noche a la mañana para revertir años de mala gestión y corrupción; sin embargo, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar si La Habana se abre a transformar el rumbo del país, a pesar de que los actuales portavoces oficiales mantengan una postura renuente.
El entramado de sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba se remonta a principios de la década de 1960, cuando la administración del presidente Dwight D. Eisenhower impuso un embargo parcial tras las masivas nacionalizaciones —la expropiación estatal de industrias, tierras y empresas extranjeras, principalmente estadounidenses— ejecutadas tras el triunfo de la revolución cubana de carácter comunista liderada por Fidel Castro.
El embargo se consolidó de forma total en 1962 bajo el mandato de John F. Kennedy, quien firmó la orden ejecutiva que prohibía el comercio bilateral, un cerco que se amplió al año siguiente a todas las transacciones financieras a través de la Ley de Comercio con el Enemigo.
Con el paso de las décadas, el marco legal se endureció significativamente con la aprobación de la Ley Torricelli en 1992 y, de manera definitiva, con la Ley Helms-Burton de 1996, la cual codificó las sanciones a nivel legislativo y le quitó al presidente la facultad de suspenderlas.
A lo largo de los años, la política de Washington ha oscilado entre la presión estricta y breves momentos de distensión. Tras décadas de rigidez, la administración de Barack Obama impulsó un restablecimiento de las relaciones diplomáticas a partir de 2014 que flexibilizó regulaciones en materia de viajes y comercio. Sin embargo, este acercamiento fue revertido en su mayoría por el primer mandato del presidente Trump y endurecido con nuevas restricciones financieras y energéticas.
Mientras el régimen cubano ha responsabilizado sistemáticamente al embargo estadounidense de su profunda crisis económica, Washington sostiene que el colapso de la isla es el resultado directo de décadas de mala gestión interna, corrupción e ineficiencia estructural bajo el sistema comunista.
El propio secretario Rubio ha señalado directamente a GAESA —el conglomerado económico y financiero más poderoso de Cuba— como responsable de la crisis en la isla debido a la mala gestión y la corrupción en el manejo de los activos que administra.
"Hace treinta años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa es propiedad y está operada por las Fuerzas Armadas, y tiene ingresos tres veces mayores que el presupuesto actual de su gobierno. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen dieciocho mil millones de dólares en activos y controlan el setenta por ciento de la economía de Cuba", declaró el funcionario durante un discurso de finales de mayo.
"Obtienen ganancias de hoteles, construcción, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos; todo, absolutamente todo pasa por sus manos. De esas remesas retienen un porcentaje, pero de las ganancias de GAESA nada llega a ustedes", agregó.
Con información de Rachel Roberts.
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