El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su gobierno tiene un plan de liberación anticipada y condicional para reos que participaron en las pandillas y han sido detenidos durante el régimen de excepción.
“Nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel”, declaró el mandatario en conferencia de prensa del 14 de octubre.
Ante esto, explicó que todos los países en el mundo han recluido a alguien que después se comprueba que es inocente. Asimismo, añadió que muchos de los detenidos en El Salvador son culpables porque enfrentan cargos específicos por colaborar con pandillas y “merecen estar en la cárcel”. No obstante, señaló que no todos los casos son iguales.
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“Venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual. Y si nosotros nos pusiéramos a capturar a todos los que colaboraron con las pandillas, tuviéramos que arrestar al 20% de la población”, dijo el presidente.
Por tanto, explicó que su gobierno ha establecido un criterio del nivel de colaboración que tuvieron los acusados.
“Si colaboró para enterrar un cadáver, hombre, pues casi que merece cadena perpetua. Pero si colaboró (...) en avisar que venía la policía —muchacho, que lo ponían en la orilla de la del pasaje y él avisaba cuando venía la policía—, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?”, expresó el mandatario.
Bukele entonces explicó que desde su gobierno se está planteando un sistema que beneficiaría a cerca del 50% de los presos que hay en El Salvador y que colaboraron con las pandillas. Se trata de una liberación anticipada.
“Liberarlo condicionalmente, liberarlo con monitoreo, con liberación condicional”, enfatizó.
“El punto es que tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas —que eran el verdadero gobierno de este país y la verdadera dictadura de este país—, era del día a día, tomando en cuenta que estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que de los que aplicaban ese yugo a la población o simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”, explicó el mandatario.
Por tanto, el presidente señaló que se están evaluando caso por caso para ofrecer dicha liberación anticipada condicional “a una gran cantidad de reos que sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país, tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”.
El régimen de excepción en El Salvador —una herramienta jurídica y de rango constitucional que faculta al gobierno para limitar de forma provisional ciertas garantías constitucionales con el fin de hacer frente a situaciones graves que amenacen la estabilidad y el orden público— fue aprobado a finales de marzo de 2022 a solicitud del propio mandatario.
Dicho decreto se implementó inicialmente por treinta días y se ha venido prolongando durante más de cuatro años mediante sucesivas prórrogas solicitadas por el Ejecutivo salvadoreño y aprobadas por la Asamblea Legislativa. Actualmente, la medida sigue vigente.
Para albergar a la masiva cantidad de detenidos bajo esta medida, el gobierno salvadoreño inauguró a principios de 2023 el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta megacárcel de máxima seguridad, construida en un tiempo récord y con capacidad para recluir a 40,000 reos, se ha convertido en el principal símbolo de la política de seguridad de Bukele, operando bajo un estricto aislamiento y vigilancia permanente para desarticular por completo a las pandillas.
La estrategia de seguridad del estado de excepción, al igual que el CECOT ha sido fuertemente criticada por organismos internacionales de derechos humanos.
En julio pasado, Amnistía Internacional señaló que dicha medida “se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad”.
El informe de la organización resalta que durante este periodo en el que se ha implementado el régimen de excepción “más de 90,000 personas han sido detenidas, al menos 470 han muerto bajo custodia estatal y miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos”.
Por otro lado, los registros de la Policía Nacional correspondientes a los primeros 13 días de octubre muestran una fuerte caída en los homicidios, vinculada a la aplicación del régimen de excepción. Mientras que en ese mismo lapso de 2018 se contabilizaron 91 asesinatos, en 2025 la cifra bajó a siete, y en 2026 se documentó un solo caso.
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