El gobierno de Bolivia desplegó este martes grupos de militares y policías en Santa Cruz, la mayor región y el motor económico del país, ante amenazas de campesinos de que iniciarán bloqueos de carreteras en contra del retiro de la subvención al precio del diésel para los considerados "grandes consumidores".
Los policías y militares fueron enviados al municipio de Yapacaní, ubicado a 131 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, confirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.
"Ante la convocatoria pública a bloquear en Yapacaní, el lunes se dispuso un despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Policía Boliviana. La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos", explicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, citado en ese comunicado.
Justiniano aclaró además que en Bolivia rige el estado de excepción, por lo que sí "se puede marchar, protestar, reunirse y expresar desacuerdo", pero advirtió que "lo que hoy no está permitido (...) es bloquear carreteras, impedir el libre tránsito o afectar infraestructura crítica".
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
"Esa regla vale para todos y en todo el territorio nacional", agregó.
En la víspera pobladores de Yapacaní salieron a la principal carretera de la población para marchar y anunciaron que este martes iban a bloquear esa ruta que conecta con el centro y occidente del país.
Sin embargo, la Policía y los militares mantienen la ruta expedita desde muy temprano, según constató EFE.
En una reunión en Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, logró un acuerdo con los campesinos y se comprometió a hacer gestiones "para que en 48 horas" se anule el decreto cuestionado, dijo a EFE el dirigente Juan Cáceres.
"Y si no se abroga este decreto, las organizaciones (…) nos vamos a unificar para ver el camino y el rumbo a tomar en el tema de la movilización", sostuvo.
Por su parte, Paredes dijo a EFE que comparte "el sentir" de los campesinos sobre la norma, al considerar que "no ha cumplido sus objetivos originales" porque el diésel se sigue desviando a actividades ilícitas y no está llegando a los pequeños productores.
El gobierno de Bolivia emitió el 17 de agosto un decreto que establece "un precio referencial" de 18 bolivianos (1.55 dólares, al tipo de cambio vigente) por litro de diésel para industrias, empresas y otras entidades consideradas "clientes directos" y "grandes consumidores".
Ese precio, que será variable, no se aplica para el sector del transporte público ni a privados con consumos menores a los 5000 litros al mes, los que siguen pagando 9.80 bolivianos (0.84 dólares).
El sector agroindustrial de Santa Cruz rechazó el jueves el retiro de la subvención porque "castiga" a los productores y "no resuelve" los problemas de desabastecimiento del combustible.
Sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) también han amenazado con protestas contra el retiro parcial de la subvención del diésel y este miércoles se reunirán en el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país, para definir medidas de presión.
Bolivia afronta nuevamente problemas de abastecimiento de combustibles y desde hace semanas se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio.
El gobierno boliviano declaró el estado de excepción el 20 de junio, con una duración de 90 días en todo el país, tras siete semanas de protestas y bloqueo de carreteras de sectores campesinos y afines a Morales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
