El paro de 300,000 empleados públicos altera el funcionamiento de Irlanda

Los compradores caminan bajo la lluvia por Grafton Street, en el centro de Dublín, el 6 de octubre de 2026. (Paul Faith / AFP vía Getty Images)
Los compradores caminan bajo la lluvia por Grafton Street, en el centro de Dublín, el 6 de octubre de 2026. (Paul Faith / AFP vía Getty Images)
14 de octubre de 2026, 1:24 p. m.

Más de 300,000 empleados públicos de Irlanda secundan este miércoles una huelga nacional de 24 horas que afecta a la educación, la sanidad y numerosos servicios administrativos, ante la falta de avances en las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo salarial con el gobierno.

El paró, el mayor de estas características desde la crisis económica de 2008, provocó el cierre de casi todos los colegios de primaria y secundaria, así como de numerosos centros universitarios, mientras que miles de citas médicas y procedimientos hospitalarios fueron cancelados.

La movilización incluye a profesores, enfermeros, médicos, funcionarios y trabajadores de distintos servicios públicos, que organizaron piquetes en centros de trabajo de todo el país.

En el ámbito sanitario, los hospitales mantienen los servicios de urgencias y otras prestaciones críticas, aunque la actividad ordinaria se ha visto significativamente alterada.

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Los servicios de ambulancias operan con limitaciones, si bien los médicos de cabecera y las farmacias continúan atendiendo a los pacientes.

La huelga también afecta a la administración de Justicia, con la cancelación de prácticamente todas las vistas judiciales, salvo determinados procedimientos urgentes.

El conflicto enfrenta a los sindicatos del sector público con el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, por las condiciones para negociar un nuevo acuerdo salarial, después de que el anterior expirase a finales de junio.

Las organizaciones sindicales reclaman que las conversaciones comiencen con compromisos concretos sobre las subidas salariales y mecanismos que protejan el poder adquisitivo frente a la inflación y el alza del coste de la vida.

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El gobierno, por su parte, sostiene que las negociaciones deben abordar también la productividad, la modernización de los servicios y los cambios en las condiciones laborales, y rechaza que los sindicatos impongan requisitos previos al inicio del diálogo.

El ministro de Gasto Público, Jack Chambers, instó a las organizaciones sindicales a retomar las conversaciones y evitar nuevas interrupciones en los servicios esenciales, ya que han anunciado una segunda jornada de paro para el próximo 21 de octubre si no hay acuerdos.

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