Italia aprobó el martes un paquete de medidas de seguridad, que incluye un endurecimiento de las sanciones contra la participación en protestas violentas, a raíz de los disturbios que se extendieron por las ciudades del norte del país durante el fin de semana y de los disturbios generalizados en la vecina Francia.
El gobierno italiano introdujo un nuevo delito de participación violenta en una manifestación, junto con sanciones más severas para los alborotadores y multas para los padres cuyos hijos participen en actos de vandalismo y saqueos.
Durante el fin de semana se registraron disturbios en varias ciudades del norte de Italia, incluida la capital financiera, Milán, donde grupos de jóvenes, en su mayoría, se lanzaron a la calle el sábado, rompiendo vidrios, robando en tiendas y atacando a la policía.
Muchos llevaban capuchas, mientras que algunos de los que se encontraban en las calles encendieron incendios en contenedores de basura y saquearon tiendas en el centro de Milán. Los focos de violencia se extendieron a otras ciudades del norte, entre ellas Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín.
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"No hay nada revolucionario en el vandalismo ni en el robo. El vandalismo y el robo no son formas de protesta, son actos delictivos", dijo la primera ministra Giorgia Meloni en un video publicado en las redes sociales, al dar a conocer las nuevas y estrictas medidas.
Cualquier persona que participe en un grupo de al menos cinco personas y ponga en peligro la seguridad pública durante las protestas se enfrenta ahora a hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 20,000 euros (22,460 dólares) en virtud de las nuevas medidas, que entran en vigor de inmediato.
Las sanciones se incrementan si hay personas lesionadas o si se ocultan los rostros, mientras que a las autoridades se les otorgan facultades para ordenar una indemnización inmediata por cualquier daño causado. En el caso de los menores, sus padres pueden ser considerados responsables.
La policía cuenta ahora con el derecho de detener a jóvenes de entre 14 y 17 años, incluso si no han cometido un delito, cuando existan pruebas de que representan un peligro para el público, lo que amplía las facultades que anteriormente se aplicaban únicamente a los adultos.
La policía se enfrenta a manifestantes en Milán, Italia, el 17 de octubre de 2026. (Stefano Porta/LaPresse vía AP).El ejército en las calles
El gobierno anunció que desplegaría 500 soldados del ejército junto a la policía en Milán hasta finales de 2026, ante el temor de las autoridades a que se produzcan nuevos episodios de violencia en las manifestaciones previstas para el próximo fin de semana.La presencia militar tiene como objetivo reforzar la seguridad en lugares clave, mejorar el control en toda la zona e intensificar la vigilancia en torno a lugares sensibles, según indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Los inmigrantes podrían perder la ciudadanía
La policía de Milán informó que unos 2,000 jóvenes participaron en los disturbios del sábado por la noche, entre ellos un gran número de italianos y extranjeros.El viceprimer ministro Matteo Salvini, líder del partido conservador Liga, que forma parte del gobierno de coalición, escribió el martes en X, tras el anuncio de las nuevas medidas, que a los inmigrantes se les podría retirar la ciudadanía si participaban en protestas violentas, mientras que a quienes solicitaran permiso para permanecer en Italia se les denegarían sus solicitudes.
"Más tropas para 'Calles Seguras', incluidos los 500 que ya se encuentran en Milán, detenciones más rápidas gracias a las cámaras y mayores facultades para las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden", dijo.
Ecos de los disturbios en Francia
Los disturbios en Italia se hicieron eco de los disturbios en Francia, donde cientos de miles de personas salieron a las calles el sábado, mientras las protestas se tornaban en violencia y saqueos.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Oslo, Noruega, el 17 de septiembre de 2026. (Stian Lysberg Solum / NTB / AFP vía Getty Images).Meloni, quien lidera el partido populista Hermanos de Italia, ha aprobado una serie constante de medidas de seguridad para frenar la delincuencia y la inmigración ilegal desde que asumió el cargo en octubre de 2022.
La población carcelaria del país ha aumentado en más del 17 por ciento en los últimos cuatro años, lo que equivale a casi 10,000 reclusos adicionales, según datos del gobierno.
Las dificultades no son una "excusa"
El sur de Italia es testigo de una ola separada de protestas no violentas, en las que camioneros indignados por el aumento vertiginoso de los precios del diésel y el costo de vida han organizado bloqueos de carreteras que están interrumpiendo las cadenas de suministro.Los grupos agrícolas han advertido que las frutas y verduras podrían pudrirse, mientras que algunos fabricantes de pasta han tenido que detener la producción. Tras conversaciones con representantes de la industria, el gobierno se ha comprometido a brindar más ayuda a los camioneros.
"Sabemos lo que significa buscar trabajo, ganar un salario insuficiente y no ver perspectivas de futuro... pero las dificultades nunca deben utilizarse como excusa para la violencia", dijo Meloni el martes.
Meloni dijo que la respuesta del Estado "debe ser firme", y agregó que, de las 330 personas detenidas o arrestadas por los disturbios, "la mitad son de origen extranjero, nacidas en el extranjero o nacidas en Italia de familias extranjeras".
"Espero que los delitos cometidos sean procesados sin demora y que se apliquen rigurosamente todas las normas disponibles, incluidas las de los recientes decretos de seguridad", agregó.
