El 20 de abril, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para emitir una serie de memorandos centrados en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de carbón, la transmisión de gas natural y la capacidad de gas natural licuado.
Trump también firmó memorandos destinados a impulsar la producción nacional de petróleo, mejorar la infraestructura de la red eléctrica y ampliar el despliegue de "energía a gran escala" e infraestructura relacionada.
En una publicación en X, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que los memorandos permitirían al Departamento de Energía utilizar fondos provenientes de la "Gran y Hermosa Ley" para fortalecer la "infraestructura de la red" del país y "liberar energía confiable, asequible y segura".
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La Ley de Producción de Defensa es una legislación de la era de la Guerra Fría que otorga al presidente la autoridad para ampliar y agilizar el suministro de materiales provenientes de la base industrial nacional con fines de seguridad nacional.
En los memorandos, Trump citó su orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, en la que declaraba una emergencia energética nacional, señalando que un suministro energético insuficiente podría exponer al país a "actores extranjeros hostiles" y poner en riesgo la seguridad nacional.
"En consonancia con dicha declaración, considero que garantizar la capacidad nacional para el desarrollo, la fabricación y el despliegue de infraestructuras energéticas a gran escala es esencial para la defensa nacional de Estados Unidos; sin embargo, debido a riesgos de financiación, retrasos regulatorios y barreras de mercado, estos objetivos no pueden cumplirse plenamente bajo las condiciones de mercado actuales", afirmó el presidente en uno de sus memorandos.
Los memorandos instruyen al Departamento de Energía a realizar "las compras, compromisos e instrumentos financieros necesarios" para respaldar proyectos destinados a ampliar la producción de petróleo, las cadenas de suministro de carbón, la transmisión de gas natural, la capacidad de gas natural licuado, la infraestructura de la red eléctrica y otras infraestructuras relacionadas con la energía.
Esta medida se produjo mientras la administración Trump trabajaba para frenar el vertiginoso aumento de los precios de las materias primas, impulsado por el conflicto con Irán, que disparó los costos del petróleo y de los fertilizantes.
La semana pasada, Irán anunció que abriría el estrecho de Ormuz a todos los buques comerciales durante un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano; sin embargo, comenzó a cobrar peajes y, posteriormente, restableció una "estricta supervisión militar" sobre el estrecho debido al consiguiente bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes. A su vez, el 13 de abril, Estados Unidos impuso un bloqueo contra los buques que visitaran puertos iraníes, tras haber declarado que Irán no estaba permitiendo el paso libre a través del estrecho, lo cual constituía una condición para el alto el fuego.
Esta situación intensificó la incertidumbre en los mercados e impulsó al alza los precios del petróleo el 20 de abril, jornada en la que el crudo cotizó en torno a los 94.75 dólares.
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Con el fin de aliviar la presión sobre los mercados petroleros y garantizar un suministro adecuado, el 17 de abril la administración Trump renovó una exención de sanciones que permite a diversas naciones adquirir petróleo ruso que se encuentra varado en el mar; dicha exención se prorrogó hasta el 16 de mayo, dado que la licencia anterior había expirado el 11 de abril.
En febrero, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas en Venezuela, como parte de una iniciativa destinada a reforzar las cadenas de suministro de petróleo.
Con información de Naveen Athrappully.
