Un juez de distrito dictaminó el viernes que Nueva Jersey puede seguir impidiendo que los funcionarios federales de inmigración utilicen propiedades estatales con fines relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.
El Departamento de Justicia (DOJ) había acusado a Nueva Jersey en una demanda judicial de violar la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, también conocida como "preeminencia", la cual establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal cuando ambas entran en conflicto.
La agencia alegó que una orden ejecutiva que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó a principios de este año impedía que las operaciones federales de inmigración utilizaran propiedades estatales, lo que impedía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cumpliera con sus funciones.
La jueza Georgette Castner, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey, no estuvo de acuerdo.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
“[La orden "ejecutiva] no impide que Estados Unidos aplique las leyes federales de inmigración; más bien, declara que Nueva Jersey no proporcionará sus propios recursos para ayudar a Estados Unidos en estos esfuerzos”, dijo Castner.
La jueza también desestimó el argumento de los abogados del Departamento de Justicia de que cumplir con la ley federal de inmigración —específicamente, la Ley de Inmigración y Nacionalidad— era "imposible" debido a la restricción estatal y impedía que "Estados Unidos tuviera acceso a los inmigrantes".
“La Corte considera que esta respuesta no es convincente”, escribió Castner. “La Corte tampoco encuentra ningún conflicto de prevalencia”.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.
Bajo la orden ejecutiva de Sherrill, se prohíbe a los funcionarios federales de inmigración utilizar bienes estatales como área de concentración, lugar de tramitación para inmigrantes ilegales o base de operaciones para llevar a cabo la aplicación de la ley.
La ley también impide que cualquier departamento o agencia del poder ejecutivo de Nueva Jersey permita a las autoridades federales utilizar propiedad estatal.
Sherrill incluyó una excepción en su orden que permite el acceso si está autorizado por una orden judicial o un mandamiento.
La gobernadora acogió con satisfacción la decisión de Castner en un comunicado emitido el viernes, en el que criticó a los agentes federales de inmigración por carecer de "capacitación".
"El ICE no está haciendo que las comunidades de Nueva Jersey sean más seguras", afirmó en un comunicado.
“Mi prioridad número uno siempre será proteger a los habitantes de Nueva Jersey, y seguiré luchando por comunidades seguras para todos en nuestro estado”.
Aunque Castner reconoció en su dictamen de 30 páginas que el gobierno federal tiene la obligación de expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, escribió que “nada en la [Ley de Inmigración y Nacionalidad] indica que los estados estén obligados a ayudar al gobierno federal a cumplir con esta obligación”.
Tras la ceremonia de firma de su orden ejecutiva a principios de este año, Sherrill anunció el lanzamiento de un sitio web para que los residentes de Nueva Jersey reporten sus interacciones con el ICE y suban fotos y videos de los agentes.
La información enviada al portal sería utilizada por la oficina del fiscal general del estado para, potencialmente, "hacer que el gobierno rinda cuentas".
Nueva Jersey también ha aprobado una prohibición de que los agentes federales de seguridad pública usen máscaras y la obligación de que muestren su identificación antes de realizar un arresto. El Departamento de Justicia presentó una demanda también por esa ley.
El “Estado Jardín” y algunos otros ya habían prohibido a sus agencias locales y estatales de seguridad pública cooperar con el ICE —lo que se conoce como acuerdos 287(g)— antes de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca el año pasado.
Varios estados más gobernados por demócratas han seguido el ejemplo al prohibir dicha cooperación o intentar hacerlo desde que Trump, un republicano, comenzó su segundo mandato y estableció como prioridad detener la inmigración ilegal.
