El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva Jersey y a su gobernador por una orden ejecutiva que limita las actividades federales de control de la inmigración en propiedades estatales.
Presentada el 23 de febrero, la demanda alega que la orden viola la Cláusula de Supremacía —la sección de la Constitución de los Estados Unidos que establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales— al interferir con el mandato del gobierno federal de hacer cumplir la ley de inmigración.
El Departamento de Justicia (DOJ) también alegó que la orden discriminaba a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley al prohibirles el acceso a zonas abiertas a las fuerzas del orden locales.
“Los agentes federales están arriesgando sus vidas para mantener a salvo a los ciudadanos de Nueva Jersey, y sin embargo, los líderes de Nueva Jersey están promulgando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro la aplicación de la ley”, dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado el 24 de febrero.
“Los estados no pueden interferir deliberadamente en nuestros esfuerzos por expulsar a los extranjeros ilegales y arrestar a los delincuentes: las políticas de santuario de Nueva Jersey no se mantendrán”.
La gobernadora Mikie Sherrill emitió la Orden Ejecutiva 12 a principios de este mes, por la que se prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otros funcionarios federales llevar a cabo acciones civiles de control de la inmigración en propiedades estatales sin una orden judicial.
La orden abarcaba edificios de oficinas, estacionamientos y garajes. También incluía las instalaciones penitenciarias estatales, según el Departamento de Justicia, lo que significaba que el ICE no podía utilizar las solicitudes de "detención" para pedir a las fuerzas del orden locales que retuvieran a los inmigrantes ilegales detenidos para ser recogidos.
La orden de Sherrill también impedía al ICE utilizar esas instalaciones como zonas de acopio, lugares de tramitación o bases de operaciones.
“La administración Trump haría mejor en formar a sus agentes del ICE para que cumplan la ley en lugar de malgastar el dinero de los contribuyentes demandando a Nueva Jersey por tomar medidas para reforzar la seguridad pública”, publicó Sherrill en X en respuesta a la demanda.
La orden de la gobernadora se produjo en medio del escrutinio del ICE y sus actividades de aplicación de la ley en Minnesota.
“Me tomo muy en serio mi responsabilidad de mantener a salvo a los residentes de Nueva Jersey y, como veterana de la Marina y exfiscal federal, mi compromiso con la defensa de la Constitución nunca flaqueará”, afirmó.
La administración Trump ha defendido en general a la agencia. Alina Habba, asesora principal de Bondi, dijo en las redes sociales que Sherrill debería consultar la cláusula de supremacía.
“Proteger a Nueva Jersey no debería significar proteger a las personas que infringieron la ley federal para estar aquí”, afirmó a principios de este mes.
La acción legal es la última medida del Departamento de Justicia para impugnar las políticas estatales sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El pasado mes de agosto, la agencia publicó una lista de 35 estados y jurisdicciones que, según dijo, tenían políticas o leyes que impedían la aplicación de las leyes de inmigración.
Ha demandado a varios de ellos, entre ellos la ciudad de Nueva York, Colorado y Los Ángeles. Algunas de estas demandas han sido desestimadas, mientras que los estados argumentaban que el gobierno federal no podía utilizar sus recursos para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La orden de Sherrill presentaba un argumento similar, afirmando que la Constitución impedía al gobierno federal "obligar a los estados a ayudar o facilitar la administración de la ley federal".
