El 31 de agosto, un juez federal suspendió una ley estatal de Virginia diseñada para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espera de un juicio, al señalar que es probable que la demanda presentada por la administración Trump contra el estado prospere en cuanto al fondo del asunto.
El juez Robert E. Payne, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, dictó el lunes una orden judicial preliminar para impedir que Virginia aplique la medida, ya que la ley "regula directamente la conducta de las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley" y podría violar la doctrina de la inmunidad intergubernamental que impide a los estados interferir en las operaciones del gobierno federal.
"El interés público y el equilibrio de intereses favorecen una orden judicial porque… frustrar e interferir con las leyes y prerrogativas federales en la aplicación de la ley federal de inmigración no redunda en el interés público", agregó Payne.
La ley estatal (SB 783 y HB 1441) que la gobernadora Abigail Spanberger firmó en abril impone restricciones a los acuerdos de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los cuales permiten al ICE asociarse con gobiernos locales en acciones de aplicación de la ley.
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La ley de Virginia prohíbe a las agencias estatales o locales de aplicación de la ley "mantener, renovar o realizar cualquier acuerdo federal de inmigración, a menos que dicho acuerdo contenga ciertas disposiciones".
También prohíbe que "cualquier persona que actúe en su calidad de agente de seguridad pública preste asistencia, coopere o utilice recursos policiales para facilitar cualquier operación que tenga por objeto identificar, detener o imponer de cualquier otra forma una sanción a una persona por cualquier violación de la ley federal de inmigración civil".
"Estos proyectos de ley establecen un marco claro para que los organismos de seguridad pública de Virginia colaboren con el ICE en la aplicación de las leyes de inmigración bajo una orden judicial válida", dijo Spanberger.
"La legislación afirma que los agentes de seguridad pública de Virginia pueden investigar delitos y operar como parte de un grupo de trabajo conjunto entre las autoridades estatales y federales", señaló su oficina, y agregó que las enmiendas que ella propuso "dejan en claro que la legislación permite al Departamento de Correccionales, a los alguaciles locales y a las cárceles acatar las órdenes de detención migratoria federales emitidas por el ICE y transferir la custodia de un delincuente".
En junio, el Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Virginia, argumentando que la ley va en contra de la Cláusula de Supremacía de la Constitución. El gobierno de EE. UU. "no puede ni va a renegociar" los acuerdos de la Sección 287(g) que cumplen con la ley estatal de Virginia "porque la ley de Virginia viola la ley federal".
El Legal Aid Justice Center, un grupo de defensa de las libertades civiles de Virginia, declaró en un comunicado del 31 de agosto que no está de acuerdo con el juez y argumentó que Virginia debería apelar la decisión.
"Nos preocupa mucho que se permita que los acuerdos 287(g) existentes continúen", afirmó Legal Aid en un comunicado. "Estos acuerdos involucran a las fuerzas de seguridad locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración, lo que socava la confianza que las comunidades necesitan para denunciar delitos y cooperar con las investigaciones".
Los agentes a nivel estatal no deberían ser utilizados como un "multiplicador de fuerza de la aplicación de las leyes federales de inmigración", agregó el grupo.
La orden del juez se produce después de que el ICE llevara a cabo una operación encubierta en Maryland y Virginia del 1 al 14 de agosto, en la que se detuvo a 1328 inmigrantes indocumentados en lo que las autoridades denominaron "Operación Comunidad Segura — Washington, D.C.".
Los detenidos tenían antecedentes penales, según el ICE, que incluían homicidio, violación, agresión, tráfico y posesión de drogas, conducir en estado de ebriedad, delitos relacionados con armas, violencia doméstica, secuestro y otros.
