La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) detuvo a 49 ciudadanos extranjeros durante varias operaciones de interceptación llevadas a cabo en las últimas semanas, mientras estos intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos por vía marítima.
El 26 de mayo, la USCG anunció que había interceptado a 36 ciudadanos extranjeros a unas 22 millas de San Diego.
Los pasajeros viajaban en una “embarcación sospechosa de 30 pies con cabina tipo cuddy”, según informó. Los tripulantes a bordo del USCGC John McCormick interceptaron la embarcación y tomaron el control de la misma sin recurrir a la fuerza. Las 36 personas afirmaron ser de nacionalidad mexicana. Fueron detenidas y entregadas a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Anteriormente, el 24 de mayo, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) informó de que había interceptado a diez ciudadanos extranjeros sospechosos de intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos a unas 27 millas al este de la isla de San Clemente, todos los cuales se identificaron como mexicanos.
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Un ciudadano extranjero fue detenido el 13 de mayo cerca de Imperial Beach, California.
El individuo, que dijo ser de Rumanía, era transportado en una moto acuática. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, cuando las autoridades iniciaron una persecución, el conductor de la moto acuática arrojó al individuo por la borda.
“El operador llevó a cabo entonces una serie de maniobras evasivas para evitar ser interceptado. La tripulación de la embarcación de la Guardia Costera rescató a la persona del agua y le realizó un examen médico, tras el cual se comprobó que no presentaba lesiones”, informó la USCG.
Las dos últimas personas de las 49 fueron interceptadas cerca de la entrada de Mission Bay, en San Diego, el 4 de mayo. Las personas afirmaron ser ciudadanos mexicanos.
Las interceptaciones marítimas forman parte de una campaña más amplia de la Administración Trump para impedir la afluencia de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, así como para expulsar a aquellas personas que ya se encuentran en el país.
El 20 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que casi tres millones de inmigrantes ilegales abandonaron Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.
En un comunicado del 15 de mayo, el DHS anunció que la administración Trump registró en abril su duodécimo mes consecutivo sin liberaciones en la frontera.
“Con una reducción del 95 % en las detenciones diarias respecto a la administración anterior y 15 meses consecutivos con menos de 9000 detenciones en la frontera suroeste, la frontera sigue siendo más segura que en cualquier otro momento de la historia”, afirmó el departamento.
El responsable de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró en una entrevista concedida el 20 de mayo al Washington Examiner que la Administración Trump estaba trabajando para aumentar las deportaciones.
Según Homan, desde que Trump asumió el poder el año pasado, se ha deportado del país a un total de unos 800,000 inmigrantes ilegales. Aunque las cifras han "disminuido ligeramente", la Administración tiene un plan para "recuperarlas e incluso aumentarlas".
“Perseguimos a todos, pero, de nuevo, hay que dar prioridad a aquellos que representan las mayores amenazas para nuestra seguridad nacional y la seguridad pública”, afirmó Homan.
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Cuestiones de financiación de ICE y CBP
Mientras tanto, un proyecto de ley de gastos para financiar las agencias de inmigración se encuentra estancado en la Legislatura debido a la oposición demócrata.El paquete de medidas destina aproximadamente 38.2 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y unos 26 mil millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta el año fiscal 2029. Además, el proyecto de ley concede 1.5 mil millones de dólares al Departamento de Justicia y 2.5 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La semana pasada, el senador Alex Padilla (D-Calif.) expresó su preocupación por el gasto en una audiencia.
“Las familias luchan por llegar a fin de mes mientras los costes no dejan de subir”, afirmó Padilla.
“¿Y cuál es la respuesta de los republicanos? Dar a ICE y a CBP otros 72 000 millones de dólares. Menuda responsabilidad fiscal. Eso se suma a los más de 100 mil millones de dólares que los republicanos ya han entregado a estas agencias, dinero que ni siquiera han gastado todavía.”
Durante una rueda de prensa celebrada en las escaleras del Senado el 21 de mayo, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-N.Y.), manifestaron su oposición al proyecto de ley.
El Senado suspendió sus sesiones para el receso del Día de los Caídos el 21 de mayo sin aprobar el proyecto de ley. La cámara tiene previsto volver a reunirse el 1 de junio. Trump había fijado previamente el 1 de junio como fecha límite para la aprobación del proyecto de ley.
Los republicanos se vieron obligados a considerar un proyecto de ley de reconciliación después de que los demócratas del Senado bloquearan la financiación para la CBP y el ICE a través del proceso ordinario de asignaciones presupuestarias.
En una publicación del 27 de mayo en X, el representante Randy Fine (R-Fla.) pidió una rápida aprobación del proyecto de ley.
“El presidente @realDonaldTrump exigió que el proyecto de ley de reconciliación estuviera sobre su mesa antes del 1 de junio, pero los líderes del Senado decidieron hacer las maletas y marcharse a casa por las vacaciones en lugar de terminar el trabajo. Debemos financiar al ICE y a la CBP; no hay excusas”, escribió Fine.
“La Cámara de Representantes está lista para cumplir. El Senado debe poner fin a los retrasos y resolver esto por el bien del pueblo estadounidense”.
