El caso Rocha Moya abrió una nueva fase en la ofensiva estadounidense contra el Cártel de Sinaloa (CDS). “Derrotar a los cárteles requiere atacar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que les abren la puerta”, dijo Derek Maltz, exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), al analizar la acusación en Nueva York contra el gobernador sinaloense y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

El caso vinculado al Cártel de Sinaloa, al que las autoridades responsabilizan de "miles de asesinatos en México y otras partes del mundo", sacude al Gobierno de Sinaloa y pone de relieve que las autoridades de Estados Unidos ya no están concentradas solo en perseguir a los líderes de los cárteles de droga, sino también a quienes presuntamente los sostienen desde dentro del Estado: políticos, fiscales y mandos policiales corruptos a sueldo de las redes criminales.

Esa fue la línea marcada por el actual administrador de la DEA, Terrance C. Cole, al anunciar el 29 de abril la apertura de una acusación formal en Nueva York contra una nómina inédita de altos cargos políticos: el gobernador Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario estatal de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La acusación también alcanza a figuras clave del aparato fiscal y policial sinaloense.

Según la acusación, "cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".

El documento señala que los acusados han estado "estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el notorio exlíder del Cártel, cuyos descendientes son conocidos colectivamente como los "Chapitos".

Según el documento judicial, la facción pagaba sobornos mensuales en efectivo a funcionarios municipales, estatales y federales mediante listas de nómina que especificaban cuánto debía recibir cada uno. A cambio, esos funcionarios habrían protegido cargamentos, liberado a miembros del cártel, detenido a rivales, filtrado información sobre operativos de la DEA y fuerzas mexicanas, y permitido el paso de químicos para fabricar fentanilo.

"El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, dijo Cole al presentar la acusación.

México no aceptó ejecutar de inmediato las detenciones o extradiciones solicitadas por Estados Unidos. Según Reuters, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reconoció haber recibido las solicitudes de extradición, pero señaló que no venían acompañadas de pruebas suficientes, por lo que el caso fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su revisión jurídica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en mayo que los ocho acusados, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, tenían ficha roja de la Interpol.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos [contra los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa]. Eso hace que se alerten fichas rojas, llamadas por parte de la Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa del 21 de mayo.

"Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, agregó.

Si los otros acusados son declarados culpables de los cargos principales, enfrentan en Estados Unidos una pena máxima de cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Un agente de la DEA (Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Rocha Moya "asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cártel en las que se comprometió a apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel", añade el documento.

El Gobernador informó el 26 de mayo que compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán y que respondió las preguntas del Ministerio Público Federal.

En su mensaje aseguró que acudiría a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora y defendió su confianza en las instituciones mexicanas. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora”, escribió.

El senador dijo que recibió una citación para comparecer ante la autoridad mexicana y aseguró que acudiría personalmente. “Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, escribió el 23 de mayo en su cuenta de X.

Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, es señalado por presuntamente recibir sobornos mensuales de Los Chapitos. A cambio, según la acusación, habría protegido a miembros de esa facción contra detenciones y les habría filtrado información sobre operativos policiales respaldados por Estados Unidos.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, está acusado de recibir sobornos de Los Chapitos para permitir que operaran libremente en Sinaloa. El documento sostiene que dictó órdenes de detención contra enemigos de esa facción cuando se lo solicitaban y permitió el paso por Sinaloa de cargamentos de productos químicos utilizados para producir fentanilo.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación, y José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, son señalados por haber protegido las operaciones de Los Chapitos desde sus cargos policiales. Según la acusación, ambos recibieron sobornos, permitieron que la facción operara sin interferencias y facilitaron la liberación de integrantes detenidos.

Soldados mexicanos patrullan las calles de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 30 de enero de 2026. (Jesus Verdugo / AFP via Getty Images)

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, es señalado por presuntamente aceptar más de 10,000 dólares mensuales en sobornos desde junio de 2022. Según la acusación, como autoridad con control sobre la Policía Municipal de Culiacán, permitió que Los Chapitos operaran en la ciudad sin interferencia gubernamental, protegió sus operaciones de tráfico de drogas y evitó la detención de sus miembros.

Gámez Mendívil escribió en su cuenta de X el 23 de mayo que atendería el llamado a comparecer ante la Fiscalía “con la absoluta certeza” de haber actuado con legalidad y responsabilidad como ciudadano y servidor público. En su mensaje expresó confianza en que “imperarán la verdad y la justicia”.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, ex comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta las acusaciones más graves. El documento sostiene que recibió sobornos mensuales para él, sus comandantes y más de 40 agentes, y que puso recursos municipales al servicio de Los Chapitos.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó el 15 de mayo que Mérida Sánchez cruzó a Estados Unidos el 11 de mayo y que fue detenido en Arizona por autoridades estadounidenses. Previamente, quien también fuera un alto mando militar de México, habría solicitado un amparo para no ser detenido ni extraditado a Estados Unidos, según reportes de medios.

El otro acusado es el ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. Ese mismo día, medios periodísticos señalaron que también se había entregado a la justicia estadounidense, aunque faltaba la confirmación oficial.

“Fue una decisión de ellos entregarse”, dijo el 18 de mayo la presidenta Sheinbaum, quien pedía reiteradamente pruebas contra los 10 funcionarios acusados ante las solicitudes de su detención provisional con fines de extradición de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Imagen de archivo del 23 de febrero de 2026 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. (Cristopher Rogel Blanquet / Getty Images)

Según la acusación, Mérida Sánchez habría aceptado más de 100,000 dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos entre 2023 y 2024. A cambio, según el documento, no habría interferido en sus operaciones y les habría avisado con antelación sobre redadas contra laboratorios de droga; en al menos diez casos, esos avisos habrían permitido evacuar personal y drogas.

El auto judicial indica que el cártel controla las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica a través de Honduras y Guatemala hacia México y Estados Unidos. Al igual que con Colombia y Venezuela, se menciona que políticos de alto nivel en estas naciones han recibido fortunas de los narcotraficantes.

Sinaloa aparece como el centro de operaciones. Desde ahí, el cartel habría recibido químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina.

El cartel usaba distintos métodos para cruzar droga a Estados Unidos: túneles en la frontera, aviones con los transpondedores apagados, barcos, autos con compartimentos ocultos, camiones de carga, contenedores con documentos falsos y personas que transportaban droga en el cuerpo o entre sus pertenencias.

La droga era luego almacenada en ciudades cercanas a la frontera, como Phoenix, El Paso y el sur de California. Desde esos puntos, se distribuía al por mayor hacia otras zonas del país, incluida Nueva York.

Resaltó que, gracias a la colaboración con el gobierno mexicano, 90 miembros de los carteles han sido trasladados a Estados Unidos para enfrentar la justicia, incluyendo a Abigael González Valencia ("El Cuini") y Rafael Caro Quintero. Asimismo, mencionó la operación de las fuerzas de seguridad de México de este febrero en la que se reportó que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho"), el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Imagen ilustrativa: Un oficial de la policía estatal de Sinaloa trabaja durante el desmantelamiento de uno de los tres laboratorios clandestinos productores de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, en El Dorado, Sinaloa, México, el 4 de junio de 2019. (RASHIDE FRIAS/AFP via Getty Images)

Cole destacó a su vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una pieza clave para golpear las finanzas de los cárteles y de las organizaciones designadas como terroristas extranjeras. Su función es bloquearles el acceso al sistema financiero global, aislarlos de la economía legal e impedir que muevan, oculten o disfracen las ganancias del narcotráfico.

“Los cárteles no operan en el vacío, sino que dependen en gran medida de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales que facilitan el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia", dijo Maltz este 4 de junio en su cuenta de X.

"ES HORA DE QUE los funcionarios mexicanos liderados por @OHarfuch detengan a los funcionarios corruptos que fueron acusados recientemente en @SDNYnews y los envíen a Nueva York para que rindan cuentas ante la justicia”, agregó, haciendo un llamado a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal de México, pieza notoria en el gabinete de la presidenta Sheinbaum.