Una fuerza de tarea estadounidense, en colaboración con socios extranjeros, incautó cerca de 1500 libras de cocaína en dos operaciones realizadas en el mar Caribe durante la última semana.
En la primera operación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) detectó una lancha rápida en el Caribe, la condujo a un puerto y decomisó aproximadamente 562 libras de cocaína, según informó la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (Joint Interagency Task Force South) en una publicación del 15 de octubre.
En la segunda operación, la Armada de Colombia alertó a las fuerzas francesas sobre otra lancha rápida en el mar Caribe. Una de las fragatas francesas interceptó la embarcación y se incautó de unas 917 libras de cocaína, indicó la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur en una publicación realizada el 16 de octubre en la red social X.
Las labores de monitoreo y detección de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur respaldan las operaciones dirigidas por el Comando Sur de los Estados Unidos, destinadas a desmantelar redes narcoterroristas en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe. Esta fuerza de tarea constituye una alianza internacional compuesta por 13 socios nacionales y 20 internacionales.

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El Caribe es una "zona crítica de transbordo" para drogas ilícitas, principalmente cocaína, según un informe de la Estrategia Nacional de Control de Drogas publicado por la Casa Blanca. La región posee una geografía compleja, con miles de islas que brindan una amplia cobertura a los grupos criminales para ocultar sus actividades de narcotráfico.
Ataques militares de EE. UU.
Durante el último año, la administración Trump ha llevado a cabo ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. Asimismo, designó a varios cárteles de la droga y grupos delictivos como organizaciones terroristas extranjeras.La administración señaló que las embarcaciones atacadas transportaban estupefacientes que tenían como destino final Estados Unidos.
Los críticos sostienen que estos ataques militares son ilegales. En una declaración del 14 de octubre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) afirmó que, desde septiembre del año pasado, los ataques han causado la muerte de al menos 239 personas.
La ACLU señaló que, incluso si las embarcaciones transportaban drogas, ninguna ley —nacional o internacional— autoriza el uso de la fuerza militar contra organizaciones delictivas. La organización calificó los ataques como "asesinatos premeditados de civiles" fuera de un contexto de conflicto armado.
"Instamos a los líderes tanto del Congreso como del poder ejecutivo a poner fin, de una vez por todas, a esta campaña ilegal antes de que haya más víctimas mortales", declaró Jeff Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
En diciembre del año pasado, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, justificó los ataques al explicar a los periodistas que las embarcaciones son operadas por organizaciones designadas como terroristas.
Wilson afirmó que los ataques fueron sometidos a un riguroso proceso de revisión por parte de las autoridades y tienen como objetivo defender los intereses de Estados Unidos y proteger al país.
"Nuestras operaciones en la región del Comando Sur son legales conforme a la legislación estadounidense e internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados", aseguró Wilson. "Además, estas operaciones recibieron aprobación de los mejores expertos jurídicos, tanto militares como civiles, a lo largo de toda la cadena de mando".




















