El 13 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. envió cartas a los funcionarios electorales de California exigiendo que, en un plazo de 48 horas, revisaran la situación de los votantes registrados que, según sospechan, no son ciudadanos estadounidenses; asimismo, solicitó que se apartaran sus tarjetones electorales enviados por correo hasta que se confirme su estatus de ciudadanía.
La carta señalaba que, si no se seguía el procedimiento indicado para el 15 de octubre al mediodía (hora del Este), el gobierno federal buscaría obtener una "medida de urgencia".
"Esto no debería ser motivo de controversia, ya que la ley penal es clara: solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales. Es un delito federal que personas que no son ciudadanas voten en las elecciones de EE. UU., y el Departamento de Justicia está pidiendo a California que se asegure de que esto no esté ocurriendo", declaró un portavoz del Departamento de Justicia en un correo electrónico dirigido a The Epoch Times.
El Departamento de Justicia sostiene que se han identificado miles de personas, posiblemente extranjeras y sin derecho a voto, que figuran como votantes registrados en California.
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Dean Logan, registrador del condado de Los Ángeles, publicó una copia de la carta del Departamento de Justicia en el sitio web de la secretaría del condado.
En la carta dirigida al condado de Los Ángeles, el Departamento de Justicia indicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó al secretario de Estado de California que, "probablemente, hay numerosas personas que no son ciudadanas" registradas para votar en las elecciones federales en California.
"Adjunta a esta carta se encuentra una memoria USB protegida por contraseña que contiene una lista de nombres de personas que, según el Gobierno Federal, probablemente no sean ciudadanos, pero a quienes se les envió una boleta de voto por correo desde California para participar en las elecciones de noviembre", señalaba la carta.
La misiva solicitaba al condado de Los Ángeles que revisara la lista en un plazo de 48 horas. Para aquellas personas cuya ciudadanía no pudiera verificar el condado de forma independiente, la carta pedía que se dieran instrucciones a los funcionarios electorales para "separar —no anular—" dichas boletas de voto por correo hasta que se pudiera determinar su estatus de ciudadanía.
Si el condado no atendía la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ), la carta advertía que "Estados Unidos no tendrá más remedio que buscar medidas de urgencia".
Logan indicó que su oficina no ha accedido al contenido de la memoria USB, ya que hacerlo contravendría los "protocolos establecidos de privacidad de datos y seguridad de la información". Asimismo, señaló que su oficina no considera el dispositivo un medio seguro y añadió que la carta no especifica el número de personas afectadas ni describe la información contenida en los registros.
"Mantener registros precisos de inscripción de votantes es una responsabilidad fundamental de nuestra oficina", afirmó Logan en un comunicado. "Las leyes federales y estatales son claras respecto a cómo se determina la elegibilidad de los votantes; cualquier medida para retirar a un votante del censo debe basarse en información verificable, no en afirmaciones derivadas de cruces de datos sin confirmar".
Logan señaló que, ante la proximidad de las elecciones generales de 2026, su departamento está centrado en garantizar un proceso electoral seguro, fiable, preciso y transparente.
"Seguiremos cumpliendo con los requisitos legales y los procedimientos de verificación establecidos, protegiendo al mismo tiempo los derechos de todos los votantes que reúnan los requisitos", declaró Logan.
La oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom publicó el miércoles un mensaje en X en respuesta a la carta.
"Con la misiva que enviaron, la administración Trump lo que está haciendo es exigir a los funcionarios electorales de California que infrinjan voluntariamente una ley federal establecida por el Congreso. Es algo totalmente inaceptable e inapropiado por parte de las autoridades federales, especialmente teniendo en cuenta sus antecedentes", señalaba el comunicado, sin especificar qué ley federal se vería vulnerada. El secretario de Estado de California también criticó la carta del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en una respuesta publicada en X.
"Los incesantes esfuerzos del Departamento de Justicia de EE. UU. por obtener acceso ilegal a los datos protegidos de los votantes de los estados y depurar los padrones electorales solo sirven para generar caos y alimentar la desconfianza pública en nuestras elecciones", señaló la declaración. "California cuenta con leyes estatales sólidas que establecen que solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse para votar y que cualquier persona no elegible que se haya registrado debe ser eliminada de los padrones electorales del estado".
