El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el miércoles la primera “ofensiva contra el fraude fiscal” a nivel nacional, que dio lugar a acciones judiciales contra 76 acusados en 45 días, cuyos presuntos delitos representaban una pérdida prevista de más de 490 millones de dólares.
La acción de aplicación de la ley contó con la participación de 35 fiscalías federales, la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia y la Unidad de Investigación Criminal del IRS, según un comunicado del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia indicó que los nuevos cargos contra 31 acusados implicaban más de 350 millones de dólares en pérdidas estimadas que se pretendía causar al gobierno federal, mientras que los juicios, las declaraciones de culpabilidad y las sentencias relacionadas con otros 45 acusados representaban casi 140 millones de dólares en pérdidas estimadas.
“Debemos proteger y recuperar los miles de millones de dólares que se le roban al pueblo estadounidense cada año”, declaró el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Colin McDonald, en una conferencia de prensa. “Seguiremos procesando a los estafadores que violan intencionalmente una obligación legal conocida al mentirle al IRS, privar al gobierno federal de ingresos legítimos y robar dinero que, de otra manera, financiaría programas gubernamentales vitales”.
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McDonald señaló que los investigadores federales no buscaban a personas "que hubieran presionado el botón equivocado en un formulario de declaración en línea". Dijo que el gobierno buscaba a personas que mintieron a propósito para apropiarse de dinero que sabían que no les pertenecía.
Uno de los casos analizados durante la conferencia de prensa del miércoles se refería a Martin Navarrete, de 66 años, de Glenn Dale, Maryland. Se le imputaron cargos ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland por no recaudar, contabilizar y pagar impuestos, así como por omisión intencional de presentar declaraciones de impuestos.
El término «pago de impuestos» significa que una persona o empresa debe entregar al gobierno federal los impuestos que está legalmente obligada a recaudar o retener de otra persona.
Se acusa a Navarrete de no haber contabilizado ni pagado los impuestos del fondo fiduciario en nombre de sus empleados en Navarrete Brothers Construction desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2025.
Gabriel Reyes, de la Oficina del Defensor Público Federal, quien figuraba en los documentos judiciales como el abogado que representaba a Navarrete, no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.
"Este proceso judicial envía un mensaje claro y contundente de que erradicaremos a los defraudadores, procesaremos a los evasores y haremos justicia con quienes piensan que nuestras leyes tributarias no se aplican a ellos", dijo Kelly O. Hayes, fiscal federal del Distrito de Maryland, en un comunicado. “El fraude fiscal no solo perjudica al gobierno federal, sino que también afecta negativamente a todos los estadounidenses que cumplen con las normas”.
Otro caso involucró a Marty Linville, de 58 años, de De Queen, Arkansas. Linville, quien era propietario de una empresa de transporte, fue acusado de no presentar los formularios W-2 ante la Administración del Seguro Social y de no remitir al IRS los impuestos sobre el salario retenidos. Se declaró culpable de dos cargos de incumplimiento deliberado de la obligación de declarar y pagar los impuestos de los fondos fiduciarios. Fue condenado a 20 meses de prisión y se le ordenó pagar una indemnización de más de 3.8 millones de dólares. Fred Norton, quien figura como el abogado de Linville en los documentos judiciales, no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.
McDonald señaló que los delincuentes roban cientos de miles de millones de dólares cada año a los contribuyentes.
“Cada año se destinan más fondos de los contribuyentes a los estafadores que a la mayoría de los departamentos y agencias federales, incluidos los presupuestos combinados de los departamentos de Energía, Justicia e Interior”, dijo McDonald.
La iniciativa antifraude de Trump incluye un grupo de trabajo a nivel de todo el gobierno presidido por el vicepresidente JD Vance y una División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, creada el 7 de abril.
La división se ha enfocado en los fraudes relacionados con la atención médica, los beneficios y contratos gubernamentales, los impuestos y el comercio.
En marzo, Vance se había referido a un enfoque "de todo el gobierno" para combatir el fraude en EE. UU. mediante una estrategia coordinada entre múltiples agencias.
