El Departamento de Justicia anunció el 19 de octubre que 28 personas sin ciudadanía estadounidense que residen en California enfrentan cargos penales relacionados con procesos electorales. Según la acusación, se registraron para votar de manera fraudulenta y la mayoría emitió su voto en elecciones de Estados Unidos.
Las autoridades federales detuvieron a 11 de los 28 acusados el 19 de octubre como parte de la "Operación Proteger el Voto" (Operation Protect the Vote), un esfuerzo coordinado en el que participaron las cuatro fiscalías federales de Estados Unidos en California.
Según el Departamento de Justicia, los 28 acusados son residentes permanentes legales, también conocidos como titulares de la "tarjeta verde" (green card).
El Departamento de Justicia señaló que, aunque los titulares de la green card cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos, no son ciudadanos y no tienen permitido votar en las elecciones estadounidenses.
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Los fiscales federales alegan que los acusados en California afirmaron falsamente ser ciudadanos estadounidenses con el fin de registrarse para votar.
El Departamento indicó que muchos de ellos emitieron su voto posteriormente y, más tarde, hicieron declaraciones falsas sobre su ciudadanía o su historial de votación al solicitar la naturalización.
Los cargos varían según la situación individual de cada acusado e incluyen haberse registrado fraudulentamente para votar, haber hecho declaraciones falsas relacionadas con la naturalización y haber votado en una elección federal sin ser estadounidense.
Los cargos por delitos graves conllevan penas máximas de cinco años de prisión.
Seis acusados en el Distrito Este de California enfrentan cargos por delitos menores relacionados con el voto, los cuales estipulan una pena máxima de un año.
Los casos involucran a 13 acusados en el Distrito Central, seis en el Distrito Este, cinco en el Distrito Norte y cuatro en el Distrito Sur.
Los intentos de contactar a los abogados de los acusados no dieron resultados inmediatos.
La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, respondió señalando que él ha manifestado en repetidas ocasiones que cualquier acusación de fraude electoral debe tomarse en serio e investigarse.
"Las 28 personas acusadas esta mañana representan una fracción ínfima —aproximadamente el 0.0001 por ciento— de los más de 23 millones de votantes registrados en California. Esto no demuestra que exista fraude electoral generalizado, incluso si las acusaciones fueran ciertas", indicó la oficina del fiscal general en un correo electrónico dirigido a The Epoch Times.
"Contamos con mecanismos de salvaguarda para proteger la integridad electoral, y estos están funcionando. Los casos aislados de presunto fraude electoral ocurren tanto en estados de tendencia republicana como demócrata, y deben ser procesados dondequiera que tengan lugar".
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un video en el que se menciona que la administración Trump presentó cargos contra 113 personas en 20 estados diferentes durante las últimas siete semanas por votar o registrarse para votar de manera ilegal.
"La administración Trump desmiente por completo sus propias afirmaciones sobre un 'fraude electoral generalizado' al admitir que solo han presentado cargos contra 113 personas en 20 estados", publicó la oficina de prensa de Newsom en X el 19 de octubre.
El anuncio se produce tras una demanda federal que cuestiona la forma en que California gestiona los registros de votantes señalados por las autoridades federales como pertenecientes, posiblemente, a personas que no son ciudadanas.
El Departamento de Justicia informó que, el 13 de octubre, proporcionó a California una lista de más de 20,000 nombres de personas sospechosas de no ser ciudadanas, y solicitó al estado que retuviera sus tarjetones electorales enviados por correo a la espera de confirmar su estatus de ciudadanía.
California se negó a hacerlo, según el Departamento de Justicia. "Se trata de un intento triste y desesperado de Trump por utilizar su politizado Departamento de Justicia para tratar de reprimir a los votantes de California, apenas tres semanas antes del día de las elecciones", publicó Newsom en X el 15 de octubre.
"Las cortes dejaron claro que el gobierno federal no tiene ninguna función en la gestión de las elecciones estatales. Defenderemos unas elecciones libres y justas en el ‘Estado Dorado’ y denunciaremos cualquier intento autoritario de socavar nuestra democracia".
El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, señaló que los 28 acusados figuraban en una lista de más de 20,000 "personas probablemente no ciudadanas registradas para votar", la cual fue entregada a las autoridades electorales de California la semana anterior.
"Las detenciones de hoy demuestran lo que hemos venido diciendo", afirmó el primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli.
"California está enviando tarjetones electorales por correo a personas que no son ciudadanas, y se niega a cumplir con la ley federal, la cual tipifica como delito que los no ciudadanos voten. Los derechos electorales de los ciudadanos estadounidenses deben ser protegido".
