El organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado un informe en el que se afirma que la escasez de recursos y una política de la Administración Biden provocaron que se tomaran pocas medidas coercitivas contra los extranjeros —entre ellos, miles de personas posiblemente peligrosas— que permanecieron ilegalmente en Estados Unidos más allá del plazo permitido.
"El grado de incumplimiento del deber por parte de la Administración Biden, que puso innecesariamente en peligro vidas estadounidenses, es asombroso y indignante", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un comunicado de prensa del 5 de octubre.
La Oficina del Inspector General del departamento constató que, entre los ejercicios fiscales de 2021 y 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió más de tres millones de pistas sobre posibles casos de extranjeros que se habían quedado más tiempo del permitido.
Aunque 104,049 de ellas se clasificaron como amenazas potenciales para la seguridad nacional y la población estadounidense, solo se iniciaron 496 investigaciones y se detuvo a ocho ciudadanos extranjeros.
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Como consecuencia de las "escasas" medidas de control, "los ciudadanos extranjeros que potencialmente representaban una amenaza para Estados Unidos permanecieron en libertad a pesar de su situación irregular", se lee en el informe del inspector general.
El informe, publicado el 29 de septiembre, indicaba que el ICE "no disponía de recursos suficientes para perseguir todos los casos de estancia ilegal tras la expiración del visado" y que la administración del presidente Joe Biden restringió la forma en que el ICE podía destinar sus "recursos limitados".
Un memorándum de septiembre de 2021 emitido por el entonces secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, redefinió la forma en que las autoridades de inmigración seleccionan a los ciudadanos extranjeros para aplicar medidas coercitivas.
El memorándum establecía que solo se debía actuar contra los extranjeros si se sospechaba que participaban en actividades terroristas o de espionaje, o si habían cometido un delito grave y representaban una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza.
En el caso de los extranjeros que permanecen en Estados Unidos más allá del plazo permitido, el ICE les asigna una clasificación: desde "los que potencialmente representan la mayor amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, como Prioridad 1", hasta "los que se quedan más tiempo de lo permitido y son progresivamente menos peligrosos, a los que se asignan las clasificaciones de Prioridad 2 a 9". Una clasificación de 10 correspondería a "sin prioridad".
La clasificación de Prioridad 1 se ajusta a las directrices del memorándum de Mayorkas según las cuales se puede actuar contra los extranjeros.
De las 1769 pistas de Prioridad 1 sobre extranjeros que se han quedado más tiempo del permitido, se iniciaron 84 investigaciones y solo se llevaron a cabo dos detenciones.
En la primera semana del presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca el año pasado, firmó un decreto ejecutivo que anulaba el memorándum de Mayorkas, lo que permitía de hecho a el ICE perseguir a los extranjeros que se habían quedado más tiempo del permitido, independientemente de su clasificación.
Aparte de los recursos limitados y de la política anterior de Mayorkas, el informe del inspector general reveló que la deficiente gestión de los registros también obstaculizó las medidas de control que se llevaron a cabo bajo la administración Biden.
Casi 200 extranjeros que se habían quedado más tiempo del permitido y estaban clasificados como "Prioridad 1" carecían de información suficiente sobre su dirección. Los funcionarios del ICE señalaron en el informe que muchas de las direcciones de los extranjeros correspondían a ubicaciones temporales, como complejos turísticos y hoteles.
Las pistas restantes "sin prioridad", que ascendían a algo más de 3 millones, se remitieron a la Unidad de Operaciones de Control y Expulsión del ICE para su seguimiento, posible investigación y adopción de medidas.
La Unidad de Operaciones de Control y Expulsión investigó cinco pistas que consideró una amenaza para la seguridad pública, lo que dio lugar a dos detenciones.
"Por si las fronteras totalmente abiertas no fueran suficiente, un nuevo informe [de la Oficina del Inspector General] revela que el ICE de la era Biden no actuó ante más de tres millones de pistas", afirmó Mullin.
En el comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional incluyó ejemplos de ciudadanos extranjeros que presuntamente cometieron delitos violentos tras haber excedido el plazo autorizado de estancia en Estados Unidos.
Shaqiuel Sheldon Williams, de Jamaica, identificado como un ciudadano extranjero que se quedó más tiempo del permitido por su visado, fue detenido en agosto por un apuñalamiento en Florida. (DHS)Shaqiuel Sheldon Williams, de Jamaica, fue admitido legalmente en el país en diciembre de 2023 y permaneció en él tras expirar su permiso de estancia en enero de 2024.
Fue detenido en Florida en agosto de 2026, según el DHS, tras presuntamente apuñalar a dos personas en un Burger King.
Un hombre del Reino Unido, John Young Cotter Johnstone, entró en Estados Unidos en 2021 y se quedó más tiempo del permitido tras la expiración de su visado en febrero de 2022.
Fue detenido en mayo de 2026 en Nevada y acusado de cuatro cargos de tortura de animales en un refugio en el que trabajaba.
La Oficina del Inspector General formuló una recomendación al ICE: desarrollar y poner en marcha un plan para intensificar las investigaciones contra los ciudadanos extranjeros que se quedan ilegalmente en Estados Unidos tras haber superado el plazo de estancia autorizado, incluidos aquellos considerados riesgos de "Prioridad 1".
John Young Cotter Johnstone, del Reino Unido, se quedó en el país tras la expiración de su visado en 2022. Fue detenido en mayo en Nevada y acusado de torturar animales. (DHS)La agencia se mostró de acuerdo.
Al responder a la recomendación, un funcionario del ICE señaló el momento en que se publicó el informe, ya que se cumplen casi dos años desde el período de revisión de la administración anterior.
Las políticas han cambiado bajo la administración de Trump, escribió el funcionario del ICE.
"Las prioridades operativas actuales del ICE, la dotación de recursos y el enfoque de aplicación de la ley… dan prioridad a la investigación y el control de los ciudadanos extranjeros que solicitan la entrada o residen en Estados Unidos", se lee en la correspondencia.
