El 12 de octubre, el Departamento de Energía de los EE. UU. emitió una orden de emergencia que instruye a PJM Interconnection —el mayor operador de red eléctrica del país— a despachar unidades de generación específicas y ordenar su funcionamiento según sea necesario para mantener la fiabilidad del sistema.
La orden de emergencia (Orden N.º 202-26-50) también autoriza a PJM a recurrir a recursos de generación de respaldo antes de declarar una Alerta de Emergencia Energética de Nivel 3 o durante la vigencia de la misma. PJM puede solicitar a los propietarios de líneas de transmisión y a las empresas de distribución eléctrica que ejecuten dicha orden. El operador de la red presta servicio a más de 65 millones de personas en 13 estados y el Distrito de Columbia.
PJM presentó la solicitud el 11 de octubre, proyectando una demanda de "aproximadamente 111.500 MW (o superior)" para el 13 de octubre. La empresa indicó que, para el 14 de octubre, el sistema operaría con un margen de reserva de apenas 900 MW.
Las interrupciones previstas en la generación eléctrica se estimaron en 61,591 MW, previéndose la mayor presión en las zonas de BGE, PEPCO y Dominion, que abastecen principalmente a Maryland, Virginia, Carolina del Norte y el área metropolitana de Washington D. C.
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El secretario de Energía, Chris Wright, determinó la existencia de una emergencia legal, citando un aumento repentino de la demanda y la escasez de energía eléctrica o de las instalaciones necesarias para su generación o transmisión. La orden está vigente desde el 13 hasta el 16 de octubre, periodo en el que se espera que las temperaturas desciendan.
Se emitieron medidas de emergencia similares para la misma región durante una ola de calor estival. En junio, Wright dictó dos órdenes que autorizaban el despacho de unidades específicas y recursos de respaldo ante una demanda récord prevista.
"Mantener un suministro eléctrico asequible, fiable y seguro en el territorio de servicio de PJM es algo innegociable", declaró Wright en aquel momento. "Las políticas de reducción energética de la administración anterior debilitaron la red, dejando a los estadounidenses más vulnerables ante sucesos como este. Gracias al liderazgo del presidente [Donald] Trump, estamos revirtiendo esos errores y utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los habitantes de la región del Atlántico Medio sigan teniendo acceso a energía asequible, fiable y segura para abastecer y climatizar sus hogares".
Dichas directrices también respondían a solicitudes presentadas por PJM.
Wright ha invocado reiteradamente la sección 202(c) para mantener en funcionamiento diversas centrales eléctricas. En mayo de 2025, el Departamento ordenó a PJM, en coordinación con Constellation Energy, que siguiera operando dos unidades alimentadas con petróleo y gas en la central eléctrica de Eddystone, en Pensilvania, más allá de su fecha de retiro prevista para el 31 de mayo. Las unidades de esta planta de 820 megavatios se mantuvieron operativas debido a preocupaciones sobre la suficiencia de recursos ante el aumento de la demanda.
"Garantizar el acceso a energía asequible, fiable y segura es siempre nuestra máxima prioridad, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda de electricidad alcanza su punto máximo", afirmó Wright. "Los estadounidenses nunca deberían tener que preguntarse si podrán encender las luces o el aire acondicionado. Esta orden de emergencia ayuda a proteger el bolsillo de los consumidores y, al mismo tiempo, asegura el suministro eléctrico en sus hogares y empresas. El déficit energético o los aumentos innecesarios de precios no son opciones contempladas por esta Administración".
Durante una reunión en la Casa Blanca, Wright declaró que, bajo su dirección, el Departamento de Energía impediría el cierre de centrales eléctricas antes de las fechas previstas para su retiro.
En septiembre, un panel de la corte de Apelaciones del Circuito de D.C. anuló una orden que había impedido el cierre de una central de carbón en Michigan. La corte determinó que el Departamento se había excedido en sus competencias, describiendo la normativa como "esencialmente un mecanismo de respaldo limitado y de último recurso".
