El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que un distrito escolar de Kansas violó dos leyes de derechos parentales al permitir que los estudiantes se sometieran a transiciones de género en la escuela sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres.
En una demanda presentada el martes, el Departamento de Justicia dijo que las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, crearon y conservaron planes escritos de transición de género, al tiempo que permitían a los estudiantes solicitar —y a los funcionarios del distrito aprobar— la exclusión de sus padres de las reuniones de planificación.
Según el DOJ, esta práctica es ilegal porque, en la práctica, impide que los padres accedan a los expedientes académicos de sus hijos y los cuestionen, en violación de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés).
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Según la denuncia, las normas del centro establecen que las solicitudes de los alumnos para que no se informe a sus padres serían evaluadas por los administradores del distrito y un abogado, quienes tendrían en cuenta la edad del alumno, su nivel escolar, su bienestar y otra información.
La demanda también alega que el distrito violó la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA, por sus siglas en inglés), que exige el consentimiento previo por escrito de los padres antes de que las escuelas requieran que los menores participen en ciertas evaluaciones que revelan información sensible.
"Los derechos de los padres son primordiales en el funcionamiento de las escuelas públicas estadounidenses, y las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas, no conocen a los niños mejor que sus propios padres", dijo la Fiscal General Adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en un comunicado. "El Departamento no tolerará que los distritos escolares infrinjan la ley federal en aras de una ideología de género radical".
El distrito escolar emitió un comunicado el martes a The Epoch Times negando las acusaciones del Departamento de Justicia.
"Contrariamente a las alegaciones de la demanda, el distrito sostiene que cumple plenamente con la FERPA y la PPRA, y lamenta la decisión del Departamento de Justicia de presentar la demanda", indicó el distrito escolar.
"Dado que este asunto se encuentra pendiente ante una corte federal, el distrito responderá a la demanda a través del proceso legal correspondiente y no hará más comentarios por el momento".
También solicitó una reunión especial para el martes.
Según las políticas de la escuela, una reunión de planificación puede abordar el nombre preferido del estudiante, el género y los pronombres, su expediente académico, los baños, los vestuarios, las excursiones, los deportes y la formación del personal.
El plan resultante se plasma por escrito y el distrito lo conserva. Se entrega una copia al padre o tutor, a menos que el distrito haya acordado incluirlos, según consta en la demanda.
El gobierno alega que esos planes escritos califican como expedientes educativos según la ley FERPA, que otorga a los padres el derecho a inspeccionar los expedientes educativos de sus hijos y a impugnar la información que consideren inexacta, engañosa o una invasión de la privacidad.
El distrito escolar de Kansas City cuenta con una política sobre personas transgénero desde 2017, y la versión actual se implementó en 2024.
La demanda solicita una orden judicial para detener la aplicación de la política. Alega que la política del distrito sobre personas transgénero no brinda a los padres la oportunidad de impugnar la información engañosa o inexacta que contiene, entre otras acusaciones.
La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, señaló que durante décadas las escuelas operaron con poca rendición de cuentas, ya que las leyes federales sobre los derechos de los padres no se aplicaban, lo que permitió que algunos distritos excluyeran a los padres de los asuntos personales de sus hijos.
"Esa era ha terminado", señaló McMahon en un comunicado de prensa. "La administración Trump está aplicando estas leyes a una escala sin precedentes y dejando claro que las escuelas no pueden ocultar información confidencial a los padres y pretender operar con impunidad".
