Misisipi puede hacer cumplir una ley que prohíbe ciertas prácticas de diversidad en las escuelas, según dictaminó una corte federal de apelaciones el 22 de octubre en una resolución que además destituyó al juez que supervisaba el caso sobre el uso de la inteligencia artificial.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó una decisión de 2025 del juez federal de distrito Henry Wingate que impedía al estado aplicar una ley que restringe las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
La ley, H.B. 1193, prohíbe a las escuelas y universidades promover la DEI a través de clases, así como a los administradores sancionar a los estudiantes por sus opiniones sobre la DEI.
Wingate dijo que la ley violaba los derechos constitucionales de los maestros y los estudiantes, y se puso del lado de demandantes como la Federación de Maestros de Jackson.
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El Quinto Circuito no estuvo de acuerdo.
Los jueces del circuito señalaron que las órdenes que bloqueaban la ley eran insuficientes porque solo citaban dos casos para concluir que la ley viola los derechos de la Primera Enmienda y hacían caso omiso de un marco establecido por la Suprema Corte en una decisión conocida como Moody para futuros casos relacionados con la Primera Enmienda.
"La corte de distrito desestima el marco de Moody como una formalidad 'supuesta' que se cumplió simplemente porque los demandantes identificaron programas y libros que, en su opinión, están 'posiblemente en la lista de eliminaciones'", escribió el juez de circuito Jeffrey Smith en nombre del panel unánime del Quinto Circuito.
"Eso no se acerca ni remotamente a cumplir con el análisis exigido por el caso Moody. Es inaceptable que la corte de distrito simplemente asuma que las afirmaciones de los demandantes de que ciertos materiales están ‘en la lista de materiales que podrían ser eliminados’ deben significar que se produjo una violación constitucional, sin realizar ningún análisis jurídico independiente en absoluto”.
Según este marco, un demandante debe demostrar que las aplicaciones inconstitucionales de una ley "superan sustancialmente" a las aplicaciones constitucionales. El proceso de dos pasos incluye establecer el alcance de la ley y luego comparar lo que sería y lo que no sería constitucional.
“El razonamiento sustantivo restante de la corte de distrito es, en el mejor de los casos, deficiente”, señaló Smith. “El juez Wingate cita a un par de padres que supuestamente estaban preocupados por el impacto de la ley; el hecho de que los demandados se muestren “abiertamente evasivos”, algo que raya en lo paradójico y que no tiene nada que ver con el análisis jurídico; y, en cuanto a la vaguedad, la idea de pasada de que “si [la H.B. 1193] hace honor a los temores que ha generado, tiene una boca llena de dientes afilados que podrían infligir mordidas profundas”.
La Fiscalía General de Misisipi y el sindicato de maestros no respondieron a las solicitudes de comentarios antes del momento de la publicación.
El Quinto Circuito anuló la medida cautelar que Wingate había dictado. Asimismo, remitió el caso a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Misisipi, pero hizo hincapié en que un juez diferente debe encargarse del caso en lo sucesivo.
Se señaló que la orden de restricción temporal original de Wingate incluía múltiples supuestos hechos sin fundamento en la realidad, entre ellos referencias a demandantes y demandados que no figuraban en la demanda, así como citas falsas que se atribuían a la ley.
Posteriormente, Wingate sustituyó la orden sin dar explicación alguna, pero la orden actualizada también citaba un fallo judicial que no existe.
"La corte de distrito —o tal vez, siendo benévolos, su agente de inteligencia artificial— ignoró y manipuló la legislación aplicable, aparentemente para satisfacer una agenda política", dijo Smith.
"Debido a los errores extraordinariamente graves cometidos por la corte de distrito, anulamos la resolución y remitimos el caso para que sea asignado a otro juez de distrito".
Wingate, quien no respondió a una solicitud de comentarios, reconoció en una carta dirigida a la Oficina Administrativa de las Cortes de Estados Unidos que un asistente legal utilizó inteligencia artificial para ayudar a redactar la orden de restricción y que el dictamen inicial era un borrador que no había "pasado por el proceso de revisión estándar".
Wingate dijo que había tomado medidas para garantizar que el error no volviera a ocurrir.
