El exrepresentante David Rivera (R-Fla.) fue declarado culpable el viernes de ejercer presión en secreto en nombre del gobierno de Venezuela, tras un juicio federal de siete semanas.
Rivera —junto con su colaboradora Esther Nuhfer— fue condenado por todos los cargos, entre ellos no registrarse como agente extranjero y conspirar para cometer blanqueo de capitales.
Los fiscales afirmaron que la pareja trabajó para el gobierno del líder venezolano Nicolás Maduro como parte de una campaña de influencia encubierta.
Según la acusación del gobierno, Rivera aprovechó sus conexiones políticas republicanas, incluidos los vínculos de su etapa en el Congreso, para presionar a los funcionarios estadounidenses a fin de que suavizaran su postura hacia el liderazgo socialista de Venezuela.
Los fiscales alegaron que Rivera consiguió un contrato de cabildeo por valor de 50 millones de dólares de la funcionaria venezolana Delcy Rodríguez, con fondos vinculados a la petrolera estatal PDVSA.
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Como parte de esta iniciativa, Rivera colaboró con el representante Pete Sessions (R-Texas.) y otras personas para organizar reuniones con funcionarios estadounidenses y líderes empresariales.
Sessions no ha sido acusado de ningún delito.
El caso puso de relieve el papel que Miami ha desempeñado desde hace tiempo como centro de influencia en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, marcado por su numerosa comunidad de exiliados y su historia de activismo anticomunista.
Rivera fue acusado por primera vez en 2022. Los fiscales afirmaron que utilizó comunicaciones cifradas para ocultar sus actividades, incluido un grupo de mensajería llamado "MIA".
Uno de sus contactos clave fue el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien se ha enfrentado por separado a cargos de soborno en EE. UU.
Los mensajes presentados en el juicio supuestamente mostraban el uso de lenguaje codificado: Se referían a Maduro como "el conductor del autobús", a Sessions como "Sombrero" y al dinero como "melones".
Rivera negó haber cometido algún delito.
Su defensa argumentó que su empresa fue contratada por una filial con sede en EE. UU. de la petrolera venezolana, no directamente por el gobierno venezolano, y que, por lo tanto, no estaba obligada a registrarse en virtud de las leyes de agentes extranjeros.
También afirmaron que su trabajo se centró en asuntos empresariales, como ayudar a Citgo a operar en Estados Unidos, y en fomentar el cambio político en Venezuela.
Sin embargo, los fiscales señalaron un caso civil relacionado en el que se alega que Rivera realizó muy poco del trabajo contratado y utilizó el acuerdo para encubrir actividades de cabildeo ilegales.
De los aproximadamente 20 millones de dólares que recibió, afirmaron que millones se desviaron a gastos personales, incluido el mantenimiento del yate de lujo de Gorrín.
Los fiscales dijeron que Rivera consideraba al secretario de Estado Marco Rubio como un aliado clave para acceder a altos funcionarios estadounidenses. Rubio no fue acusado de ninguna conducta indebida.
Los registros judiciales revelaron que Rivera se reunió con Rubio en Washington en 2017 y posteriormente le animó a apoyar las negociaciones con Maduro, sugiriendo que Estados Unidos debería ayudar a facilitar una resolución pacífica.
La iniciativa fracasó finalmente.
Ese mismo año, el presidente Donald Trump impuso sanciones a Maduro, tildándolo como "dictador" y aplicando una política de mano dura. Rubio respaldó posteriormente de forma pública ese enfoque.
La comparecencia de Rubio el 24 de marzo fue históricamente notable, ya que supuso la primera vez que un miembro en activo del gabinete testificaba en un juicio penal desde 1983.
Al testificar en una sala del tribunal de Miami con estrictas medidas de seguridad, Rubio describió una relación estrecha y de larga data con Rivera que comenzó durante su etapa en la Legislatura de Florida a principios de la década del 2000.
Su amistad continuó en Washington —Rubio en el Senado y Rivera en la Cámara de Representantes— y se extendió a círculos sociales comunes y reuniones familiares.
Rubio relató un momento clave en julio de 2017, cuando Rivera solicitó urgentemente una reunión para hablar de Venezuela.
A la mañana siguiente, Rivera viajó a Washington y se reunió con Rubio en su casa, diciendo que estaba trabajando con Gorrín en un plan para convencer a Maduro de que dimitiera.
Rubio declaró ante el tribunal que se mostró escéptico, describiendo el gobierno de Maduro como un grupo de "traidores" propensos a propuestas cuestionables, aunque se mostró dispuesto a escucharle.
"Pero si había siquiera un 1 % de posibilidades de que fuera real —y yo pudiera ayudar a alertar a la Casa Blanca—, estaba dispuesto a ello", testificó Rubio.
A los pocos días, Rubio utilizó los argumentos proporcionados por Rivera para pronunciar un discurso en el pleno del Senado en el que indicaba que Estados Unidos no tomaría represalias contra los funcionarios venezolanos que ayudaran a derrocar a Maduro.
"Me dio una idea del tipo de lenguaje que los miembros del régimen necesitaban oír", dijo Rubio. "Sin venganza, sin represalias".
El 3 de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y lo llevaron, junto con su esposa, a Estados Unidos para ser juzgado por narcoterrorismo y otros cargos.
