Los reguladores federales advierten al sector bancario que considere cuidadosamente los riesgos que implica otorgar préstamos a personas que carecen de autorización para trabajar en Estados Unidos, entre ellos la incertidumbre en cuanto a los ingresos y el riesgo de deportación.
"Cuando los ingresos de un prestatario provienen de un empleo que no está autorizado legalmente, la fuente de pago puede ser menos confiable y puede presentar un mayor riesgo crediticio", señalaron la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) en una guía conjunta publicada el lunes.
La guía no impone nuevos requisitos ni prohíbe de manera absoluta que los bancos y las cooperativas de crédito otorguen préstamos a dichos prestatarios. En cambio, les recuerda sus obligaciones existentes.
De acuerdo con las normas de supervisión vigentes, se espera que las instituciones financieras mantengan prácticas prudentes de otorgamiento de crédito, lo que incluye evaluar la disposición y la capacidad del prestatario para pagar el préstamo de acuerdo con sus términos. Esto incluye evaluar la fuente de pago, la estabilidad de los ingresos, la situación financiera general, los recursos y otros factores relevantes para el riesgo crediticio.
Las agencias señalaron que otorgar préstamos a personas sin autorización legal para trabajar puede implicar un riesgo elevado, ya que su capacidad para obtener ingresos, conservar un empleo y mantener la estabilidad financiera puede ser más incierta.
La guía cita varios escenarios que podrían afectar el pago del préstamo. Un prestatario podría perder su empleo si un empleador descubre que carece de una autorización de trabajo válida o si el empleador decide cumplir más estrictamente con la ley de inmigración. Un prestatario también podría ser deportado.
La guía también indica que las instituciones deben incorporar esos riesgos en los procesos de suscripción, gestión de cuentas, clasificación crediticia, análisis de provisiones y cumplimiento normativo, sin dejar de respetar las leyes aplicables de protección al consumidor.
La guía se basa en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo, que ordena a los reguladores financieros que reconsideren las normas de "conozca a su cliente", incluyendo si se debe exigir a los bancos que examinen más minuciosamente el estatus migratorio legal y la autorización de trabajo de los clientes.
La orden describe esta iniciativa como parte de un esfuerzo más amplio para preservar la integridad del sistema bancario de EE. UU. frente a lo que denomina "riesgos estructurales" que plantean los inmigrantes ilegales, al tiempo que se protege contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas. Menciona específicamente las preocupaciones relacionadas con las redes chinas de lavado de dinero y los cárteles mexicanos.
"Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras transfronterizas ilícitas, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que supone la concesión de crédito o la prestación de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y susceptibles de ser expulsados", establece la orden.
Antes de la guía sobre préstamos emitida el lunes, el Departamento del Tesoro publicó un aviso en el que instaba a las instituciones financieras a vigilar las actividades sospechosas relacionadas con el fraude en las nóminas, el robo de identidad y el empleo ilegal de personas que carecen de autorización laboral. El aviso se emitió conjuntamente con la FDIC, la OCC y la NCUA, y en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos.
Los empleadores que ocultan o explotan a trabajadores sin autorización laboral pueden obtener una ventaja desleal sobre las empresas que operan dentro de la ley, reducir los salarios, facilitar el robo de identidad y evadir los impuestos sobre la nómina, señaló el Tesoro.
Dicho aviso incluía más de una docena de señales de alerta para ayudar a los bancos a detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas asociadas con este tipo de esquemas.
Entre ellas se incluyen ciertas discrepancias en los números de Seguro Social, el uso de documentos de identidad extranjeros o de números de identificación fiscal individual (ITIN) en circunstancias sospechosas, cheques recurrentes emitidos a nombre de muchas personas y retiros de efectivo elevados o inusuales que puedan indicar acuerdos de pago de salarios fuera de los libros.
