El 10 de julio, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (ED) puso en marcha una iniciativa para combatir con firmeza a los depredadores sexuales en las escuelas de K-12.
"La administración Trump ha observado un patrón preocupante y recurrente en las escuelas de todo el país: denuncias creíbles de abuso y acoso sexual por parte de adultos en posiciones de autoridad que no se investigan, o bien, presuntos delincuentes que son trasladados a nuevas escuelas o a nuevos puestos en el distrito", señaló el departamento en un comunicado.
"Cuando los administradores escolares protegen a los adultos acusados de agredir o acosar a niños, permitiéndoles seguir dañando a otros estudiantes en un nuevo entorno, esto se conoce como ‘pasar la basura de mano en mano’" (passing the trash).
En una carta de orientación enviada el 10 de julio a las instituciones educativas que reciben financiación federal, la Secretaria de Educación, Linda McMahon, recordó a las escuelas su obligación legal de proteger a los niños y responder adecuadamente a las denuncias de conducta sexual inapropiada, de conformidad con el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 y la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA).
En la carta, McMahon citó un estudio de 2003 que reveló que el 9.6 % de los estudiantes de octavo a undécimo grado reportaron algún tipo de conducta sexual inapropiada por parte de un educador. McMahon destacó que esa cifra habría provocado una protesta nacional en "cualquier otro contexto".
McMahon anunció que el departamento hará cumplir rigurosamente las obligaciones del Título IX y la ESEA en todas las instituciones correspondientes. En su carta, solicitó a las escuelas que se aseguren de que sus políticas cumplan con estas regulaciones.
Los funcionarios con autoridad para tomar medidas correctivas ante denuncias de conducta sexual inapropiada deben recibir capacitación para identificar y responder a este tipo de incidentes. Las escuelas deben asegurarse de que las investigaciones sean exhaustivas, oportunas y realmente eficaces, escribió.
Las instituciones que no cumplan con estas leyes federales corren el riesgo de perder la financiación de la administración Trump, advirtió McMahon.
En su comunicado, el departamento indicó que se ha instruido a las instituciones educativas para que eviten las prácticas de "pasarse la basura".
Los centros educativos deben mantener políticas que impidan que los empleados acusados de forma creíble de agresión sexual sean trasladados a otros puestos o a nuevos centros para evitar rendir cuentas.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, habla con los periodistas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington el 20 de noviembre de 2025. (Travis Gillmore/The Epoch Times).Las instituciones también deben garantizar que los estudiantes tengan igualdad de acceso a las oportunidades educativas sin ser objeto de discriminación por razón de sexo, afirmó el departamento.
Además de instruir a las escuelas sobre la mala conducta sexual, la Oficina de Derechos Civiles está iniciando 20 investigaciones en distritos escolares que, según se ha señalado, podrían no estar abordando la mala conducta sexual del personal hacia los estudiantes.
"Nuestras escuelas deben proteger a los niños de Estados Unidos. Los padres nunca deberían tener que preguntarse si la escuela de sus hijos emplea y protege a depredadores sexuales", dijo McMahon en un comunicado.
"Las escuelas que reciben fondos federales tienen el deber de proteger a los estudiantes, denunciar con honestidad los casos de conducta sexual inapropiada y cumplir con la ley. Mediante esta iniciativa, exigimos responsabilidad a los distritos escolares porque todos los niños merecen aprender en un entorno seguro, libre de abuso y acoso sexual".
En mayo, el Departamento de Educación anunció que abriría una investigación en virtud del Título IX contra un distrito escolar de California por presuntas políticas que reasignaban automáticamente a otra escuela a los profesores acusados de incurrir en conducta sexual inapropiada con estudiantes.
Un estudio de 2023 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina reveló que el 11.7 % de 6632 graduados de secundaria informaron haber sufrido acoso sexual por parte de sus educadores durante su educación primaria y secundaria.
Según el estudio, el 63 % de los agresores eran maestros académicos, mientras que el 20 % eran entrenadores o profesores de educación física.
Varios estados ya han tomado medidas para abordar este problema. En octubre de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley SB 848, que establece nuevos requisitos para mejorar la seguridad de los estudiantes al abordar la mala conducta de los empleados y establecer un sistema estatal para dar seguimiento a dichas investigaciones.
En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt firmó la ley SB 1733 el 22 de abril. Dicha ley obliga a las escuelas a reportar cualquier alegación de abuso sexual infantil a las autoridades policiales en un plazo de 24 horas, según un comunicado del 17 de febrero de la oficina de la senadora estatal de Oklahoma, Kristen Thompson. Esta denuncia debe realizarse antes de que se inicie cualquier investigación a nivel escolar.
"Este proyecto de ley garantiza que profesionales capacitados de las fuerzas del orden dirijan las investigaciones de denuncias graves desde el principio", dijo Thompson en aquel momento. "Establece protocolos claros, refuerza la rendición de cuentas y elimina cualquier ambigüedad sobre quién es responsable de tomar medidas".
