El 28 de marzo, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera en un caso que involucraba la declaración del presidente de una invasión por parte de una pandilla.
Los abogados de la administración solicitaron a los jueces que suspendieran las órdenes de los tribunales inferiores, lo que permitiría a los funcionarios reanudar las deportaciones de inmigrantes ilegales en virtud de una ley llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
Trump dijo en una reciente proclamación que el Tren de Aragua ha estado perpetrando "una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos". Él ordenó a los funcionarios que detengan y deporten a los miembros de la pandilla.
Un juez federal bloqueó las deportaciones y una corte de apelaciones confirmó el fallo el 26 de marzo.
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