La administración Trump demandó a California por una ley que exige que los pozos de petróleo y gas se mantengan a más de media milla de distancia de viviendas y otros lugares considerados "sensibles".
La demanda, presentada el 14 de enero, impugna el Proyecto de Ley 1137 del Senado de California. El gobernador Gavin Newsom firmó la medida en 2022, pero solo entró en vigor a mediados de 2024, después de que se retirara un referéndum respaldado por la industria petrolera que pretendía derogarla.
La ley prohíbe las actividades de explotación de petróleo y gas a menos de 3200 pies de "receptores sensibles", incluyendo viviendas, escuelas, hospitales y "cualquier edificio que albergue un negocio abierto al público", con el objetivo declarado de proteger a los residentes y a los niños de la contaminación atmosférica y otros peligros relacionados con las operaciones de perforación. También impone nuevos requisitos a los pozos existentes en un radio de 3200 pies de los sitios sensibles, incluidos límites de ruido y la obligación de desarrollar un «plan de detección y respuesta a fugas» para 2025.
Mientras que Newsom ha elogiado la aplicación de la ley como una victoria sobre las "grandes petroleras", la administración Trump la calificó de intento inconstitucional de interferir en la forma en que el gobierno federal gestiona sus propios activos.
La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en nombre de la Oficina de Gestión de Tierras del Departamento del Interior de los Estados Unidos, que concede concesiones para explotar recursos de petróleo, gas y carbón en terrenos federales.
En su denuncia, el DOJ sostiene que, al prohibir el nuevo desarrollo de combustibles fósiles en terrenos federales que se encuentran dentro de las "zonas de protección de la salud" de 3200 pies, California "intenta dictar ilegalmente si, cómo y en qué condiciones los Estados Unidos pueden llevar a cabo el desarrollo de combustibles fósiles autorizado por el gobierno federal en sus propios terrenos".
Según la fiscal general Pam Bondi, la ley "eliminaría alrededor de un tercio de todos los arrendamientos de petróleo y gas autorizados por el Gobierno federal en California".
"Se trata de otra política inconstitucional y radical de Gavin Newsom que amenaza la independencia energética de nuestro país y encarece la energía para los estadounidenses", afirmó Bondi en un comunicado.
La impugnación legal forma parte de la amplia campaña de la administración Trump para impulsar la producción energética nacional y reducir la dependencia de las importaciones de energía extranjera.
En abril de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva titulada "Proteger la energía estadounidense de la extralimitación estatal", en la que criticaba a California, Vermont y Nueva York por imponer lo que él denominaba políticas "onerosas" a la producción de combustibles fósiles para promover su agenda climática.
"Estas leyes y políticas estatales debilitan nuestra seguridad nacional y devastan a los estadounidenses al aumentar los costos de la energía para las familias de costa a costa, a pesar de que algunas de estas familias no viven ni votan en los estados con estas políticas devastadoras", declaró el presidente en la orden.
La oficina de Newsom afirmó que la ley que exige los retrocesos es necesaria para salvaguardar la salud de los californianos.
"La administración Trump acaba de demandar a California por mantener los pozos de petróleo alejados de las escuelas primarias, los hogares, las guarderías, los hospitales y los parques. Piénsenlo", dijo un portavoz del gobernador en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times. "La SB 1137 crea una zona de amortiguación basada en la ciencia para que los niños puedan ir a la escuela, las familias puedan vivir en sus hogares y las comunidades puedan existir sin respirar gases tóxicos que causan asma, defectos congénitos y cáncer".
