Los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica (OCL) del Departamento de Justicia concluyeron el martes que las normas federales que prohíben a los grupos religiosos utilizar fondos de donaciones caritativas para el culto, la instrucción religiosa o el proselitismo son inconstitucionales y no las exige la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda.
El dictamen, titulado "Constitucionalidad de las restricciones religiosas al uso de fondos federales", respondió a una solicitud formal de la oficina de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció su dictamen en las redes sociales el miércoles.
"Ayer, la Oficina de Asesoría Legal del DOJ emitió un dictamen que protege la libertad religiosa en los programas federales de caridad", declaró la cuenta oficial del departamento en X. "Más de la mitad de los bancos de alimentos y comedores populares de EE. UU. son de carácter religioso".
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El dictamen se centra en tres leyes que prohíben a los beneficiarios utilizar fondos federales directos para actividades religiosas: la reforma del sistema de asistencia social de 1996 conocida como PRWORA, la Ley del Servicio de Salud Pública y la Ley de Subvenciones en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil de 1990. Las regulaciones complementarias del HHS exigen que los proveedores de base religiosa mantengan el culto, la instrucción religiosa y el proselitismo separados, ya sea en tiempo o en lugar, de los servicios financiados con subvenciones.
"Las disposiciones legales y regulaciones federales que restringen el financiamiento federal basándose en la condición religiosa de un proveedor del programa o en los usos religiosos previstos de los fondos no son exigidas por la Cláusula de Establecimiento", señala el dictamen.
"Dado que las restricciones religiosas legales y reglamentarias aplicables a los programas administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos discriminan en función del uso religioso previsto sin ningún interés gubernamental imperioso, violan la Cláusula de Libre Ejercicio".
La Cláusula de Establecimiento es la disposición de la Primera Enmienda que prohíbe al gobierno establecer una religión oficial.
Las antiguas restricciones surgieron de los esfuerzos de la iniciativa "Charitable Choice" de finales de la década de 1990, cuando los legisladores abrieron los programas de asistencia social, tratamiento de adicciones y cuidado infantil a proveedores religiosos, pero aún limitaban el gasto "sectario" para cumplir con la doctrina de la Cláusula de Establecimiento que prevalecía en ese entonces.
La OLC afirma ahora que esa doctrina ha sido sustituida por decisiones posteriores de la Corte Suprema, entre ellas Trinity Lutheran, Espinoza, Carson v. Makin y Kennedy v. Bremerton School District. Según esos casos, escribió la OLC, las restricciones religiosas basadas en el uso de programas de financiamiento federal de acceso general se presumen inconstitucionales.
El dictamen no reescribe el Código de Estados Unidos, sino que informa al poder ejecutivo sobre cómo tratar esas leyes desde el punto de vista constitucional.
En primer lugar, el HHS debe aplicarla, y la OLC le aconseja que adopte una política de no hacer cumplir las disposiciones legales impugnadas ni las regulaciones que las desarrollan. Si el HHS lo hace, debe informar al Congreso sobre esa decisión de no aplicación en un plazo de 30 días, conforme al artículo 28 U.S.C. § 530D.
En segundo lugar, se deben modificar las regulaciones. Las normas del HHS aún establecen que los beneficiarios de subvenciones no pueden utilizar la ayuda federal directa para "actividades explícitamente religiosas" y deben separar esas actividades de los servicios financiados. Un dictamen de la OLC no deroga automáticamente esas normas, y el HHS tendría que revisar los términos de las subvenciones, las directrices y el Código de Regulaciones Federales para que los funcionarios a cargo de los programas dejen de aplicar las condiciones anteriores.
En tercer lugar, las leyes siguen vigentes hasta que el Congreso o una corte actúe. La PRWORA, la Ley del Servicio de Salud Pública y la ley de cuidado infantil aún contienen las prohibiciones de financiamiento. La OLC concluyó que esas disposiciones son inconstitucionales y separables, lo que significa que el resto de cada ley puede seguir en vigor. Solo el Congreso puede eliminar el texto, y solo una corte puede obligar a las partes fuera del poder ejecutivo.
Esfuerzos en materia de libertad religiosa
La medida del Departamento de Justicia (DOJ) de esta semana se inscribe en un esfuerzo más amplio de la administración Trump por ampliar la participación religiosa en los programas federales.La Comisión de Libertad Religiosa del departamento presentó su borrador final del informe al presidente Donald Trump el 26 de junio, recomendando que el Departamento de Justicia emita directrices sobre la cláusula de establecimiento.
"La verdad es que la frase 'muro de separación entre la Iglesia y el Estado' no aparece ni en la Primera Enmienda ni en ninguna otra parte de la Constitución", señaló el informe.
En abril, un grupo de trabajo del Departamento de Justicia publicó un informe independiente en el que se alegaba un sesgo anticristiano en los procesos judiciales, las políticas y las prácticas de las agencias de la era Biden.
El informe del Grupo de Trabajo del Departamento de Justicia para Erradicar el Sesgo Anticristiano concluyó que los procesos judiciales, las políticas y las prácticas de la administración anterior constituían un sesgo en múltiples agencias.
"Ningún estadounidense debería vivir con el temor de que el gobierno federal lo castigue por su fe", dijo en ese momento el fiscal general interino Todd Blanche.
