Las regulaciones económicas de China con características del PCCh

La economía marxista-leninista es un oxímoron

Contenedores de carga en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 12 de agosto de 2025. China y los Estados Unidos retrasaron el aumento de aranceles sobre las importaciones mutuas por 90 días, horas antes de que expirara una tregua comercial entre las dos economías más grandes del mundo el 12 de agosto. (STR/AFP vía Getty Images)

Contenedores de carga en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 12 de agosto de 2025. China y los Estados Unidos retrasaron el aumento de aranceles sobre las importaciones mutuas por 90 días, horas antes de que expirara una tregua comercial entre las dos economías más grandes del mundo el 12 de agosto. (STR/AFP vía Getty Images)

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27 de febrero de 2026, 8:47 p. m.
| Actualizado el27 de febrero de 2026, 8:47 p. m.

Opinión

A lo largo de los años, el Partido Comunista Chino (PCCh) se ha visto obligado a incorporar conceptos económicos occidentales como las "reformas orientadas al mercado" y las "reformas estructurales del lado de la oferta" en su marco regulatorio para lograr una "economía de mercado socialista con características chinas", al tiempo que mantiene el control central en la consecución de los objetivos frecuentemente declarados por el líder del Partido, Xi Jinping, de "promover el desarrollo y la innovación de alta calidad".

La última de estas medidas económicas fue la adopción de la Ley de Promoción de la Economía Privada (PEPL) por parte del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional el pasado mes de abril. Se trata de la primera legislación fundamental de China dedicada a apoyar y regular el sector privado nacional.

¿Es probable que la ley cumpla sus objetivos? Analicémosla.

La Ley de Promoción de la Economía Privada

La PEPL, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025, consta de 78 artículos que definen las "organizaciones de la economía privada" como entidades con ánimo de lucro controladas por ciudadanos chinos, excluyendo las empresas de propiedad mayoritariamente extranjera.
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Es casi seguro que la ley fue motivada por la necesidad de contrarrestar los reveses del sector privado derivados de la inestabilidad política a lo largo de los años, la aplicación discriminatoria de las regulaciones contra las empresas estatales, las tensiones comerciales asociadas a los aranceles, la demanda débil y fluctuante y el continuo colapso del sector inmobiliario, que afecta gravemente a los gobiernos locales.

Durante varios años se ha venido realizando una práctica especialmente perniciosa denominada "pesca en mar abierto". Se trata de una metáfora que ilustra cómo los organismos encargados de hacer cumplir la ley entre provincias confiscan, congelan o incluso abusan de métodos delictivos contra empresas de otros lugares para obtener beneficios indebidos bajo el pretexto de hacer cumplir la ley. El objetivo es utilizar el derecho penal para saldar deudas locales robando a otras jurisdicciones.

Como resultado de las preocupaciones y prácticas mencionadas, los gobiernos locales siguieron sin cumplir sus objetivos de planificación (¡siempre un reto en una economía planificada centralmente!), lo que dio lugar a detenciones arbitrarias "por corrupción", incautaciones de activos y grandes deudas impagadas e incobrables, todo lo cual erosiona la confianza en los planificadores de los gobiernos locales.

En 2024, muchos de estos problemas llegaron a un punto crítico. La inversión privada se contrajo, y la inversión extranjera directa (IED) cayó un 27.1 por ciento solo en 2024. Los empresarios privados se enfrentaron a una creciente discriminación en el acceso al crédito y al mercado en comparación con las empresas estatales. Aumentaron los arrestos arbitrarios por pesca en aguas lejanas; solo en la provincia de Guangzhou, casi 10,000 empresas privadas se enfrentaron a incautaciones interprovinciales en 2023.

En un intento por abordar las preocupaciones económicas que afectaron a los ciudadanos chinos durante décadas, la nueva ley prohíbe prácticas discriminatorias como las regulaciones abusivas, el proteccionismo local, los monopolios, las detenciones extrajudiciales, las incautaciones de activos y los incumplimientos de contratos por parte de los gobiernos locales o las empresas estatales, al tiempo que exige pagos puntuales y normas reguladoras unificadas que rijan todas las transacciones económicas.

La ley tiene por objeto impulsar el desarrollo sostenible y de alta calidad del sector privado, garantizando la igualdad de condición jurídica, la competencia leal, el acceso a la inversión y la financiación, el apoyo a la innovación, la protección de los derechos y la restricción de abusos como la aplicación de la "pesca en mar abierto".

Su objetivo principal es restablecer la confianza de los empresarios, alinear a las empresas privadas con las prioridades nacionales establecidas por el PCCh e integrar al sector privado chino en el 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), garantizando la igualdad de condiciones y el acceso a los factores de producción.

Integración con la Lista Negativa de 2025 para el Acceso al Mercado

Concretamente, la PEPL se integra con la Lista Negativa de 2025 para el Acceso al Mercado con el fin de permitir la entrada en igualdad de condiciones en los sectores no reservados y exige la alineación ideológica con las directrices del PCCh.

La Lista Negativa de 2025 para el Acceso al Mercado es el catálogo oficial nacional de China que enumera los sectores, industrias y actividades en los que se prohíbe o restringe la entrada en el mercado (como la inversión y las operaciones) y se requiere la aprobación del gobierno (PCCh), licencias o condiciones específicas para participar. La lista contiene 106 elementos restringidos en 21 industrias, de los cuales seis están totalmente prohibidos (por ejemplo, considerados sensibles o áreas de monopolio estatal).

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La PEPL establece que todas las entidades cualificadas —empresas privadas chinas, empresas estatales e inversores extranjeros— tienen acceso igualitario y no discriminatorio para entrar, invertir y operar en cualquier sector que no figure en la Lista Negativa, sin barreras especiales ni aprobaciones más allá del registro comercial estándar.

Sin embargo, la aplicación real varía debido a los caprichos de la discrecionalidad y la corrupción reguladoras, las autorizaciones en la práctica o las ventajas que desde hace tiempo disfrutan las empresas estatales en materia de contratación pública, incluso en los denominados sectores abiertos. El quid de la cuestión es que la PEPL exige la alineación ideológica con las directrices del PCCh, lo que abre la puerta a la corrupción burocrática.

Desafíos estructurales y de aplicación

Desde su implementación, la PEPL se enfrentó a persistentes desafíos estructurales y de aplicación que socavan su eficacia, sus objetivos y su propósito (proporcionar estabilidad económica, una apariencia de equidad frente a las empresas estatales y normas coherentes para el desarrollo del sector privado).

Simbolismo versus Responsabilidad y aplicación

En lugar de aplicar nuevos requisitos legales audaces y sustantivos o herramientas innovadoras para garantizar el cumplimiento, la PEPL es una repetición de leyes y políticas preexistentes derivadas de la Constitución del Estado, la Ley de Inversión Extranjera y otras fuentes.

La PEPL no contiene mecanismos sólidos de rendición de cuentas, ya que la versión final eliminó una disposición del borrador que habría exigido al Consejo de Estado y a los gobiernos locales informar periódicamente a los comités permanentes de la Asamblea Popular Nacional (el órgano legislativo chino, que actúa como mero sello de goma) sobre sus esfuerzos de promoción de la economía privada.

Esto podría haber permitido una supervisión legislativa real y un mejor cumplimiento, pero la ley se basa en vagas referencias a "mecanismos de coordinación" (por ejemplo, la coordinación intra gubernamental para las quejas y disputas) sin especificar sanciones por infracciones ni organismos independientes encargados de hacer cumplir la ley.

Exclusión de las empresas de propiedad extranjera

La ley define de forma restrictiva las "organizaciones de la economía privada" como entidades con ánimo de lucro controladas por ciudadanos chinos, al tiempo que excluye explícitamente a la mayoría de las empresas con inversión extranjera. Esta clasificación mantiene la división de la economía china en sectores estatal, privado nacional y extranjero, y niega a las empresas extranjeras los beneficios directos que les corresponden en virtud de la ley. El resultado es un menoscabo directo de un objetivo clave: aumentar la inversión extranjera directa en China.

Favoritismo hacia las empresas estatales en los contratos y las adquisiciones

A pesar de las disposiciones legales que establecen la igualdad de trato, las empresas estatales siguen disfrutando de un acceso preferencial a las adquisiciones, los contratos y los procesos de licitación del gobierno, a menudo debido a sesgos implícitos y al proteccionismo local.
Los estudios muestran que las empresas estatales son entre un 20 y un 50 por ciento menos productivas que las empresas privadas, pero obtienen subvenciones preferenciales, préstamos con tasas de interés más bajos (por ejemplo, tipos un 20 por ciento más bajos para las antiguas empresas estatales) y asignaciones de recursos, lo que distorsiona la competencia. El resultado es una mala asignación del capital y un impacto negativo en la rentabilidad en una economía planificada.

Persistencia del proteccionismo local

Los gobiernos locales suelen favorecer a las empresas estatales regionales o imponer "barreras invisibles", como la aplicación selectiva de la ley y los enjuiciamientos interjurisdiccionales ("pesca en alta mar"), lo que viola el requisito del artículo 24 de aplicar normas unificadas. Además, no hay sanciones por no frenar los abusos (y "desalinearse" con las prioridades nacionales).

Mandatos ideológicos

Los artículos 2 y 5 exigen la alineación ideológica con las directrices del PCCh, lo que frena la innovación y la asunción de riesgos. Esto contrasta fuertemente con los sistemas de libre mercado orientados a Occidente, en los que las empresas operan sin mandatos políticos que fomenten el amiguismo y reduzcan la transparencia.

Reflexiones finales

Quizás la deficiencia más flagrante de la nueva Ley de Promoción de la Economía Privada tiene que ver con su silencio sobre la naturaleza caprichosa de los planificadores centrales del PCCh. Al intentar micro gestionar la economía china y adelantarse al mercado, los comunistas modifican de forma inevitable e impredecible las regulaciones, las prioridades de aplicación y las medidas de apoyo, lo que genera incertidumbre para las empresas. Entre ellas se incluyen medidas reguladoras repentinas (por ejemplo, en materia de tecnología, inmobiliaria o competencia excesiva en la industria manufacturera), cambios de política de estímulo a restricción (o viceversa) y una aplicación inconsistente de las reformas.

Un ejemplo es el uso de la involución para alcanzar objetivos económicos arbitrarios. La involución es una competencia excesiva y contraproducente en la que las empresas se ven obligadas a invertir cada vez más esfuerzos y recursos, pero obtienen rendimientos marginales decrecientes o nulos, lo que a menudo da lugar a un exceso de capacidad y a una erosión de los beneficios (y al agotamiento de los empleados). Los comunistas aplicaron esto al sector de los vehículos de nueva energía en los últimos años, lo que dio lugar a intensas guerras de precios y a un exceso de capacidad.

Estas prácticas arbitrarias socavan la confianza entre los empresarios y los inversores, lo que lleva a la reticencia a comprometer capital ante el temor a normas retroactivas, multas o restricciones específicas del sector que podrían acabar con los rendimientos.

Por último, el PEPL no apoya la destrucción creativa, el principal motor del crecimiento económico en las economías occidentales. El control central del PCCh protege a las empresas estatales y a las empresas zombis del fracaso mediante subvenciones y rescates, dando prioridad a la estabilidad sobre la eficiencia.

El veredicto: el PEPL no proporcionará el alivio económico que el pueblo chino lleva tanto tiempo deseando.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.


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