Opinión
Aunque se ha reducido el número de agentes del ICE en Minneapolis y las tensiones parecen haber disminuido, una de las cuestiones políticas fundamentales de cara al futuro es: ¿cuál será la política de inmigración de la administración Trump durante el resto del año y posiblemente más allá?
Uno de los claros triunfos políticos del presidente Donald Trump en el primer año de su segundo mandato ha sido su éxito a la hora de detener la avalancha incontrolada de inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera sur. Estados Unidos ha recuperado en gran medida el control de esa frontera, y la política obvia es mantener esa situación de seguridad.
Sin embargo, la otra parte del problema de la inmigración sigue sin resolverse: ¿qué se va a hacer con los millones —10, 20, 30 o más— de ilegales que residen actualmente en Estados Unidos? Reunir y deportar a todos los que han entrado ilegalmente en el país parece numéricamente imposible. Siendo así, ¿hay alguna prioridad que pueda establecer el gobierno federal? ¿Hay algunas categorías de inmigrantes ilegales que deban estar en lo más alto de la lista de deportación? Sí, sin duda.
Tenemos que hacernos una pregunta sencilla: ¿qué inmigrantes ilegales suponen un mayor riesgo o problema para nuestra sociedad? Utilizando este criterio, yo clasificaría a dos grupos de ilegales como objetivos lógicos para la deportación. El primer grupo ha sido designado como objetivo desde el principio: aquellos con antecedentes penales, ya sea por delitos cometidos aquí en Estados Unidos o en sus países de origen. El segundo grupo ha permanecido en gran medida sin nombre, aunque últimamente he visto señales alentadoras de que están pasando a primer plano y pronto podrían recibir la atención que merecen: los ilegales que reciben prestaciones sociales.
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Hace décadas, el economista austriaco y premio Nobel F. A. Hayek advirtió que las fronteras abiertas y un gran estado del bienestar constituyen una combinación de políticas muy precaria. Naturalmente, la gente recurrirá a medios extraordinarios para escapar de la pobreza en su país natal e inmigrar a una sociedad con generosas ayudas gubernamentales. Según un informe reciente de The Washington Times, "el 61 % de los hogares de inmigrantes ilegales reciben ayudas sociales".
Es una cifra sorprendente, aunque no del todo inesperada. En estos tiempos de enorme endeudamiento público y de noticias sobre fraudes a los programas de asistencia social federales, quienes se encuentran en nuestro país de forma ilegal y se aprovechan continuamente de los contribuyentes estadounidenses son objetivos lógicos para la deportación.
Al igual que los agentes del ICE deben colaborar con las fuerzas del orden locales para localizar a los delincuentes, los funcionarios de inmigración deben reunirse con los responsables de las distintas oficinas de asistencia social para localizar a los aprovechados ilegales.
Pero, ¿qué deben hacer nuestros funcionarios de inmigración cuando encuentran a un ilegal que no recibe prestaciones sociales? Aquí voy a hacer una sugerencia controvertida: tras un reciente examen de nuestras leyes de inmigración, estoy convencido de que hemos dejado entrar a muy pocas personas de forma legal. Dicho de otro modo, aunque admitimos aproximadamente un millón de inmigrantes legales al año, esa cifra es demasiado baja en relación con las necesidades actuales de nuestro mercado laboral. Esto no quiere decir que todos esos millones de personas que entraron ilegalmente deban quedarse aquí, en absoluto. Pero algunos de ellos, sin duda.
Estados Unidos necesita inmigrantes por razones económicas. En sectores como la agricultura, la hostelería y el cuidado de personas mayores, nos enfrentamos a una escasez de mano de obra que la población activa nacional, incluso a pleno rendimiento, difícilmente podrá cubrir. Sin embargo, la razón más importante es que nuestro elaborado estado del bienestar requiere más trabajadores que paguen impuestos para seguir financiando las prestaciones que reciben las personas mayores como yo. No se trata de una opinión, sino de una realidad matemática.
Uno de los retos más graves a los que se enfrenta el mundo en su conjunto es el gran número de países que se enfrentan a una inminente implosión demográfica que amenaza la viabilidad fiscal de su estado del bienestar.
Estados Unidos está en mejor situación que la mayoría, pero incluso aquí, la única forma de financiar programas como la Seguridad Social y Medicare con la trayectoria actual será viendo crecer nuestra población. Hay quienes defienden actualmente políticas natalistas diseñadas para incentivar a las mujeres a tener más hijos, pero incluso si esos programas tuvieran un gran éxito, esos trabajadores adicionales no entrarían en la población activa hasta dentro de un par de décadas. A corto plazo, nuestra población solo crecerá gracias a la inmigración.
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Pregunta: ¿Qué inmigrantes ilegales causan más daño: los que trabajan y pagan impuestos o los que estafan a los contribuyentes? Esto sugiere un compromiso político: la política de inmigración de Estados Unidos en el futuro debería centrarse en expulsar a los ilegales que reciben cualquier tipo de prestación social. Mientras tanto, se debería llegar a algún tipo de acuerdo con los extranjeros ilegales que trabajan y pagan impuestos y que pueden ser debidamente investigados.
Se les debería proporcionar una tarjeta de identificación que les diera permiso para seguir trabajando en el país, pero que también incluyera condiciones como: 1) no tener derecho a solicitar la ciudadanía durante 10 (¿15?) años; por lo tanto, no tener derecho a votar; 2) denegarles el derecho a recibir prestaciones sociales durante un periodo similar.
Aunque no albergo grandes esperanzas de que los dos partidos políticos lleguen de repente a un compromiso bipartidista, creo que la esencia de lo que he propuesto —es decir, que Estados Unidos acoja a los extranjeros que buscan una oportunidad de trabajar, excluyendo a los que buscan aprovecharse del sistema— sería muy aceptable para las generaciones anteriores de estadounidenses.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
