La Unión Europea añadió a Venezuela este martes 10 de junio en su lista de jurisdicciones de "alto riesgo" por lavado de dinero y financiación al terrorismo que plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la UE.
La Comisión Europea emitió un comunicado con la nueva lista presentada por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, y pidió a las entidades financieras "aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones que involucran a estos países".
Los diez países incluidos en las lista son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Mientras que se eliminaron de la lista a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.
La Comisión Europea señaló que para actualizar la lista se realizó una "evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida" con información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en particular para su lista de "Jurisdicciones bajo Vigilancia Intensificada", con información recogida a través de diálogos bilaterales y visitas a los países en cuestión.
"La alineación con el GAFI es fundamental para cumplir el compromiso de la UE con la promoción e implementación de estándares globales", señaló.
La Comisión indicó que la lista fue actualizada siguiendo las exigencias del artículo 9 de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD IV), que obliga a la comisión a actualizar periódicamente la lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo.
La media entrará en vigor después de su evaluación y aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse un mes más.
Los legisladores de la UE y de los Estados miembros tienen hasta dos meses para impugnar la nueva lista.
“Identificar y enumerar las jurisdicciones de alto riesgo sigue siendo una herramienta esencial para preservar la integridad del sistema financiero de la UE”, dijo Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, a The Bruseles Times.
Un informe presentado por el Instituto CASLA ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de mayo, denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por el actual gobierno de Venezuela para reprimir a la oposición y mantenerse en el poder.
El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, rechazó la inclusión de su país en la lista, calificándola como "ridícula".
"Lo que sí representa un verdadero riesgo es la capacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y su dignidad", dice un comunicado del gobierno de Maduro publicado este 10 de junio.
El documento acusa a la UE de "no poder gobernar con coherencia su propio espacio" y califica a Venezuela como "una economía en crecimiento, con estabilidad política e instituciones para el pueblo", además de asegurar que en realidad lo que le molesta a la UE es que "hay países del Sur que ya no agachan la cabeza".
Sin embargo, el informe anual del Instituto Casla 2024-2025, presentado por la directora ejecutiva del instituto, Tamara Suju, en mayo en la sede de la OEA en Washington, DC, calificó a Venezuela como un país bajo represión estatal y crimen organizado trasnacional y pidió que los funcionarios del gobierno fueran judicializados por crímenes de lesa humanidad.
"La capacidad del régimen de sumar Instituciones y Organismos a su estrategia del control del poder ha sido primordial para mantener su estructura criminal incólume", dice el informe.
A la fecha, casi 8 millones de venezolanos han abandonado el país huyendo de la represión y la falta de oportunidades dignas para sobrevivir.
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