Un hombre de Carolina del Norte acusado de apuñalar mortalmente a una refugiada ucraniana de 23 años en un tren de Charlotte fue acusado por un gran jurado federal de asesinato capital el 22 de octubre.
Decarlos Dejuan Brown Jr., de 34 años, fue acusado de un delito de violencia contra un transportista ferroviario y un sistema de transporte público con resultado de muerte, en virtud del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1992. El delito conlleva la pena de muerte y, si es declarado culpable por un jurado unánime, Brown podría ser condenado a muerte y ejecutado.
El 22 de agosto, Brown estaba sentado detrás de Iryna Zarutska en un tren operado por el Sistema de Transporte Público del Área de Charlotte. Sin provocación alguna, según las imágenes de vídeo del incidente ampliamente difundidas, Brown se levantó y presuntamente apuñaló a Zarutska en el cuello con un cuchillo. Fue detenido tras salir del tren. Zarutska murió en el lugar de los hechos.
"He ordenado a mis abogados que procesen federalmente por asesinato a Decarlos Brown Jr., un delincuente violento reincidente con antecedentes de delitos violentos. Pediremos la pena máxima por este acto de violencia imperdonable", escribió la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, el 9 de septiembre en un comunicado sobre la acusación de Brown por un delito independiente —ataque terrorista u otra violencia contra un sistema de transporte público— en la misma sección de la ley.
El asesinato de Zarutska atrajo la atención y la condena internacional generalizada, incluida la del presidente Donald Trump. Este sugirió que Brown fuera "condenado a muerte. ¡No puede haber otra opción!", en su plataforma de redes sociales, Truth Social.
En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para reactivar las ejecuciones, que no se llevaron a cabo durante el mandato del presidente Joe Biden.
Brown tiene antecedentes penales que se remontan a 2014, cuando fue condenado por un delito grave por allanamiento de morada. También fue condenado por robo a mano armada y pasó cinco años en una prisión estatal. Antes del apuñalamiento, fue arrestado 14 veces y su familia había solicitado su ingreso involuntario en un centro psiquiátrico, aunque fue denegado.
Tras el incidente, el estado de Carolina del Norte promulgó la Ley de Iryna, que eliminaba la fianza sin efectivo para determinados delitos penales, exigía más condiciones para la libertad provisional, como la vigilancia por GPS, y otorgaba al presidente de la Corte Suprema de Carolina del Norte la facultad de suspender a los jueces de las cortes inferiores. Brown fue arrestado anteriormente por un delito menor por uso indebido del sistema de llamadas de emergencia 911 y, a pesar de sus antecedentes penales, fue puesto en libertad sin fianza por la jueza Teresa Stokes, quien fue muy criticada por su decisión tras el apuñalamiento.
En la corte estatal, Brown fue acusado de asesinato en primer grado, lo que también conlleva la pena de muerte en Carolina del Norte.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
