Opinión
En menos de dos meses, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo cuatro ataques letales en el mar y un abordaje en el Caribe. Los objetivos fueron embarcaciones vinculadas al Cártel de los Soles de Venezuela y su aliado, el Tren de Aragua. Esta campaña representa más que interdicciones récord; marca la llegada de una nueva doctrina: los traficantes vinculados con organizaciones designadas como terroristas ya no son tratados como criminales para su enjuiciamiento, sino como combatientes enemigos que pueden ser neutralizados.
La magnitud del despliegue subraya la seriedad con que Washington está abordando esta campaña. Los recursos navales y aéreos concentrados hoy en el Caribe representan más potencia de fuego de la que Estados Unidos comprometió en la Batalla de Midway en 1942, uno de los enfrentamientos cruciales de la Guerra del Pacífico. La comparación ilustra el nivel de recursos que Washington está ahora preparado para dedicar a confrontar las redes de cocaína protegidas por el Estado venezolano.
Este aumento en las operaciones ocurre mientras la economía de la cocaína alcanza niveles récord. En el año fiscal 2025, la Joint Interagency Task Force–South (JIATF-South) reportó la interrupción de más de 400 toneladas métricas de cocaína, superando el récord de 328 toneladas de 2024 (JIATF-South). Sin embargo, la producción sigue en aumento. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que la producción global de cocaína alcanzó 3708 toneladas métricas en 2023, la cifra más alta jamás registrada (UNODC). Incluso las interdicciones récord en el mar no han logrado doblar la curva.
Las consecuencias alcanzan profundamente a las comunidades estadounidenses. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado que la mayoría de las muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo involucran estimulantes como la cocaína. Cada cargamento interceptado es, por lo tanto, no solo un éxito táctico sino también una intervención de salud pública. Cada embarcación neutralizada significa menos dosis letales que llegan a las ciudades estadounidenses.
El marco legal y financiero detrás de este enfoque es tan importante como los ataques mismos. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT). Este paso extendió los poderes de contraterrorismo al ámbito de la lucha contra el narcotráfico e impuso restricciones financieras, cortando a oficiales y redes vinculadas al cártel del sistema bancario internacional. Al tratar formalmente al cártel como un grupo terrorista, Washington limitó el apoyo externo al gobierno de Nicolás Maduro y aumentó los costos para aliados y facilitadores en el extranjero.
Este enfoque no carece de precedentes. En 1997, bajo la administración Clinton, Estados Unidos designó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como Organización Terrorista Extranjera. Durante casi veinticinco años, las FARC permanecieron en esa lista, hasta que la administración Biden revocó la designación en 2021 tras el acuerdo de paz, con dos facciones disidentes inmediatamente reincorporadas como grupos terroristas. Al aplicar el mismo marco al cártel protegido por el Estado venezolano, Washington envió la señal de que la convergencia del narcotráfico con el terrorismo vuelve a ser una preocupación central de seguridad nacional.
La designación también refleja las alianzas del cártel más allá de la región. Investigaciones estadounidenses y regionales han documentado cómo Venezuela proporciona espacio logístico y cobertura financiera a grupos como Hezbolá y Hamás. Las redes del Cártel de los Soles transportan cocaína junto con armas y efectivo, mientras que su protección estatal permite a militantes extranjeros lavar fondos y operar con relativa impunidad. Al vincular al cártel con estas organizaciones mediante la designación SDGT, Washington dejó claro que la lucha contra el narcotráfico es inseparable del contraterrorismo y que la protección estatal venezolana de tales grupos acarreará costos crecientes.
Estas herramientas se basan en autoridades existentes. El Título 50 del Código de EE. UU. regula la acción encubierta y las operaciones de inteligencia, mientras que la Autorización para el Uso de Fuerza Militar de 2001 faculta al presidente para actuar contra grupos terroristas y fuerzas asociadas. Administraciones anteriores usaron estos poderes para atacar líderes de al-Qaeda en Yemen y Afganistán. Bajo el presidente Barack Obama, las mismas autoridades se aplicaron a ataques letales con drones que mataron a tres ciudadanos estadounidenses involucrados en actividades de al-Qaeda en Yemen en 2011, un precedente que mostró que la ciudadanía no protegía a los operativos una vez considerados combatientes enemigos. Hoy, esos mismos instrumentos se aplican a operativos del cártel en el mar.
El impacto dentro de Venezuela ha sido inmediato. La deserción y captura del General de la Fuerza Aérea Pedro Rafael Suárez Caballero han puesto de manifiesto fracturas dentro de las fuerzas armadas de Maduro. Suárez presidía el consejo de investigación de la Fuerza Aérea y castigaba a oficiales acusados de deslealtad. Hoy se encuentra, según informes, bajo custodia estadounidense, un hecho que refleja la creciente presión sobre la estructura de seguridad del régimen. Su caso sugiere que el círculo cercano de Maduro está lejos de estar unido mientras Washington intensifica su campaña.
Esa fractura se ve agravada por una crisis política. La mayoría de los observadores internacionales consideran que la reelección de Nicolás Maduro en 2024 carece de legitimidad democrática. El candidato opositor Edmundo González recopiló actas que sugerían que ganó por amplio margen, aunque el consejo electoral controlado por el gobierno se negó a publicarlas. En noviembre de 2024, Estados Unidos reconoció formalmente a González como “presidente electo” de Venezuela (Al Jazeera). Este contexto convierte la campaña estadounidense no solo en una operación contra el narcotráfico, sino también en un desafío a un régimen ya debilitado por cuestionamientos de legitimidad.
Las reacciones en la región han sido mixtas. Algunos gobiernos advirtieron que los ataques violaban la soberanía y podrían sentar un precedente de intervención. Otros, especialmente en la cuenca del Caribe y Colombia, recibieron discretamente con agrado la disposición de Washington a confrontar a los corredores de tráfico venezolanos. En el plano global, se espera que Rusia y China utilicen estos incidentes en campañas de información, retratando a EE. UU. como un agresor en América Latina. Sin embargo, la designación SDGT dota a Washington de herramientas financieras poderosas que complican la capacidad de las redes venezolanas y sus aliados para acceder a la financiación global.
En el centro de esta crisis está la protección estatal. El Cártel de los Soles no es un sindicato criminal suelto, sino una estructura arraigada en las fuerzas armadas venezolanas. Genera miles de millones en rentas ilícitas, proporcionando al régimen de Maduro recursos para evadir sanciones y mantener la lealtad militar. El tráfico de cocaína se ha convertido en un sustituto de los ingresos legítimos en un Estado en quiebra. Aunque cada embarcación interceptada reduce ganancias, el desafío más amplio es desmantelar el ecosistema financiero que sostiene tanto al cártel como al régimen.
La campaña también expone debilidades estadounidenses. En 2023, Washington detuvo el monitoreo satelital de los cultivos de coca en Colombia. Desde entonces, los analistas se han basado en informes de la ONU y de gobiernos locales, lo que dejó a la inteligencia estadounidense sin visibilidad confiable de la oferta justo cuando la producción se disparó. Reconstruir esta capacidad de monitoreo e integrarla con la inteligencia de socios será esencial para futuras operaciones. Sin ella, las victorias tácticas no se traducirán en ganancias estratégicas.
Otro elemento definitorio de la crisis es la convergencia de cocaína y fentanilo. Los traficantes mezclan cada vez más la cocaína con opioides sintéticos, aumentando el riesgo de sobredosis. Esto hace que la lucha contra el narcotráfico sea inseparable de la salud pública. Las patrullas marítimas, la recolección de inteligencia y la diplomacia regional no deben explicarse solo en términos de seguridad; también son intervenciones que salvan vidas y reducen los costos humanos y económicos de la adicción.
Los ataques letales contra embarcaciones que transportan cargamentos de drogas vinculadas a terroristas tienen un efecto desproporcionado en comparación con interdicciones tradicionales. Cada acción no solo elimina toneladas de cocaína, sino también a los operativos detrás de ellas. En términos estratégicos, estos ataques pueden interrumpir más eficazmente el suministro destinado a Estados Unidos que decenas de interdicciones estándar, porque combinan incautación, disuasión y eliminación de combatientes en una sola operación.
Si los recientes ataques y el abordaje VBSS fueron los primeros pasos de una nueva era, cinco prioridades determinarán si la doctrina tiene éxito:
1. Institucionalizar la fusión de las autoridades de lucha contra el narcotráfico y el contraterrorismo, para que el enfoque sobreviva a cambios de administración.
2. Reconstruir la inteligencia sobre la oferta, restaurando el monitoreo de coca y mejorando el análisis de datos en conjunto con Colombia, Brasil y Ecuador.
3. Intensificar la presión sobre Venezuela mediante sanciones, diplomacia y operaciones de inteligencia.
4. Coordinar interdicciones marítimas con la disrupción terrestre, incluyendo programas de erradicación y desarrollo rural.
5. Elevar la lucha contra el narcotráfico como misión de salud pública para fortalecer el apoyo interno a la acción internacional.
Estados Unidos puede hundir embarcaciones e incautar toneladas récord, pero las victorias tácticas por sí solas no decidirán el resultado. La economía de la cocaína es resiliente y está integrada tanto en estructuras estatales como en finanzas globales. La medida última del éxito no es cuántos traficantes se eliminan o cuántas toneladas se interdicen, sino si se salvan vidas en América Latina, donde las comunidades sufren los efectos desestabilizadores del tráfico, y en Estados Unidos, donde las sobredosis continúan aumentando. Cuatro ataques y un abordaje han abierto un nuevo capítulo. La prueba ahora es si Washington puede convertir acciones audaces en una estrategia duradera.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
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