El Departamento de Defensa está estableciendo una nueva zona de seguridad militar, conocida como área de defensa nacional, a lo largo de la frontera suroeste para frenar la inmigración ilegal.
El 25 de junio, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que un tramo de 250 millas de la frontera a lo largo del Río Grande, en los condados de Cameron e Hidalgo, en Texas, será designado como una extensión de la Base Conjunta de San Antonio.
Anteriormente, estos terrenos eran gestionados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, un organismo que supervisa el reparto del agua entre Estados Unidos y México.
La medida forma parte de la estrategia más amplia del presidente Donald Trump para destinar recursos militares a la vigilancia de las fronteras. En un memorándum presidencial de abril, Trump esbozó sus planes para establecer zonas de defensa nacional, calificándola de misión militar "para sellar la frontera sur de Estados Unidos y repeler a los invasores".
Aunque el ejército estadounidense no suele desempeñar funciones de orden público, la designación de zona de defensa nacional le otorga una autoridad legal limitada para llevar a cabo acciones específicas. Dentro de estas zonas, los miembros del ejército pueden ayudar a instalar barreras y señales, realizar patrullas —al igual que en cualquier base militar— y detener temporalmente a los intrusos hasta que sean trasladados a las autoridades policiales competentes.
La primera zona de defensa nacional se designó en abril, una zona de 170 millas en Nuevo México, adscrita a Fort Huachuca, en la vecina Arizona. Al mes siguiente, se estableció una sección de 63 millas en el oeste de Texas, bajo el mando de Fort Bliss.
Junto con el nuevo tramo de Texas, la superficie total designada como zona de defensa nacional supera ahora las 480 millas. La frontera entre Texas y México se extiende a lo largo de 1254 millas.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con los Departamentos de Defensa y de la Marina de Estados Unidos para confirmar si hay otras zonas de defensa nacional en proyecto.
En su fallo, el juez federal Gregory Wormuth declaró que el gobierno federal no había demostrado que los acusados supieran que estaban entrando en una zona militar restringida, a pesar de que había carteles en inglés y español que advertían de que estaba prohibida la entrada no autorizada.
En mayo, un juez federal desestimó los cargos por allanamiento contra 98 inmigrantes ilegales que habían sido detenidos dentro de la zona de defensa nacional de Nuevo México.
"Como reconoce Estados Unidos, la NMNDA [Área de Defensa Nacional de Nuevo México] se extiende a lo largo de más de 180 millas de 'terreno a menudo difícil y montañoso'", declaró el juez. "El mero hecho de que se colocaran algunas 'señales' en la NMNDA no constituye una base para concluir que los acusados pudieran verlas, y mucho menos que las vieran".
La decisión del juez desestimó dos cargos por delitos menores que se imputaban a los 98 migrantes detenidos: violar una norma de seguridad y entrar en propiedad militar con fines ilegales. Se mantiene un tercer cargo por delito menor de cruce ilegal de la frontera.
Según el Departamento de Justicia, a mediados de mayo, al menos 60 personas se habían declarado culpables de entrar ilegalmente en una zona de defensa nacional en un caso independiente relacionado con el oeste de Texas.
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