La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó temporalmente el 5 de diciembre una sentencia de la corte federal de apelaciones en una demanda en la que los jueces de inmigración impugnan una política que les impide hablar públicamente sobre su trabajo.
La cuestión que se plantea ante el alto tribunal es si la demanda debe ser vista por las cortes o por una agencia de la función pública que revisa las reclamaciones presentadas por los trabajadores federales. La Corte Suprema suspendió por el momento una sentencia del tribunal de apelaciones que ordenaba a un tribunal inferior reconsiderar su desestimación de la demanda.
La orden judicial en el caso Margolin contra la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración fue emitida por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pocas horas después de que el gobierno federal presentara su solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.
Roberts emitió una suspensión administrativa, que impide temporalmente que una sentencia contra el gobierno federal dictada por la Corte de Apelaciones del 4.º Circuito de los Estados Unidos entre en vigor, como estaba previsto, el 10 de diciembre. Una suspensión administrativa da a los jueces más tiempo para considerar la solicitud. Roberts no explicó su decisión.
El solicitante, Daren Margolin, es director en funciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una subagencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lleva a cabo procedimientos de deportación en los tribunales de inmigración y resuelve las apelaciones de esas sentencias.
La parte demandada, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, demandó al gobierno federal por su política de 2021 sobre intervenciones públicas, que exigía a los jueces de inmigración obtener el permiso de un supervisor para hablar en actos públicos. La asociación alegó que la política constituye una restricción previa a la libertad de expresión de sus miembros, lo que viola la Primera Enmienda.
En septiembre de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia falló en contra de la asociación, sosteniendo que la Ley Federal de Reforma de la Función Pública (CSRA) priva al tribunal de jurisdicción, o autoridad, sobre la demanda.
La Corte de distrito desestimó la demanda, al considerar que la controversia debía resolverse primero con arreglo al régimen administrativo establecido por la ley federal antes de poder trasladarse a los tribunales. Esto significa que la controversia debe ser resuelta por la Junta de Protección del Sistema de Méritos (MSPB), ya que se refiere a una impugnación de una condición del empleo federal.
La junta se describe a sí misma en su sitio web como "una agencia independiente y cuasi judicial del poder ejecutivo que actúa como guardiana de los sistemas federales de méritos". Esto significa que la junta trata de garantizar que la contratación federal se base en los méritos. La MSPB también revisa las normas dictadas por la Oficina de Gestión de Personal, que supervisa a los empleados federales.
En junio de 2025, un panel de tres jueces del 4.º Circuito revocó por unanimidad la sentencia de la Corte de distrito.
El panel remitió el caso a la Corte de distrito tras concluir que el despido por parte del presidente Donald Trump de los dirigentes de la MSPB y de la Oficina del Asesor Especial había "socavado" la ley hasta tal punto que los trabajadores federales no podían solicitar una revisión significativa en caso de litigio.
El panel ordenó al tribunal de distrito que elaborara "un expediente fáctico" en el que se evaluara la "funcionalidad" de la Ley de Reforma de la Función Pública.
El Congreso aprobó la CSRA para privar a las cortes de distrito de la jurisdicción para revisar impugnaciones legales como las planteadas por la asociación, pero la estructura de la ley "se basa fundamentalmente... en una MSPB y un Asesor Especial fuertes e independientes", según el panel.
"Recientemente surgieron serias dudas sobre el funcionamiento tanto de la MSPB como del Asesor Especial", afirmó el panel.
"No podemos permitir que nuestras togas negras nos impidan tomar nota de los elementos que figuran en el registro público, incluidas, en este caso, las circunstancias que pueden haber socavado el funcionamiento del sistema judicial de la CSRA".
El fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer, afirmó en la solicitud de emergencia que el 4.º Circuito cometió un error.
Sauer afirmó que el tribunal de distrito actuó correctamente al dictaminar que la CSRA priva a la corte de jurisdicción y exige que la demanda sea vista por la MSPB, ya que el demandado está impugnando una condición del empleo federal.
"Este es un caso excepcional en el que la decisión de la corte de apelación es tan evidentemente contraria a los precedentes de este Tribunal que requiere una revocación sumaria por dos motivos independientes", afirmó.
"Este Tribunal debería suspender el mandato de la corte de apelación para garantizar que los acontecimientos en la devolución no impidan a este Tribunal corregir esos errores manifiestos".
Si la Corte Suprema no interviniera, la sentencia de la corte de apelación podría "causar estragos" en casos similares, afirmó.
"Solo esta corte puede detener la incertidumbre que se está extendiendo rápidamente en innumerables casos", afirmó Sauer.
Roberts ordenó a la asociación que presentara una respuesta a la solicitud antes de las 4 p. m. del 10 de diciembre.
La Gran Época se puso en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que representa a Margolin, y con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. No se recibió ninguna respuesta antes de la hora de publicación.
