El 15 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar el caso del exasesor de la campaña de Trump, Carter Page, quien presentó una demanda por presuntos abusos en la vigilancia del FBI.
Al dictar esta resolución, la Corte impidió que Page continuara con su demanda contra exfuncionarios federales, como el exdirector del FBI James Comey.
Page se desempeño como asesor de política exterior en la campaña del presidente Donald Trump en 2016.
Demandó a varios altos funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, alegando que se violaron sus derechos constitucionales mediante una vigilancia ilegal llevada a cabo en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera como parte de una investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016.
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En 2019, el fallecido fiscal especial Robert Mueller dijo en su informe final sobre la investigación de la supuesta interferencia que ni Trump ni ningún miembro de su campaña se confabularon con Rusia.
El Departamento de Justicia (DOJ) informó a la Corte Suprema el 22 de abril que había llegado a un acuerdo en la demanda que Page presentó por los supuestos abusos.
En el acuerdo, el gobierno federal accedió a pagarle a Page 1.25 millones de dólares.
El acuerdo dejó sin efecto, o hizo legalmente irrelevante, la demanda de Page contra el gobierno federal, dijo el fiscal general adjunto de EE. UU., D. John Sauer, en la presentación de abril ante el tribunal más alto del país.
El acuerdo no abordó varias reclamaciones que Page presentó contra exfuncionarios federales, incluidos Comey y el exabogado del FBI Kevin Clinesmith, quien se declaró culpable de alterar un correo electrónico que se utilizó para solicitar la aprobación judicial para intervenir el teléfono de Page.
Page había presentado una petición ante la Corte Suprema en diciembre de 2025 para apelar un fallo de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que confirmó la desestimación de la demanda por parte de un tribunal inferior.
La corte de apelaciones dictaminó que había esperado demasiado tiempo para iniciar su demanda.
Sostuvo que el plazo de prescripción de tres años comenzó a correr cuando Page se enteró por primera vez de la vigilancia, lo que vinculó a un artículo del Washington Post de abril de 2017 sobre la operación basado en fuentes no identificadas.
Page había argumentado en los documentos presentados ante la Corte Suprema que el plazo debería haber comenzado cuando el gobierno reconoció por primera vez la vigilancia, no cuando se publicó el reportaje del periódico.
Page ha colaborado durante mucho tiempo con los esfuerzos de seguridad nacional de Estados Unidos como "contacto operativo" de la Agencia Central de Inteligencia.
A pesar de sus años de servicio, fue objeto de la investigación del FBI conocida como Operación Crossfire Hurricane, que investigó la supuesta influencia rusa en la campaña de Trump de 2016.
Ha negado tener vínculos indebidos con Rusia y no se le imputó ningún delito, según la petición.
“Mediante mentiras deliberadas y afirmaciones fácticas incompletas, el FBI convenció al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) de que existían motivos fundados para creer que el Dr. Page era un intermediario entre Rusia y Paul Manafort, el director de la campaña de Trump”, dijo en la petición.
El FBI solicitó cuatro órdenes judiciales en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para vigilar a Page, y ese tribunal concedió las cuatro.
Antes de que se presentara la solicitud de renovación final, dos miembros de la operación conspiraron para filtrar a los medios de comunicación información de la vigilancia secreta del FBI sobre Page con el fin de dañar su imagen pública y la campaña de Trump.
Según la petición, los informes de los medios de comunicación, basados en fuentes anónimas, insinuaban falsamente que Page era un agente de Rusia.
Como Page sabía que no era un agente ruso, dedujo de los reportes de los medios que había sido vigilado ilegalmente y compartió su opinión con el Congreso y el público, según su petición.
Sin embargo, las investigaciones de inteligencia extranjera son secretas, por lo que sus sospechas no pudieron verificarse, independientemente de las medidas que tomara.
A finales de 2019, la Oficina del Inspector General publicó un informe en el que se detallaban "los repetidos y exhaustivos abusos de vigilancia del FBI contra el Dr. Page", diciendo que la primera solicitud de orden judicial contenía "siete inexactitudes y omisiones significativas".
El FBI también excluyó de las solicitudes de orden judicial información que exoneraba a Page, incluidas declaraciones de Page "que eran inconsistentes con su teoría" de que "Page era un agente de Rusia", según la petición.
La oficina también "identificó 10 errores significativos adicionales en las solicitudes de renovación", según la petición.
La nueva decisión de la Corte Suprema tomó la forma de una orden sin firmar. Ningún magistrado disintió. La corte no explicó su decisión.
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La magistrada Ketanji Brown Jackson no participó en el caso, citando una disposición sobre servicio judicial previo del Código de Conducta para Magistrados de la Corte Suprema.
Ella presidió los primeros asuntos procesales cuando la demanda se presentó ante ella cuando era jueza federal de distrito.
El caso fue reasignado en junio de 2021 cuando fue ascendida al Circuito de Washington D.C.
El presidente Joe Biden la nominó posteriormente para un puesto en la Corte Suprema, y ella asumió ese cargo en junio de 2022.
Con información de Reuters
