El 15 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó pronunciarse sobre si existe algún momento en el que la Constitución de Estados Unidos exija que se conceda a determinados detenidos por motivos de inmigración una audiencia de fianza.
La nueva resolución de la corte en el caso Genalo contra Black adoptó la forma de una orden sin firmar. Ningún magistrado expresó su desacuerdo. La corte no explicó su decisión.
En este recurso basado en el debido proceso, la corte superior considerará si existe un límite en cuanto al tiempo que el gobierno federal puede mantener detenida a una persona en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sin una audiencia de fianza.
En este caso, dos residentes permanentes legales fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras haber sido condenados por delitos penales.
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Carol Williams Black permaneció en centro de detención de inmigrantes durante unos siete meses. Keisy G.M. estuvo detenida durante aproximadamente 21 meses.
Una corte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito dictaminó que, en virtud del artículo 1226 (c) de la ley, cuando la detención se “prolonga de manera irrazonable”, entran en vigor las garantías procesales.
Tras examinar los precedentes de la Corte Suprema, la corte consideró que se debía conceder a ambos detenidos una audiencia para fijar la fianza.
El pleno del Segundo Circuito votó a favor de denegar una vista en pleno ante todos los jueces del circuito. Varios jueces expresaron su desacuerdo.
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El gobierno federal solicitó a la Corte Suprema que revisara la denegación de la apelación por parte del Segundo Circuito, alegando una divergencia entre las cortes federales de apelación.
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