El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 30 de julio un proyecto de ley para endurecer las penas para los adultos que soliciten servicios sexuales a menores.
La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y aumenta las penas de prisión para los condenados por solicitar servicios sexuales a menores de 16 años.
La legislación, redactada por la senadora estatal Shannon Grove, se aprobó con apoyo bipartidista en la Legislatura de California el mes pasado, tras la disidencia de algunos legisladores con respecto a ciertos aspectos. En concreto, el Comité de Seguridad Pública del Senado aprobó el proyecto de ley, pero solo tras rechazar enmiendas que habrían reducido las penas por solicitar servicios sexuales a menores de 16 y 17 años.
El Proyecto de Ley 379 de la Asamblea, presentado inicialmente en febrero, tipifica como delito menor el merodear con la intención de solicitar sexo comercial, impone multas de hasta 25,000 dólares por solicitar servicios sexuales a menores de 16 años y permite la imputación de delitos graves de trata de personas a los reincidentes que compren servicios sexuales a menores.
El proyecto de ley también exige el registro de delincuentes sexuales para los condenados. Anteriormente, estos delitos se clasificaban como delitos menores en ciertos casos, lo que genera preocupación por la indulgencia de las sentencias.
"La trata y la explotación de personas tienen un costo humano real en nuestra comunidad", declaró durante la audiencia el asambleísta Nick Schultz, demócrata que representa a partes de Los Ángeles.
Por lo tanto, si bien existen costos en términos de detección, aplicación de la ley y sentencias, también debemos equilibrarlos con las consecuencias y el costo real de las vidas afectadas por esta plaga que está muy presente en nuestra sociedad.
El proyecto de ley contó con el apoyo de la Asociación de Fiscales de Distrito de California, la Asociación de Jefes de Policía de California, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la ciudad de Stockton, la Asociación de Alguaciles Adjuntos de Los Ángeles, la Liga de Juntas de Supervisores del Condado y otras organizaciones.
En una audiencia celebrada el 7 de julio sobre el proyecto de ley, representantes de diversos funcionarios públicos expresaron su apoyo, incluyendo al alcalde de San Diego, Todd Gloria; la Fiscalía de Distrito de San Diego; la alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh; y la ciudad de Carlsbad.
Entre los detractores del proyecto de ley se encontraban el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, el Sindicato de Defensores Públicos de Los Ángeles y la Oficina de Defensores Públicos de San Francisco, quienes afirman que la disposición relativa a quienes merodean con la intención de comprar sexo podría conducir a la discriminación racial y a un aumento de las deportaciones de extranjeros acusados de delitos graves.
Ann Block, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización sin fines de lucro, afirmó que la nueva ley podría otorgar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) nuevas facultades para sus operaciones.
"El proyecto de ley sometería a más personas a arrestos, detenciones y deportaciones traumáticas por parte del ICE", declaró Block en una audiencia celebrada el 7 de junio sobre el proyecto de ley. También indicó que el estado incurriría en mayores costos debido a la ley.
"Habrá costos significativos en términos de detenciones por parte de ICE y la separación de familias en California, familias que reciben asistencia social debido a esto; Está ocurriendo ahora mismo, y esto ocurrirá aún más si se aprueba este proyecto de ley", dijo.
El proyecto de ley también busca crear un fondo de apoyo para sobrevivientes, el primero de su tipo. El dinero del fondo se destinaría a organizaciones comunitarias lideradas por sobrevivientes de la trata de personas. La promotora señaló que el apoyo incluye vivienda, servicios de salud mental y capacitación laboral.
Al presentar el proyecto de ley ante el comité, la asambleísta Maggy Krell afirmó que apoyaría a las víctimas y brindaría a las fuerzas del orden mejores herramientas para procesar a los compradores.
"La demanda son los compradores", dijo. [personas que están dispuestas a pagar por sexo]. "Son las filas de autos llenos de hombres que hacen fila en las esquinas para comprar adolescentes con fines sexuales”, añadió. “Sin los compradores, realmente no hay trata de personas".
El proyecto de ley contó con el apoyo de la Asociación de Fiscales de Distrito de California, la Asociación de Jefes de Policía de California, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, la Ciudad de Stockton, la Asociación de Alguaciles Adjuntos de Los Ángeles, la Liga de Supervisores del Condado, entre otros.
El proyecto de ley también restablece las sanciones por delitos despenalizados por una ley de California de 2022, como el merodeo con la intención de comprar a una víctima.
Los opositores, incluyendo sobrevivientes de la trata de menores, se centraron en este aspecto de la ley en sus testimonios.
El asambleísta Mark González, demócrata de Los Ángeles, se opuso al proyecto de ley, argumentando que afectaría desproporcionadamente a las comunidades de color.
También se opuso al proyecto de ley la directora de programas de Rising International, Jess Torres, sobreviviente de trata infantil, quien afirmó que este depende de una sospecha vagamente definida de intención de cometer un delito, en lugar de pruebas.
"Este proyecto de ley solo intensificará la violencia contra las sobrevivientes, ya que las personas que son víctimas de trata con fines sexuales comerciales sufren daños cuando operan en un entorno criminalizado", declaró Torres. "Cuando los compradores creen que están asumiendo un mayor riesgo, suelen volverse más exigentes, y esa presión con frecuencia los compromete".
Entre los grupos que se opusieron también se encontraban el Sindicato de Defensores Públicos de Los Ángeles y la Oficina del Defensor Público de San Francisco.
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