Donald Trump y la agonía del Estado mexicano

Opinión

Cuando el Pentágono informó en el Congreso estadounidense que por lo menos el 35 por ciento del territorio mexicano estaba controlado por los Cárteles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador calló para evitar que esto se convirtiera en un tema polémico en las relaciones bilaterales.

Pero también para impedir que las evidencias de este hecho modificaran la agenda política mexicana cuya prioridad ha sido la imposición propagandística, legislativa y gubernamental de la hegemonía de Morena. Mucho Partido, poco Estado, pareciera ser la divisa.

En esta circunstancia debe anotarse que la llamada oposición PAN y PRI -dejemos a un lado a Movimiento Ciudadano, acreditado como mera comparsa del régimen-, se hizo el harakiri al lanzar con Xóchitl Gálvez una candidatura frívola en las pasadas elecciones presidenciales, cuyo discurso principal consistió en difundir que la señora vendía gelatinas y no en cómo enfrentar la crisis de gobernabilidad que México está padeciendo frente al predominio del crimen organizado.

Además, con un Instituto Nacional Electoral dirigido de manera tendenciosa y hasta con un formato de debate presidencial hecho para evitar un verdadero debate, la Oposición ha naufragado y no ha podido enfrentar a un eficiente aparato de propaganda gubernamental.

México ha perdido así el equilibrio político de la democracia. Ya solo tenemos la democracia de la queja a la que nadie le hace caso y de esa manera la Oposición existe sólo cuando es usada en sus conferencias matutinas por la presidente Claudia Sheinbaum para los denuestos o burlarse de ella.

Llegamos así a una circunstancia en la cual el único contrapunto real del régimen morenista es Donald Trump, quien por supuesto solo tiene en la mira los intereses de Estados Unidos y la protección de su sociedad afectada por los Cárteles a los cuales ha denominado oficialmente como terroristas, con el peso y las consecuencias que esto implica.

Sin embargo, debe reconocerse que gracias a las presiones de Donald Trump y a una soterrada amenaza de intervención directa, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a desechar ya la política obradorista de "abrazos no balazos" traducida en legitimar la complicidad y pasividad gubernamental con los Cárteles.

Esto ha sido fruto también del nombramiento de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad Pública, el cual se sabe tiene la confianza de una Presidente obligada a danzar ante el abismo y cuya única carta de sobrevivencia política es precisamente ésta.

El gobierno ha emprendido así acciones contra el dominio criminal y ha habido detenciones y decomisos a pesar del letargo inducido al Ejército y a la Marina y a las evidencias de corrupción en la Guardia Nacional.

Por cierto, las confusas órdenes de la Presidente -queriendo al parecer imitar el "humanismo" de su predecesor- respecto a evitar las agresiones a los criminales, no se entienden en un contexto donde los criminales bombardean con drones a un poblado michoacano como acaba de suceder. La defensa de los civiles y la sociedad no es "agresión", sino un uso legítimo de la fuerza del Estado.

Lo que no se entendió de aquel Informe del Pentágono es que cuando un Estado pierde el control de su territorio entonces se convierte en un Estado fallido. Que la tercera parte del país esté abiertamente en manos de poderosas organizaciones criminales es la sustancia de la crisis que señalo, pues esto no ha cambiado sino se incrementa día a día.

Más allá de la lealtad de Partido, existe la lealtad de Estado, porque ambas se están convirtiendo en incompatibles ante el intento de restaurar un régimen presidencial caudillista, según el modelo de un neocallismo anacrónico.

La Presidencia de la República no es un cargo honorífico ni una regencia, tampoco es un puesto faccioso ni complaciente con ningún caudillo; es gobierno, pero también Estado, es un deber que se debe cumplir.

Es necesario entender que la seguridad no es una guerra de propaganda basada en cifras o en enfoques parciales, pues para restaurar la seguridad y la gobernabilidad se debe transitar por el camino más escabroso, pero más estratégico y efectivo, que representa restaurar el predominio del Estado en aquellos territorios que actualmente son, en efecto, controlados por los Cárteles con sus cómplices y aliados locales.

Romper la herencia del narco gobierno y restaurar todo el poder del Estado mexicano. ¿Es esto posible? ¿O es sólo un sueño, una utopía, un delirio periodístico? ¿O puede ser el resultado de convertir las presiones de Donald Trump, impaciente por acabar con los Cárteles, en el impulso para emprender un camino propio y recuperar el predominio del Estado aun a costa de desatar el nudo gordiano de la complicidad de personajes y gobiernos morenistas? ¿Qué tal convertirse en la jefe del Estado mexicano y dejar de ser, como ha pretendido el caudillismo neocallista, la regente de un gobierno heredado del cual cada vez más surgen evidencias de corrupción y complicidades criminales?

Recientemente, según el periódico The New York Times, el presidente Donald Trump dio la orden a sus Fuerzas Armadas -ese Pentágono que denunciara no hace mucho tiempo el control de Cárteles de amplias porciones del territorio mexicano- para atacar de manera directa a estas organizaciones criminales.

De manera previsible la presidente Claudia Sheinbaum declaró que no sería aceptable una incursión directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano violando la soberanía del Estado mexicano. Pero días después se avaló la presencia de un dron militar estadounidense sobre Tejupilco, una conocía zona de control de narcotraficantes en el sur del territorio del Estado de México. Entre presiones foráneas y cooperación forzada, entre amenazas y un contradictorio continuismo, la salida me parece debe ser imponer en todo nuestro territorio la única fuerza legítima y legal que debe imperar: la del Estado mexicano.

Se debe acabar así el reinado de terror de los criminales en nuestro país. Ni la estrategia desastrosa de la DEA en tiempos de Felipe Calderón -"apoyar" al Cártel menos violento contra los más violentos- ni la complicidad gubernamental patente pasiva o activa de López Obrador, son caminos que deban retomarse si se quiere liberar al país de estos delincuentes terroristas y evitar convertirnos completamente en un Estado fallido.

Ya no más esta podredumbre, esta corrosión social y política, esta amenaza a la gobernabilidad, esta tenebrosa realidad que significa la desaparición diaria de decenas de mexicanos, sobre todo jóvenes, estos asesinatos cotidianos, estas extorsiones generalizadas e impunes, este control de economías locales.

Tampoco la hez de delincuentes extranjeros, como los venezolanos del Tren de Aragua o los mercenarios o usureros colombianos, que vienen aquí como si nuestras ciudades o territorio fueran una selva sombría, una tierra de nadie.

Ya no más demagogia "humanista", lo que importan son los ciudadanos y sus familias, la gente trabajadora, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres; el humanismo es con las víctimas, no es la sociedad la que debe estar acorralada y esto significa un ya basta ante los criminales empoderados.

El principal principio del Estado es el cumplimiento del deber de quienes lo integran. Este cumplimiento no es el humo de las limpias brujeriles ni el folklore del bastón de mando -que significa el cetro indígena para el jefe de la tribu-, sino es, ni más ni menos, que el espíritu de la República y de las leyes, lo propio de un país moderno con muchos atrasos y pobrezas qué resolver. Pero sin seguridad y justicia no hay nada, salvo el caos, el crimen, la injusticia y el miedo, nuestros cuatro jinetes apocalípticos.

Se debe cuidar el equilibrio entre el contenido y las formas de esta República, hoy demasiado deteriorada por la ambición y las corruptelas de los políticos y por la predominancia de la idea de un partido hegemónico por encima del Estado.

Hay que ser severos y solemnes y, por tanto, el gobierno debería dejar a un lado la borrachera cotidiana de propaganda, la demagogia, la división y la persistencia de ocurrencias caudillistas y, junto con ello, todos los distractores frente a la crisis de seguridad que está padeciendo este país.

En esta circunstancia la solución para México no va a provenir del presidente Donald Trump. Él tiene sus razones frente a la crisis de seguridad de México y, por tanto, busca defender los intereses de su país, a nosotros nos toca defender los nuestros más allá de la retórica sobre nuestra soberanía -arrebatada en partes por los Cárteles- y por eso hoy por hoy le corresponde al gobierno actual recobrar en todo el territorio la soberanía del Estado mexicano. El mayor acto de corrupción me parece sería no hacerlo y traicionar así a los mexicanos.