Los inmigrantes ilegales que deseen permanecer en Estados Unidos mientras esperan una cita judicial o un procedimiento médico tendrán que pagar ahora USD 1000, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 16 de octubre.
La agencia afirmó que la nueva tarifa para los inmigrantes en libertad condicional en el país, que entró en vigor el 16 de octubre, espera que genere una mayor responsabilidad y evite el fraude dentro del sistema de libertad condicional.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que el abuso del sistema de inmigración del país bajo la administración anterior convirtió la libertad condicional en un "programa de amnistía de facto" y permitió la entrada de millones de inmigrantes ilegales sin investigar en Estados Unidos.
"Con la aplicación de esta nueva tarifa, el presidente Trump y la secretaria [del DHS, Kristi] Noem garantizan que los extranjeros que deseen permanecer aquí se comprometan y no se aprovechen del sistema", afirmó McLaughlin en un comunicado. "Esta notificación sobre la tarifa de libertad condicional para inmigrantes es otra herramienta para detener la degradación de nuestro sistema de inmigración y restaurar la ley y el orden en nuestro país".
La población de inmigrantes ilegales, que incluye una gran variedad de estatus, alcanzó un récord de 14 millones en 2023, según los últimos datos del Pew Research Center, publicados en agosto. Esto supuso un aumento de 3.5 millones de personas en dos años, el mayor incremento registrado.
"El aumento entre 2021 y 2023 se debió principalmente al crecimiento del número de inmigrantes no autorizados que vivían en Estados Unidos con alguna protección contra la deportación, como los inmigrantes en libertad condicional en el país y los solicitantes de asilo", informó el centro.
Alrededor de 6 millones de inmigrantes ilegales tenían alguna protección contra la deportación en 2023, frente a los 2.7 millones de 2021. Esto supuso un aumento de alrededor del 440 por ciento con respecto a 2007, cuando aproximadamente 500,000 inmigrantes ilegales contaban con algún tipo de protección contra la deportación.
La tarifa de USD 1000 se aplica a todos los extranjeros a los que se les ha concedido la libertad condicional en virtud de la legislación estadounidense en materia de inmigración, incluida la libertad condicional inicial, la libertad condicional renovada, la libertad condicional en el lugar de residencia o la libertad condicional desde la custodia federal, a menos que cumplan los requisitos para alguna de las 10 exenciones.
Las exenciones incluyen emergencias médicas en las que el inmigrante ilegal, debido a una enfermedad repentina, no puede obtener el tratamiento necesario en el estado en el que vive o en las que la emergencia médica pone en peligro su vida y no hay tiempo suficiente para que la persona sea admitida en Estados Unidos a través del proceso habitual de visado.
Los beneficiarios de la libertad condicional también están exentos si son padres o tutores legales de un menor que necesita atención médica de urgencia. Los niños adoptados con una afección médica urgente también están exentos.
Además, si el extranjero es necesario en Estados Unidos para donar un órgano u otro tejido para un trasplante y no hay tiempo suficiente para que la persona pase por el proceso habitual, estará exento del pago de la tarifa.
Inmigrantes ilegales caminan junto al muro fronterizo entre Estados Unidos y México después de cruzar el Río Grande hacia El Paso, Texas, el 1 de febrero de 2024. (John Moore/Getty Images)Un inmigrante ilegal tampoco tendrá que pagar la tarifa si tiene un familiar cercano en Estados Unidos cuya muerte es inminente y no podría llegar al país a tiempo para ver a su familiar con vida si se sometiera al proceso habitual. Un inmigrante ilegal tampoco tendrá que pagar la tarifa si el proceso habitual le impidiera asistir al funeral de un familiar.
También se aplicarán exenciones si un solicitante de inmigración legal regresa a Estados Unidos desde el extranjero, si un inmigrante ilegal regresó a un país contiguo y se le concede la libertad condicional en Estados Unidos para asistir a una audiencia de inmigración, o si se le concedió el estatus de refugiado cubano o haitiano. La secretaria del DHS también puede eximir a un extranjero ilegal después de determinar que la persona aportará un beneficio público significativo a Estados Unidos.
La tarifa se abona cuando se concede la libertad condicional al inmigrante, no al presentar la solicitud de libertad condicional o al recibir el documento de viaje.
Cualquier libertad condicional concedida a partir del 16 de octubre está sujeta a la tarifa, incluso si la solicitud de libertad condicional se presentó antes de esa fecha.
La tarifa puede ajustarse cada año en función del costo de la vida, según el DHS.
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