Un juez federal de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos suspendió temporalmente una orden anterior que permitía al presidente Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland.
El despliegue de tropas, ordenado por Trump en medio de los disturbios en las instalaciones federales de inmigración, se encuentra ahora en pausa legal hasta la próxima semana, a la espera de una decisión del pleno de la corte sobre si proceder con el caso en banc.
En pleno se refiere al proceso en el que todos los jueces en activo de una corte de apelaciones se reúnen para debatir y decidir un caso de forma colectiva, en lugar de un panel más reducido de jueces.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, presentó la demanda el 28 de septiembre, argumentando que el presidente se había extralimitado en sus funciones constitucionales al requisar tropas estatales sin el permiso del gobernador.
"Enviar a 200 soldados de la Guardia Nacional para proteger un solo edificio no es normal. Si te preocupara la seguridad de tu propia casa, harías algunas llamadas y cubrirías las carencias, no llamarías al ejército", dijo Rayfield en una declaración el mes pasado.
La jueza federal Karin Immergut, designada por Trump en 2019, inicialmente prohibió el despliegue el 4 de octubre, invocando "una tradición fundamental y de larga data de resistencia a la extralimitación del Gobierno, especialmente en forma de intromisión militar en los asuntos civiles" como parte de su rechazo a la solicitud del Gobierno federal.
"Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial", opinó. "Los demandados han presentado una serie de argumentos que, de ser aceptados, corren el riesgo de difuminar la línea entre el poder federal civil y el militar, en detrimento de esta nación".
Una sentencia posterior, dictada el 5 de octubre, amplió el bloqueo a los contingentes de la Guardia Nacional de otros estados, incluida California.
El tribunal de tres jueces del Noveno Circuito dictó una sentencia de 2 a 1 el 20 de octubre, revocando la orden judicial de Immergut y permitiendo al Gobierno proceder con el despliegue mientras la apelación sigue su curso en el sistema judicial. El Noveno Circuito podría inclinarse hacia la posición del Gobierno federal.
El panel determinó que "es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria en virtud del artículo 12406(3) del título 10 del Código de los Estados Unidos, que autoriza la federalización de la Guardia Nacional cuando el presidente no puede ejecutar las leyes de los Estados Unidos con las fuerzas regulares".
Un presidente puede tomar el control o federalizar las tropas de la Guardia Nacional estatal en situaciones de emergencia en determinadas circunstancias, entre ellas para sofocar insurrecciones o rebeliones, o para hacer cumplir las leyes federales cuando las autoridades estatales no pueden o no quieren hacerlo, de acuerdo con la Ley de Insurrección de 1807.
La administración considera que la situación sobre el terreno en Portland es una "insurrección criminal". Los portavoces de la Casa Blanca han expresado su preocupación por los incendios provocados y las agresiones a los agentes.
"Los alborotadores han sido acusados de incendio provocado y agresión a agentes de policía. (...) No se trata de una protesta pacífica que esté bajo control", declaró anteriormente a The Epoch Times la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
En respuesta, los funcionarios de Oregón han defendido la autonomía local, y Rayfield ha declarado: "Oregón seguirá firme en nuestros valores de comunidad, responsabilidad y control local".
Los fiscales generales de 20 estados presentaron un escrito amicus curiae el 8 de octubre, en el que argumentaban que el despliegue es "responsable, constitucional y autorizado por la ley" ante las amenazas de los "alborotadores violentos".
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