El 29 de octubre comenzará en Oregón un juicio sobre la decisión del presidente Donald Trump de federalizar y desplegar soldados de la Guardia Nacional en el estado.
Hasta ahora, dos cortes federales le han impedido desplegar soldados en virtud de una ley que permite al presidente de EE. UU. federalizar a los miembros de la Guardia Nacional si se enfrenta a una rebelión o no puede hacer cumplir las leyes.
Una corte de apelaciones posteriormente permitió el despliegue mientras el caso seguía su curso en el sistema judicial.
Se espera que el juicio incluya testimonios y pruebas sobre las condiciones fuera de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en Portland y sobre si se necesitaba ayuda adicional de los soldados para hacer frente a la delincuencia en los alrededores.
Trump anunció en septiembre que desplegaría la Guardia Nacional en la "devastada Portland", pero finalmente fue detenido por la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos Karin Immergut.
Después de que Trump intentara utilizar soldados de la Guardia Nacional de California, Immergut amplió su orden para impedir que se desplegaran tropas de la Guardia Nacional en Oregón.
En un escrito previo al juicio, el Departamento de Justicia dijo que los agentes se han enfrentado a amenazas, violencia y otros comportamientos perturbadores en las instalaciones del ICE, mientras que la policía de Portland no ha proporcionado suficiente protección a los activos federales.
"En las semanas y meses previos a la decisión del presidente, los agitadores agredieron a agentes federales y dañaron propiedades federales de numerosas formas, pintaron con spray amenazas violentas, bloquearon la entrada de vehículos a las instalaciones del ICE en Portland, encerraron a los agentes en sus auros, los siguieron cuando intentaron abandonar las instalaciones, los amenazaron en sus casas, los expusieron en Internet y amenazaron con matarlos en las redes sociales", dice su escrito del 27 de octubre.
Aparte de las condiciones en Portland, el Departamento de Justicia también ha argumentado que Immergut carece de autoridad para examinar con demasiado rigor las decisiones del presidente.
En cambio, debería acatar el criterio del presidente sobre si las condiciones en la ciudad empeoraron lo suficiente como para justificar el despliegue de soldados.
Los abogados de Oregón, Portland y California argumentaron que el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump era innecesario y que su decisión de desplegar a los guardias exacerbó las tensiones que habían ido disminuyendo en los últimos meses.
En un escrito del 27 de octubre, argumentaron que la evaluación de Trump de la situación en Portland era absurda y que estaba fuera del ámbito de un juicio honesto.
Aunque reconocieron que las instalaciones del ICE sufrieron daños y que se produjeron incidentes de agresión y acoso, estos no eran suficientes para justificar la intervención de Trump.
“Por inaceptables que fueran estos incidentes, no eran extraordinarios”, dice el escrito. “[La policía de Portland] respondió y realizó detenciones según correspondía”.
Se espera que los estados y Portland llamen a declarar como testigos a agentes de la Oficina de Policía de Portland.
“Testificarán que, incluso remontándonos a junio de 2025, las protestas en las instalaciones del ICE eran... en gran medida manifestaciones desestructuradas y sin una forma organizativa clara”, dijeron los abogados.
Para el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia dijo que los testimonios mostrarían el tipo de intimidación y violencia a la que se enfrentaban las autoridades federales.
No está claro cómo decidirá Immergut el caso, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos criticó anteriormente su análisis de la situación en Portland.
En un dictamen del 20 de octubre, dijo que la corte de distrito "cometió un claro error al caracterizar los acontecimientos de septiembre que condujeron a la orden de federalización y la precedieron".
Añadió que la corte de distrito había "sustituido la evaluación de los hechos del presidente por su propia evaluación de los mismos".
"Esto es contrario al criterio de revisión significativamente deferente que se aplica a la decisión del presidente", dijo.
Este caso ha contribuido a una serie de impugnaciones al uso que Trump ha hecho de la Guardia Nacional en todo el país.
En agosto, se celebró un juicio similar en California sobre si Trump había violado la Ley Posse Comitatus, que prohíbe en general el uso de tropas para el cumplimiento de la ley civil.
Tras el juicio, el juez federal de distrito Charles Breyer dijo en septiembre que el gobierno había violado esa ley, algo que el Departamento de Justicia negó.
La Corte Suprema de EE. UU. aún no se ha pronunciado plenamente sobre la cuestión, pero se espera que responda de forma más cautelosa a la suspensión por parte de una corte de apelaciones del despliegue de soldados en Chicago.
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