El 15 de octubre, una jueza federal amplió su orden que impide al presidente Donald Trump desplegar miembros de la Guardia Nacional de Oregón para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.
En respuesta a una demanda presentada por Oregón, la jueza Karin J. Immergut, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregón, emitió el 4 de octubre una orden de restricción temporal en la que instruía a la administración Trump no desplegar tropas federalizadas de la Guardia Nacional en Oregón.
Un presidente puede asumir el mando o federalizar los soldados de la Guardia Nacional estatal en situaciones de emergencia en determinadas circunstancias.
La orden, ahora prorrogada por 14 días, estaba prevista que expirara el 18 de octubre.
En su orden del 4 de octubre, Immergut señaló que Trump había dicho en un posteo en Truth Social el 27 de septiembre que iba a enviar tropas "para proteger la ciudad de Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE sitiadas por los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales".
La jueza dictaminó que el presidente carecía de base legal para federalizar la Guardia Nacional y rechazó el argumento del gobierno federal de que la situación en Portland era tan grave que impedía a los agentes federales hacer cumplir la ley.
"La decisión del presidente simplemente no se ajustaba a los hechos", dijo la jueza en ese momento.
Immergut también ordenó a las partes litigantes que siguieran adelante con el proceso de recopilación de pruebas —conocido como "descubrimiento"— en relación con las dos alegaciones de Oregón de que el gobierno federal está haciendo un uso indebido de la sección 12406 del título 10 del Código de los Estados Unidos y de la décima enmienda. Dicha enmienda establece que "las facultades que no sean delegadas a Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidas por ella a los estados, quedan reservadas a los estados respectivamente, o al pueblo".
Oregón sostiene que las acciones del gobierno federal usurpan la autoridad del estado para gestionar la aplicación de la ley dentro de sus fronteras.
El 28 de septiembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió un memorándum dirigido a los mandos de la Guardia Nacional de Oregón en el que solicitaba que 200 miembros del servicio fueran trasladados temporalmente al servicio federal, tal y como permite la sección 12406.
Según el memorándum de Hegseth, estos miembros de la Guardia Nacional de Oregón "serán llamados al servicio federal con efecto inmediato por un período de 60 días".
Mientras tanto, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos aún no se ha pronunciado sobre si es legal que el presidente despliegue las tropas de la Guardia Nacional de Oregón.
El 8 de octubre, el panel dictaminó que, por el momento, Trump puede ejercer el control sobre las tropas, pero no desplegarlas.
En una audiencia celebrada el 9 de octubre, los miembros del panel sugirieron que la fiscal general adjunta de Oregón, Stacy Marie Chaffin, estaba restando importancia al alcance de la violencia dirigida contra el ICE en Portland.
Chaffin declaró ante la corte que las protestas contra el ICE en septiembre habían sido "en general tranquilas y moderadas". Según ella, la mínima interferencia que estas actividades han causado en las actividades del ICE no justifica el despliegue de la Guardia Nacional en Portland.
El juez de circuito Ryan Nelson dijo que la descripción de Chaffin sobre el alcance de la violencia era "claramente errónea".
"La violencia sigue presente", dijo el juez.
Nelson dijo que la violencia en Portland ha ido disminuyendo con el tiempo, pero solo porque el Departamento de Seguridad Nacional envió a 115 miembros del Servicio Federal de Protección al lugar.
El panel puede emitir su fallo en cualquier momento.
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