La Cancillería colombiana declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes, luego de que un tribunal administrativo suspendiera provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de producción de estos documentos, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).
La medida fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con el propósito de asegurar el "suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte y de las etiquetas de visa colombiana", informó este viernes la Cancillería.
El Ministerio aseguró que la expedición de pasaportes continúa con normalidad tanto en Colombia como en los consulados en el exterior, que las citas previamente programadas siguen vigentes y que los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional.
La decisión se produce en cumplimiento de una medida cautelar del 2 de septiembre, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente la ejecución de los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes y ordenó adoptar medidas para garantizar la continuidad del servicio.
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El tribunal señaló, entre otros asuntos, la necesidad de acreditar los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras y de esclarecer aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.
La controversia se remonta a 2023, cuando el gobierno de Petro decidió no continuar la contratación de la empresa Thomas Greg & Sons, que durante años había participado en la fabricación de los pasaportes.
En 2024, la Cancillería adjudicó a esa compañía un contrato por unos 599,000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), decisión que posteriormente fue rechazada por Petro.
El gobierno de Petro optó entonces por avanzar hacia un modelo estatal mediante acuerdos entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal para trasladar progresivamente al Estado la producción de los documentos.
Tras la suspensión judicial, la Administración del presidente Abelardo de la Espriella había asegurado que la decisión no afectaría la expedición de pasaportes.
El canciller, Omar Bula, informó entonces que había un inventario de unos 600,000 pasaportes, de los cuales 410,000 estaban disponibles y otros 190,000 llegarían próximamente, lo que, según dijo, permitiría cubrir unos cuatro meses.
La Cancillería explicó que la contratación que se derive de la urgencia manifiesta tendrá carácter estrictamente transitorio y estará limitada a lo indispensable para mantener el servicio de expedición de pasaportes y visas.
Paralelamente, el Ministerio inició la estructuración de una licitación pública para atender de manera permanente esta necesidad, bajo criterios de transparencia, planeación y responsabilidad, con un cronograma definido, responsables y seguimiento mensual.
