La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que su gobierno ha replicado el modelo de cárcel de máxima seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ante un problema que está ocurriendo en los centros penitenciarios de su país.
"Hemos replicado el modelo de cárcel de máxima contención de [Nayib] Bukele, porque nosotros tenemos un problema que se nos estaba convirtiendo estructural", dijo la presidenta Fernández en una entrevista con el medio El País.
La mandataria explicó que el problema que todavía enfrenta su gobierno es que las personas privadas de su libertad por delitos, continúan ordenando sicariatos desde la cárcel.
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"Ojalá logremos desarticular eso", dijo al explicar que las autoridades no han logrado desarticular en las prisiones la conexión que tienen los líderes de pandillas con el exterior.
Indicó que entre los delitos que se cometen dentro de las cárceles están las estafas telefónicas, sicariatos y los movimientos de cuentas bancarias.
"El modelo de Bukele —que lo hemos estudiado, tanto en El Salvador como en las visitas técnicas que el gobierno salvadoreño ha hecho al país— lo que pretende es darle a nuestro país la experiencia de algo en lo que El Salvador fue muy exitoso", explicó.
Según Fernández, Bukele tuvo éxito en su país porque logró desconectar del exterior a la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, y a sus vínculos.
"[El Salvador] empezó por garantizar que las personas no tengan teléfonos celulares, no tengan conexión con el exterior; que estas bandas, en lugar de seguir operando, empiecen a autodestruirse dentro de la misma prisión", dijo.
Fernández también señaló que busca implementar "reglas del juego de mano dura" dentro de las prisiones.
El gobierno de Bukele ha defendido la construcción de mega cárceles indicando una caída histórica en las cifras de homicidios y la recuperación del control territorial frente a las pandillas.
Durante su primer gobierno, Nayib Bukele puso en marcha el Plan Control Territorial como parte de su estrategia de seguridad. En marzo de 2022, tras una escalada de violencia, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción promovido por su administración. La medida suspendió algunas garantías constitucionales y otorgó mayores facultades de detención a las fuerzas de seguridad, lo que permitió extender los periodos de arresto sin control judicial inmediato y ampliar los operativos contra las pandillas en todo el país.
En junio de ese año, el Ministerio de Seguridad señaló que el Plan Control Territorial había marcado, según el gobierno, "una etapa histórica en la reducción de indicadores de violencia". La dependencia también reportó que hasta entonces las autoridades habían detenido a "41,000 terroristas" bajo el régimen de excepción.
El incremento de la población penitenciaria llevó al gobierno salvadoreño a iniciar en 2022 la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megapenitenciaría que las autoridades presentaron como uno de los principales componentes de su estrategia contra las pandillas.
Posteriormente, El Salvador acordó recibir en el CECOT a personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas venezolanos señalados por las autoridades estadounidenses de pertenecer al Tren de Aragua. Con esta decisión, el sistema penitenciario creado durante la ofensiva contra las pandillas también pasó a formar parte de la política migratoria de Estados Unidos.
Con información de Anastacia Gubin
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