Varios congresistas republicanos cubanoamericanos expresaron su respaldo a las recientes sanciones de EE. UU. hacia 10 entidades cubanas al considerar que buscan debilitar la estructura que sostiene la represión en la isla, mientras que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, las calificó como parte de un "plan de diseño genocida".
Las medidas, anunciadas el 13 de julio por el Departamento de Estado, alcanzan a 10 organizaciones estatales que, según Washington, forman parte del aparato de financiamiento y opresión del régimen. Los legisladores estadounidenses respaldaron estas restricciones a las que consideraron un paso más para exigir responsabilidades a la dictadura que lleva 67 años gobernando la isla.
Entre las voces de apoyo destacó la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar.
"Más presión. Más rendición de cuentas. No más impunidad para la dictadura cubana", escribió la legisladora en X el 13 de julio. Salazar sostuvo que la forma de enfrentar a una dictadura es "atacando la maquinaria de represión y cortando el dinero que la mantiene viva".
Asimismo, el congresista republicano Carlos Giménez señaló ese mismo día que las sanciones del secretario de Estado, Marco Rubio, se dirigen "a todo aquel que ha participado en reprimir al pueblo" dentro de las Brigadas de Respuesta Rápida u otros grupos militarizados. "Los represores enfrentarán todo el peso de la ley americana", escribió.
Por su parte, el también congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart compartió la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en la que se informó que las sanciones tienen como objetivo "poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio".
De acuerdo con el Departamento de Estado, todas las entidades fueron designadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza sanciones contra personas y organizaciones vinculadas con la represión en Cuba y con otras amenazas que, según Washington, afectan la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
La lista incluye a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), las Brigadas de Respuesta Rápida y la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.). También abarca a Enetec S.A., Coreydan S.A., el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (Gecomex), Caudal S.A., el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar) y el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur).
En respuesta, el presidente de Cuba, Díaz-Canel afirmó en X que estas sanciones forman parte de "la guerra de EE. UU. y su afán por estrangular nuestra economía". Y aseguró que se trata de "un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana".
En esa misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió el 13 de julio que Estados Unidos "continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento".
Rodríguez calificó las sanciones como "medidas coercitivas" con las cuales el gobierno estadounidense se empeña "en castigar a toda la población del país".
Como consecuencia de las designaciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Además, se prohíben las transacciones con esas organizaciones salvo autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Departamento de Estado también advirtió que personas e instituciones financieras extranjeras que mantengan operaciones con las entidades sancionadas podrían quedar expuestas a medidas similares.
Las sanciones fueron anunciadas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, acusara al gobierno cubano de mantener su rechazo a reformas políticas y económicas de fondo al cumplirse cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021.
Rubio afirmó que Estados Unidos mantendrá la presión sobre La Habana y que continuará utilizando "todas las herramientas a su alcance" para enfrentar las amenazas que, según Washington, representa el régimen cubano y promover reformas políticas y económicas en la isla.
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