El exobispo Christopher Saunders, uno de los religiosos católicos de mayor rango y más longevos de Australia, fue condenado este miércoles a seis años y medio de prisión por abusar sexualmente de dos jóvenes indígenas en la remota región del Kimberley, en el oeste del país.
Saunders, de 76 años, fue declarado culpable este año de 13 delitos cometidos cuando era obispo de Broome, en Australia Occidental, entre ellos un cargo de penetración sexual y doce de asalto indecente.
Los abusos tuvieron lugar en distintos emplazamientos, entre ellos una residencia de la Iglesia en Broome y un retiro conocido como la "casa de la playa".
El juez Martin Flynn dictó hoy en el Tribunal de Distrito de Australia Occidental una pena efectiva de seis años y medio. Saunders, que permanece detenido desde que fue declarado culpable en agosto, podrá optar a la libertad condicional en febrero de 2031.
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Durante el proceso, el tribunal escuchó que el entonces obispo organizaba reuniones en las que ofrecía comida y alcohol a jóvenes y que, en ocasiones, practicaba con ellos lucha y boxeo. Saunders fue acusado de delitos contra tres hombres, aunque finalmente solo fue condenado por los cometidos contra dos de ellos.
Los dos hombres afectados eran jóvenes aborígenes residentes en Kimberley -cuyas edades no han trascendido-, donde la población indígena representa más del 40 % del total, mientras los abusos se produjeron cuando Saunders ejercía como obispo de una extensa diócesis del oeste australiano.
Saunders fue ordenado sacerdote en 1976 y nombrado obispo de Broome en 1995, aunque renunció al cargo en 2020, después de que comenzaran a salir a la luz denuncias sobre su conducta sexual.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia, Timothy Costelloe, pidió disculpas a las víctimas por el sufrimiento causado y reconoció que su confianza había sido traicionada por un dirigente de la Iglesia.
La condena se suma a una larga investigación sobre los abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas en Australia.
Una comisión nacional creada en 2012 concluyó, tras cinco años de pesquisas, que estos casos constituían una "tragedia nacional" y vinculó a unos 1900 miembros de la Iglesia católica con alrededor de 4500 denuncias de abusos contra menores entre 1980 y 2015.
