El 21 de abril se inició en la capital salvadoreña, San Salvador, un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la banda más notoria de El Salvador, la Mara Salvatrucha o MS-13.
Se trata del mayor juicio desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele promulgó poderes de emergencia para hacer frente a los grupos del crimen organizado del país.
La acusación incluye más de 47,000 cargos, entre ellos homicidio, feminicidio, extorsión y tráfico de armas, que presuntamente se cometieron entre 2012 y 2022.
La MS-13 fue designada como organización terrorista en febrero de 2025 —junto con el Tren de Aragua de Venezuela y varios cárteles de la droga con sede en México— por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
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El gobierno de Bukele declaró el estado de emergencia el 27 de marzo de 2022 para combatir una ola de violencia de las pandillas que dejó 87 muertos en un solo fin de semana.
El estado de emergencia —que suspendió las garantías constitucionales de libertad de reunión y permitió que los sospechosos permanecieran detenidos durante más tiempo sin ser acusados— se ha renovado 49 veces, y más de 91,500 personas han sido detenidas.
Los 486 acusados en el juicio, que comenzó el 21 de abril, se encuentran recluidos en cinco prisiones, entre ellas el CECOT, una prisión de máxima seguridad inaugurada por la administración Bukele en 2023.
En marzo de 2025, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó El Salvador.
En un video, con el CECOT como telón de fondo, Noem señaló las consecuencias de sus acciones a los miembros de las pandillas que no operaran en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Héctor Gustavo Villatoro (derecha), recorre el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (Alex Brandon/Getty Images)La fiscalía solicita la pena máxima
La Fiscalía General de El Salvador ha presentado autopsias, pruebas balísticas y testimonios de testigos, y solicita la pena máxima en los 486 casos.Cada acusado podría enfrentarse a hasta 245 años de prisión.
Entre los acusados se encuentran presuntos líderes de larga trayectoria de la MS-13 que participaron en una tregua de dos años —que terminó en 2014— durante la presidencia de Mauricio Funes.
Funes es un antiguo miembro del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, un partido de izquierdas surgido de la guerra civil de El Salvador y una poderosa fuerza política nacional durante tres décadas que se quedó sin escaños en el Congreso tras las elecciones de 2024.
Funes fue condenado por corrupción y otros delitos relacionados con la tregua con la MS-13.
Guardias escoltan a un recluso recién ingresado al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (Gobierno salvadoreño vía Getty Images)En julio de 2023, el Congreso de El Salvador aprobó una ley que permitía a los tribunales juzgar a los presuntos miembros de pandillas en juicios masivos.
"Violación al debido proceso"
Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo, dijo en ese momento que se oponía a los juicios masivos."Llevar a cabo este tipo de condenas masivas, tal y como se ha hecho con las detenciones, supone una violación al debido proceso y a los derechos individuales de todos los acusados", dijo Wright Sol.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado del 21 de abril que "sigue muy preocupada por el impacto que tiene en los derechos humanos la prórroga excesiva e injustificada al régimen de estado de emergencia en El Salvador".
Presos frente a un bloque de celdas en el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 4 de abril de 2025. (Alex Peña/Getty Images)La comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que el Estado "debe garantizar en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que son esenciales para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal".
El gobierno de Bukele ha dicho que la represión contra las pandillas en virtud de los poderes de emergencia redujo la tasa de homicidios el año pasado a 1.3 por cada 100,000 habitantes, frente a los 7.8 registrados en 2022.
El Departamento de Estado de EE. UU. dijo en una hoja informativa publicada en febrero de 2025 que "la MS-13 ha llevado a cabo numerosos ataques violentos, incluidos asesinatos y el uso de artefactos explosivos improvisados (IED) y drones, contra funcionarios e instalaciones del gobierno de El Salvador".
"Además, la MS-13 recurre a demostraciones públicas de violencia para intimidar a la población civil con el fin de obtener y controlar territorio y manipular el proceso electoral en El Salvador", añadió el Departamento de Estado.
Con información de The Associated Press y Reuters
